Una mujer barakaldesa víctima de violencia machista con tres hijos menores será desahuciada dentro de un mes por el Gobierno vasco. Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo anti-desahucios acordado en 2013 y actualizado en febrero de 2019, creado a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada.
Miles de personas se han manifestado en Sestao contra la desindustrialización y "por el futuro” de la Margen Izquierda, una movilización que se produce ante los despidos y la situación que atraviesan empresas comarcales como ITP Aero-PCB, Petronor, hospital de San Juan de Dios o Mediapost.
Con el ánimo de denunciar la cada vez mayor implicación institucional con las empresas de armas vascas, el pasado sábado partió del Palacio Foral de la Diputación de Bizkaia una marcha de bicis contra la guerra, el gasto y la industria militar. Para después dirigirse a la fábrica de armas PCB-ITP Aero de Barakaldo y terminar ante la empresa armamentística Sener, en Getxo.Esta marcha de bicis surge para demandar la conversión de la producción de las empresas armamentísticas vascas en civil y contra el tráfico de armas.
Desnudos ante el Ayuntamiento de Barakaldo denuncian la aprobación de los presupuestos “de la vergüenza” . El presupuesto municipal ha sido recortado en un 3,8%, afectando a cultura, educación y euskera, empleo y asuntos sociales, así como a los centros de día para personas mayores.
Argitan y Berri-Otxoak denuncian el intento del Gobierno Vasco de desahuciar en Barakaldo a una mujer con cuatro hijos víctima del machismo.
Tres personas -en paños menores- han sido «crucificados» ante el Ayuntamiento de Barakaldo en denuncia de los recortes aplicados por el equipo de gobierno municipal a los presupuestos que se aprobarán este jueves para el año 2021; y en exigencia que los 11 millones de euros de remanente del pasado año se destinen a paliar las consecuencias sociales y económicas de la crisis de la Covid en Barakaldo.
Tras la denuncia realizada por diferentes entidades sociales, grupos de mujeres y asociaciones feministas, el Ararteko hace público que «actúa de oficio ante la nueva instrucción aprobada por Lanbide». El Ararteko inició, hace unas semanas, un expediente de oficio al conocer la aprobación por parte de Lanbide de la Instrucción JAR-DBE-023, sobre la «fecha en la que da comienzo el cómputo máximo de tiempo que establece el artículo 5.2 del Decreto 147/2010, para las unidades de convivencia con menores a cargo».
Varias personas vestidas de árbitro proceden a sacar una “tarjeta roja” a Lanbide por incumplir la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso al Ingreso Mínimo Vital.Lanbide, el organismo gestor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la CAV, ha estado delegando desde el primer momento sus funciones en la Seguridad Social. Además de no formalizar las solicitudes del IMV, deniega la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a quienes no lo soliciten previamente.
Colectivos sociales, asociaciones de mujeres y agrupaciones feministas piden el amparo del Ararteko ante la vulneración de derechos que supone una instrucción de Lanbide.
Los Ayuntamientos de Sestao, Getxo y Bilbo aumentan sus presupuestos para hacer frente a la crisis económica de la covid-19 mientas el Ayuntamiento de Barakaldo recorta el suyo en un 3,8% a pesar del colapso de sus servicios sociales. El equipo de gobierno local congela el presupuesto dedicado a las ayudas de emergencia municipal en 960.000 euros, pese a que su demanda aumentó un 30% en el 2020 respecto al 2019.
El ayuntamiento demora la apertura del plazo de solicitudes de las Ayudas de Emergencia Social (AES). El Ayuntamiento de Barakaldo demora la apertura del plazo de solicitudes de las Ayudas de Emergencia Social (AES) para este año 2021. Este año el equipo de gobierno local ha decidido mantener cerrado indefinidamente el plazo de solicitudes para las Ayudas de Emergencia (AES).
Organizaciones feministas y por los derechos sociales protestan por el recorte de la RGI a las madres con bebés mayores de 24 meses. Una mujer con una criatura de 25 meses que se haya quedado en paro durante la pandemia y haya tenido que volver a convivir con sus familiares, ya no puede solicitar la renta de garantía de ingresos (RGI). El Gobierno Vasco (Lanbide) reconocía este derecho hasta ahora, por un plazo de 12 meses prorrogables por un año más. Los colectivos sociales exigen la rectificación y explicaciones en el Parlamento Vasco.
El Ayuntamiento deja en la calle a más de 30 personas sin hogar pese a las gélidas temperaturas invernales. Advertimos del riesgo de muerte por hipotermia que tienen los afectados a los que se niega el acceso al albergue municipal de Lasesarre. Instamos a equiparar sus resultados en la materia a los de municipios como Bilbao. Los recursos de Barakaldo son ínfimos si se comparan con los desplegados en Bilbao por el invierno, el temporal ‘Filomena’ y la pandemia de covid-19.
Una familia de tres miembros, con una menor a cargo, no puede hacer frente al pago de los 350 euros de la habitación donde vive. Las vacaciones escolares de navidad conllevan que la hija de esta familia, de 9 años, no pueda tener garantizada una alimentación adecuada sin el acceso al comedor escolar. La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak responsabiliza a la institución municipal de esta grave situación de vulneración de derechos.
Una sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos (TEDH) y varias recomendaciones del Defensor del Pueblo-Ararteko dan la razón a las personas perceptoras responsabilizando a Lanbide de esta situación. El Servicio Vasco de Empleo ha llegado a cuestionar la «buena fe» de las personas perceptoras para desviar la atención de su mala actuación
Por eso es el motivo por el que desde Berri Otxoak animamos a las personas que se encuentren en esta situación a tramitar un recurso ante el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide. Que no nos hagan pagar su nefasta gestión.
