Una mujer barakaldesa víctima de violencia machista con tres hijos menores será desahuciada dentro de un mes por el Gobierno vasco. Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo anti-desahucios acordado en 2013 y actualizado en febrero de 2019, creado a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada.
El Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos EUDEL y el Consejo General del Poder Judicial establecen el compromiso de “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia y una alternativa habitacional, más cuando concurren situaciones de violencia machista.
Una mujer barakaldesa víctima de violencia machista con tres hijos menores será desahuciada dentro de un mes por el Gobierno vasco
El centro asesor de la mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak denuncian frente a las oficinas de Alokabide en Bilbao el procedimiento de desalojo instado por la sociedad pública de alquiler del Gobierno vasco contra una mujer que posee un informe de vulnerabilidad acreditado por los servicios sociales municipales. Ambas asociaciones han recordado que tal y como señala el decreto antidesahucios dictado durante el estado de alarma, Alokabide inclumple la normativa al no proporcionar una alternativa habitacional a esta mujer tras ordenar su desalojo. Argitan y Berri-Otxoak exhortan a las administraciones competentes a realojar a las familias afectadas por un desahucio mediante una alternativa habitacional digna, como obliga la actual legislación.
El centro asesor de la mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak se han concentrado ante las oficinas de Alokabide en Bilbao para denunciar que la sociedad pública de alquiler del Gobierno Vasco ha instado el procedimiento de desalojo de una mujer barakaldesa con tres hijos menores, víctima de violencia machista y en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales municipales.
La orden de desahucio ha sido fijada para el 21 de mayo a las 9:15 horas pese a la ampliación de las políticas de la moratoria y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables.
«Constatamos que durante el estado de alarma, ni con la sucesiva aprobación de más normativa para esta problemática han cesado los desahucios; a pesar de que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre contemplaba la paralización de los lanzamientos para personas en situación vulnerable, sin importar si ésta era o no derivada de la pandemia, estas situaciones continúan y el desahucio de esta vecina de Barakaldo es una prueba de ello», han declarado las asociaciones.
Asimismo, recuerdan que «esta normativa obliga a las comunidades autónomas a garantizar el realojo inmediato de personas en situación de vulnerabilidad acreditada en una vivienda, excluyendo albergues o centros de acogida, en caso de llevarse a cabo un desahucio y prohíbe la ejecución del mismo si no hay una vivienda digna disponible para tal fin».
Con la fecha del desahucio fijada en pleno estado de alarma y a un mes de su ejecución, «ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional a esta mujer víctima de violencia machista», han apostillado.
Tanto Argitan como Berri-Otxoak coinciden en señalar que Alokabide está incumpiendo la actual legislación ante la problemática de los desahucios: «desde resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, hasta el protocolo antidesahucios firmado por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos EUDEL y el Consejo General del Poder Judicial en 2013 a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada y actualizado en febrero de 2019. En toda esta legislación, sin excepción, se contempla la obligación institucional de poner a disposición de las familias afectadas una alternativa habitacional digna. Obligación que nunca se cumple salvo mediante la presión social».
La precariedad y la pobreza se ceba entre las mujeres; los desahucios no son una excepción. Nos consta que hay medidas económicas y legales de sobra para abordar esta problemática y que la única razón por la que no se terminan de llevar a cabo es por una falta de voluntad política, por lo que “instamos a las instituciones a priorizar las actuaciones frente a las promesas o campañas por la igualdad en este periodo de crisis económica y socio-sanitaria, ya que su actuación en materia social solo tiene como guía recortar derechos sociales», han sentenciado.
Bilbao, 21 de abril de 2021