El Gobierno Vasco -en base a sus diferentes reformas y aplicación de las Leyes aprobadas el pasado año sobre el acceso a las diferentes prestaciones sociales existentes en la Comunidad Autónoma-, ha acordado este año recortar el acceso a las ayudas de emergencia.
La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak protesta ante la “inocentada” de los recortes sociales.
Protestan en pañales ante el Gobierno Vasco en denuncia de la criminalización de la pobreza y por la aplicación de la Ley Mordaza a quienes denuncian los recortes sociales y el despilfarro en gasto militar y obras faraónicas.
Etxebide dificulta el acceso a la vivienda a las familias precarizadas y empobrecidas.
El Decreto que desarrolla la Ley de Vivienda en la CAV contempla un importante recorte en el acceso a las prestaciones destinadas a pagar el alquiler.Desaparece la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide y las Ayudas de Emergencia de los servicios sociales para instaurar una única ayuda para el alquiler: la Prestación Económica de Vivienda.
Protesta ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de continuar con su campaña de criminalización de la pobreza.
Lanbide, el “Guantánamo de los derechos Sociales”
Lanbide está imponiendo, a través un cuerpo policial como la Ertzaintza, el acceso al domicilio de las personas solicitantes o titulares de las prestaciones sociales. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios y cuartos de baño.Una veintena de familias barakaldesas pensionistas, desempleadas o con empleos en precario han sufrido ya este atropello y vulneración de derechos.
Diferentes colectivos sociales de Bizkaia han organizado este sábado 15 de abril la “Decimoquinta marcha ciclista contra la guerra, el gasto militar y las fábricas de armas vascas”. En la industria militar vasca participan un centenar de empresas, siendo la tercera comunidad con mayor facturación en producción militar, sólo detrás de Madrid y Andalucía; en concreto 750 millones de euros.
Hace unas semanas se aprobó la reforma de la RGI presentada por la derecha vasca (PNV-PSE) con el apoyo de Podemos y la abstención de EH Bildu.
El Gobierno Vasco y Lanbide impulsan una nueva campaña de criminalización de la pobreza. La Ertzaintza se está personando en la totalidad de domicilios de las familias perceptoras de las prestaciones sociales: complemento de pensiones, renta de garantía de ingresos e incentivos al empleo. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios.
ecuadoretxea.org.- Berri-Otxoak alerta que los agentes amenazan con emitir un informe desfavorable, lo que conllevaría la suspensión o denegación del acceso a la RGI, Complemento de Pensiones o los Incentivos al Empleo, si no se les abre la puerta.
Decenas de kilos de carbón ante la aprobación este jueves en el Parlamento Vasco de la nueva Ley de la RGI.
Olentzero y Mari Domingi entregan decenas de kilos de carbón en denuncia de los recortes contemplados en la reforma de la RGI que conlleva menguar aún más los derechos del colectivo de personas solas, pensionistas y familias con un menor a cargo. Además de las personas que residen en una vivienda en alquiler.
La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se ha movilizado hoy ante el Gobierno Vasco en Bilbao para exigir la retirada del nuevo Proyecto de Ley de la RGI.
Ante la firma entre Gobierno Central y Gobierno Vasco para el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) denunciamos que Lanbide ha incumplido la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso al IMV desde hace casi 2 años.
Pasado un mes del desahucio de una mujer víctima de violencia machista las instituciones siguen sin ofrecer una alternativa habitacional. El 31 de enero fue desalojada de su vivienda una mujer con tres hijos menores a cargo y con acreditación de víctima violencia machista, con orden de alejamiento en vigor.
Como venimos denunciando desde Berri Otxoak y Argitan, el Gobierno Vasco cumplió su amenaza de desahuciar una mujer víctima de violencia machista, con hijos a su cargo de 5, 11 y 14 años.Decenas de personas nos hemos concentrado desde las 8:30 en el portal, custodiado por la ertzaintza, para denunciar este desalojo y la actitud de las instituciones públicas.El desahucio ha sido instado por la sociedad pública de alquiler Alokabide,ni el equipo de gobierno de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional a la familia.
