Lanbide asfixia los derechos sociales de las personas trabajadoras más empobrecidas. Representación del “estrangulamiento de los derechos sociales” que asisten a las personas que peores condiciones laborales tienen.
Lanbide implementa una nueva medida que busca criminalizar y estigmatizar a quienes perciben prestaciones sociales; además de promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras.
Ante la oficina de Lanbide del barrio barakaldés de Beurko se instalará un patíbulo y una horca mientras un “verdugo” procederá a ahorcar a una de las personas trabajadoras en precario a la cual Lanbide ha decidido recortar en 100 euros la prestación social que actualmente percibe para completar su salario de miseria . Lanbide sigue con su política de recortes al modificar la fórmula de cálculo de las cuantías de los denominados estímulos al empleo.
El Gobierno Vasco ha decido recortar a 8.030 personas trabajadoras en 100 euros su prestación mediante los recortes aplicados por Lanbide a los incentivos al empleo de la RGI. 625 personas trabajadoras barakaldesas se verán afectadas por este nuevo recorte de Lanbide.
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Lanbide vulnera, recorta y ahoga los derechos de 8.000 personas trabajadoras precarizadas
Berri-Otxoak, Plataforma contra la precariedad, la pobreza y en defensa de los derechos sociales, realiza una protesta ante la oficina de Lanbide de Beurko, en Barakaldo, representando el “estrangulamiento a los derechos sociales” que aplica el Gobierno Vasco a miles de personas con empleos precarios y salarios de miseria.
El Gobierno Vasco, siguiendo con su política de recortes, modifica la fórmula de cálculo de las cuantías de los denominados estímulos al empleo, recortando de facto a 8.030 personas trabajadoras con empleos en precario 100 euros mensuales, cuando éstas se encuentran en la misma situación de precariedad que hace un mes.
Este nuevo recorte de Lanbide de 100 euros mensuales en las prestaciones sociales a las personas trabajadoras con empleos en precario afectará en Barakaldo a 625 personas.
El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide está aplicando, además, nuevas medidas que buscan criminalizar y estigmatizar a quienes reciben prestaciones sociales, como la RGI y el IMV.
Las últimas iniciativas del Gobierno Vasco para criminalizar a las familias en situación de pobreza son un «buzón antifraude» y promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras de prestaciones sociales.
El «buzón antifraude», y los registros de la Ertzaintza, vinculan a las familias perceptoras de prestaciones sociales con el fraude, a pesar de que, según datos del propio Gobierno Vasco, este es prácticamente inexistente, con una tasa del 0,2%.
Ante esta situación y para denunciar la imposibilidad de llegar a fin de mes y los recortes sufridos por las personas trabajadoras precarias y empobrecidas exigimos al Gobierno Vasco el cese inmediato de sus políticas de recortes en las prestaciones sociales y la criminalización de la pobreza. Así como, que se garantice unas condiciones laborales, salariales y prestaciones dignas.
Barakaldo, miércoles 27 de noviembre de 2024