Organizaciones vecinales y sociales de Bizkaia se manifiestan en el “Día Internacional contra la Pobreza”

Sin duda nuestras compas de Berri Otxoak sintetizan en tres movilizaciones el momento en el que estamos viviendo. Unos servicios sociales "raquíticos" y saturados, unos equipos de gobierno de cualquier institución, bien local, provincial, autonómica, etc.. que recorta y recorta mientras sus sueldos son desorbitantes y como guinda de este “pastelón” está la criminalización de las personas excluidas hasta límites inconcebibles. Al final cuanta razón tienen, “no hay tanto pan para tanto chorizo”.

La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak protesta ante la “inocentada” de los recortes sociales.

Una docena de organizaciones sociales, vecinales y de pensionistas de Bizkaia se manifiestan de forma conjunta en el “Día Internacional contra la Pobreza”.

Protesta ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de continuar con su campaña de criminalización de la pobreza.

Presentación del balance de consultas y perfil socioeconómico de las familias que hicieron uso del “Punto de Información sobre Prestaciones y Derechos Sociales” de Barakaldo el pasado curso: 1.216 familias atendidas durante el curso 2022-2023.Este recurso comenzó su actividad el lunes 17 de noviembre de 1997 y por él han pasado ya 16.200 familias a lo largo de estos 26 años.

El Gobierno Vasco y Lanbide impulsan una nueva campaña de criminalización de la pobreza. La Ertzaintza se está personando en la totalidad de domicilios de las familias perceptoras de las prestaciones sociales: complemento de pensiones, renta de garantía de ingresos e incentivos al empleo. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios.

ecuadoretxea.org.- Berri-Otxoak alerta que los agentes amenazan con emitir un informe desfavorable, lo que conllevaría la suspensión o denegación del acceso a la RGI, Complemento de Pensiones o los Incentivos al Empleo, si no se les abre la puerta.

Ante la firma entre Gobierno Central y Gobierno Vasco para el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) denunciamos que Lanbide ha incumplido la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso al IMV desde hace casi 2 años.

Personas usuarias de la oficina de Lanbide en el barrio barakaldés de Cruces hacen pública la “RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR por parte de la Agencia Española de Protección de Datos contra la entidad IZENPE S.A.”

El juzgado de lo contencioso administrativo de Vitoria-Gasteiz admite demanda contra Lanbide.

Dicho juzgado ha admitido a trámite la denuncia de una persona perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) residente en Cruces después de que Lanbide hubiera vulnerado y recortado sus derechos.

Nos hemos concentrado frente a Lanbide para escenificar el entierro de derechos sociales que supone la gestión actual del IMV, que esta provocando que centenares de expedientes aún están sin resolver a pesar de haber pasado ya un año de la implantación de esta prestación.

​Denuncia de los recortes que sufren mujeres con menores a cargo Hemos instalado varios retretes y cien rollos de papel higiénico ante la oficina de Lanbide en Beurko para denunciar la instrucción emitida por la consejera de Trabajo y Empleo Idioa Mendia.

Activistas marcharon desnudas en un barril desde la Delegación del Gobierno Vasco hasta la Tesorería General de la Seguridad Social para denunciar las demoras, burocracia, trabas en el acceso y recortes que aplican ambas administraciones a las familias solicitantes del IMV.

Tras la denuncia realizada por diferentes entidades sociales, grupos de mujeres y asociaciones feministas, el Ararteko hace público que «actúa de oficio ante la nueva instrucción aprobada por Lanbide». El Ararteko inició, hace unas semanas, un expediente de oficio al conocer la aprobación por parte de Lanbide de la Instrucción JAR-DBE-023, sobre la «fecha en la que da comienzo el cómputo máximo de tiempo que establece el artículo 5.2 del Decreto 147/2010, para las unidades de convivencia con menores a cargo».