Criminalización de la pobreza
El Gobierno Vasco y Lanbide impulsan una nueva campaña de criminalización de la pobreza. La Ertzaintza se está personando en la totalidad de domicilios de las familias perceptoras de las prestaciones sociales: complemento de pensiones, renta de garantía de ingresos e incentivos al empleo. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios.

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Ante la firma entre Gobierno Central y Gobierno Vasco para el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) denunciamos que Lanbide ha incumplido la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso al IMV desde hace casi 2 años.
Personas usuarias de la oficina de Lanbide en el barrio barakaldés de Cruces hacen pública la “RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR por parte de la Agencia Española de Protección de Datos contra la entidad IZENPE S.A.”
El juzgado de lo contencioso administrativo de Vitoria-Gasteiz admite demanda contra Lanbide.
Nos hemos concentrado frente a Lanbide para escenificar el entierro de derechos sociales que supone la gestión actual del IMV, que esta provocando que centenares de expedientes aún están sin resolver a pesar de haber pasado ya un año de la implantación de esta prestación.
Activistas marcharon desnudas en un barril desde la Delegación del Gobierno Vasco hasta la Tesorería General de la Seguridad Social para denunciar las demoras, burocracia, trabas en el acceso y recortes que aplican ambas administraciones a las familias solicitantes del IMV.
Tras la denuncia realizada por diferentes entidades sociales, grupos de mujeres y asociaciones feministas, el Ararteko hace público que «actúa de oficio ante la nueva instrucción aprobada por Lanbide». El Ararteko inició, hace unas semanas, un expediente de oficio al conocer la aprobación por parte de Lanbide de la Instrucción JAR-DBE-023, sobre la «fecha en la que da comienzo el cómputo máximo de tiempo que establece el artículo 5.2 del Decreto 147/2010, para las unidades de convivencia con menores a cargo».
Varias personas vestidas de árbitro proceden a sacar una “tarjeta roja” a Lanbide por incumplir la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso al Ingreso Mínimo Vital.Lanbide, el organismo gestor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la CAV, ha estado delegando desde el primer momento sus funciones en la Seguridad Social. Además de no formalizar las solicitudes del IMV, deniega la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a quienes no lo soliciten previamente.
Organizaciones feministas y por los derechos sociales protestan por el recorte de la RGI a las madres con bebés mayores de 24 meses. Una mujer con una criatura de 25 meses que se haya quedado en paro durante la pandemia y haya tenido que volver a convivir con sus familiares, ya no puede solicitar la renta de garantía de ingresos (RGI). El Gobierno Vasco (Lanbide) reconocía este derecho hasta ahora, por un plazo de 12 meses prorrogables por un año más. Los colectivos sociales exigen la rectificación y explicaciones en el Parlamento Vasco.
Los «Reyes Magos» han depositado carbón en Lanbide para denunciar el incumplimiento de la legislación, los procedimientos, el reglamento de gestión y el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Desde el 15 de junio del año pasado, Lanbide es el organismo gestor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la CAPV, pero no formaliza estas solicitudes y además deniega la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a quienes no lo soliciten previamente.
Una sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos (TEDH) y varias recomendaciones del Defensor del Pueblo-Ararteko dan la razón a las personas perceptoras responsabilizando a Lanbide de esta situación. El Servicio Vasco de Empleo ha llegado a cuestionar la «buena fe» de las personas perceptoras para desviar la atención de su mala actuación
Nos concentramos ante Lanbide para denunciar que desde hace 4 meses Lanbide se niega a tramitar solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV)