Pensionista por Incapacidad Permanente Total y, sin embargo, Lanbide retirada su acceso a la RGI por compartir vivienda con otra persona. La Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos criminaliza la convivencia y ha generado un clima de sospecha y persecución sobre quienes dependen de la RGI.

Desde el Gobierno Vaso se sigue estigmatizando a las familias usuarias de Lanbide como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llegando ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas. La intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario.

Lanbide deja en la precariedad a las más vulnerables: el drama de la nueva RGI

Desde la reforma de la Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, Lanbide ha endurecido las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), afectando gravemente a las personas en situaciones más vulnerables. Un ejemplo alarmante de las consecuencias de la aplicación de este nuevo reglamento es la retirada de la RGI a una mujer discapacitada, pensionista por Incapacidad Permanente Total, únicamente por compartir vivienda con otra persona. A pesar de recurrir ante Lanbide y aportar todo tipo de pruebas que muestran su situación, Lanbide ha hecho caso omiso; y pese a múltiples recursos y demandas, procedió a extinguir su prestación.

El artículo 28 de la Ley 14/2022 otorga a Lanbide la capacidad de presumir la existencia de una pareja de hecho; como “relación análoga a la conyugal” si dos personas comparten vivienda durante más de un tiempo determinado, aunque no haya ningún tipo de relación, esto conlleva unificar la unidad de convivencia de las personas que comparten piso, unificando los ingresos de ambos, y por consiguiente, provocando la retirada de la RGI.

Es el caso de esta mujer pensionista por incapacidad, a la que esta extinción de su RGI la ha dejado en una situación de precariedad extrema. La retirada de la RGI la ha supuesto un grave deterioro de su estado de salud, tanto físico como emocional, obligándola a tener que escoger entre poder alimentarse adecuadamente para poder controlar sus enfermedades, o quedarse sin techo, con la angustia que ello conlleva.

Hay que tener en cuenta, que para esta mujer pensionista su única alternativa para sobrevivir es compartir piso; situación que a día de hoy es una realidad para miles de personas, las cuales no pueden vivir de forma independiente por no poder afrontar la carestía de una vivienda en el contexto actual de dificultades para el acceso a vivienda y/o alquileres. Estas personas, enfrentándose a la imposibilidad de sobrevivir, se ven obligadas a compartir piso, situación que ahora las penaliza.

El objetivo de esta reforma ha sido limitar el sistema de protección social, para excluir del mismo a pensionistas, personas desempleadas y trabajadoras precarias. Las consecuencias de estas políticas son devastadoras: expulsan del sistema a cientos de personas que carecen de medios suficientes para acceder a una vivienda o un alquiler propio.

La criminalización de la pobreza es constatable a través del hostigamiento hacia quienes dependen de la RGI para poder cubrir sus necesidades más básicas, como las visitas recurrentes de la Ertzaintza a los domicilios de las perceptoras. Personas sometidas a múltiples escollos y dificultades; que impiden tanto el acceso como el mantenimiento de esta prestación.

Mientras tanto, el fraude en estas ayudas es insignificante, no alcanzando siquiera el 0,5% según datos del propio Gobierno Vasco. A pesar de ello, desde el Gobierno Vasco se sigue estigmatizando a las personas usuarias de Lanbide.

La situación de esta mujer discapacitada no es un caso aislado. Son cientos de personas en Euskadi que se encuentran situaciones similares y que quedan desprotegidas sin herramientas ni recursos para poder defenderse frente a un sistema burocrático diseñado específicamente para obligarlas a desistir de sus derechos, ante la imposibilidad de litigar con la propia administración, que incumple de forma sistemática su obligación de garantizar los derechos fundamentales y facilitar el acceso a los recursos más básicos.

La implementación de estas políticas han demostrado que precarizan aún más la vida de las personas más vulnerables y de quienes más apoyo necesitan. Por ello, exigimos al Gobierno Vasco y a Lanbide que reviertan las medidas que criminalizan la convivencia; que restituyan las prestaciones injustamente retiradas y que garanticen un trato digno y transparente en la gestión de las prestaciones sociales.