Esta mañana, mientras se celebra el último Pleno del curso parlamentario en Gasteiz, las organizaciones Berri-Otxoak, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Argilan-ESK han denunciado públicamente lo que consideran una “operación de ingeniería legal para dejar fuera de la RGI a quienes más la necesitan”.
Protesta contra el recorte de cuantías, endurecimiento de requisitos y retraso en la apertura del plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia.
140 personas sin hogar sobreviven en las calles de Barakaldo porque el gobierno municipal no garantiza su derecho a una vivienda digna.
Mientras Barakaldo es declarado como zona tensionada de vivienda, se recorta diariamente el acceso a una vivienda digna. Denuncia de las trabas a las ayudas económicas destinadas a garantizar el acceso y/o mantenimiento de la residencia habitual que gestiona el Departamento de Acción Social.
Pensionista por Incapacidad Permanente Total y, sin embargo, Lanbide retirada su acceso a la RGI por compartir vivienda con otra persona. La Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos criminaliza la convivencia y ha generado un clima de sospecha y persecución sobre quienes dependen de la RGI.
Berri-Otxoak denuncia que 3.200 familias barakaldesas llevan más de tres meses esperando.
ecuadoretxea.org. Por Laura Fontalba.- Escenificando los recortes con la imagen de Eduardo Manostijeras ante el Ayuntamiento, desde la plataforma contra la pobreza y la exclusión social Berri-Otxoak han denunciado que 3.200 familias barakaldesas llevan más de tres meses esperando para poder solicitar una Ayuda de Emergencia Social (AES).
Las plataformas contra la exclusión social y por los derechos sociales Argilan-ESK y Berri-Otxoak junto al Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria se concentran ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para presentar la sentencia que anula artículos del Decreto 173/2023 que desarrolla la nueva Ley de RGI y que recorta derechos sociales. Esta resolución judicial da amparo a la denuncia contra la normativa que desarrolla la nueva Ley de RGI al introducir cambios sustanciales que suponen un recorte de derechos para las personas perceptoras y vulnerar derechos fundamentales. De forma silenciosa, se están aprobando varias reformas que recortan las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables.
Decimotercera “txorizada popular contra los recortes sociales” en las fiestas del barrio barakaldés de San Bizente.
Los Reyes Magos dejan carbón en Barakaldo por su política de recortes y criminalización de la pobreza. Desde hace 6 meses Barakaldo mantiene cerrado el recurso para mujeres sin hogar de la localidad.
Protestan ante el Gobierno Vasco en denuncia de los recortes, el gasto militar y el despilfarro en obras faraónicas. Ante la aprobación de los presupuestos para el año 2025 personas activistas antimilitaristas, en denuncia de la pobreza y contra el tren de alta velocidad se movilizan contra las insuficientes partidas presupuestarias dedicadas a revertir los recortes en sanidad, vivienda, prestaciones sociales y educación. Las organizaciones convocantes critican las partidas destinadas a las obras del tren de alta velocidad (TAV) y el gasto militar.
La “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria” y la “plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, Berri-Otxoak” denuncian ante la oficina de Lanbide en el barrio bilbaino de Miribilla los recortes y la criminalización en el acceso a los derechos sociales.
«Vacunación» en Barakaldo contra el virus de los recortes sociales. Desde hace un mes, en concreto el miércoles 6 de noviembre, y durante como mínimo 4 meses, no se tramita ya ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo ante los servicios sociales municipales.
Lanbide asfixia los derechos sociales de las personas trabajadoras más empobrecidas. Representación del “estrangulamiento de los derechos sociales” que asisten a las personas que peores condiciones laborales tienen.
Lanbide criminaliza la pobreza y recorta prestaciones sociales
El Servicio Vasco de Empleo ha implementado una nueva medida que busca criminalizar y estigmatizar a quienes perciben prestaciones sociales; además de promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras.
El Gobierno Vasco recorta a 8.030 personas trabajadoras en 100 euros su prestación mediante los recortes aplicados por Lanbide a los incentivos al empleo de la RGI. Lanbide sigue con su política de recortes al modificar la fórmula de cálculo de las cuantías de los denominados estímulos al empleo: 8.000 personas trabajadoras empobrecidas percibirán 100 euros mensuales menos aun estando en la misma situación de precariedad que hace un mes.
