Las plataformas contra la exclusión social y por los derechos sociales Argilan-ESK y Berri-Otxoak junto al Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria se concentran ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para presentar la sentencia que anula artículos del Decreto 173/2023 que desarrolla la nueva Ley de RGI y que recorta derechos sociales. Esta resolución judicial da amparo a la denuncia contra la normativa que desarrolla la nueva Ley de RGI al introducir cambios sustanciales que suponen un recorte de derechos para las personas perceptoras y vulnerar derechos fundamentales. De forma silenciosa, se están aprobando varias reformas que recortan las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables.
En febrero del año pasado, desde Argilan-ESK, Berri-Otxoak y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria iniciamos una campaña política contra los recortes que se estaban dando en las prestaciones de la RGI. Denunciábamos que, con el nuevo reglamento de la RGI, se profundizaba en el proceso de empobrecimiento y criminalización de los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. En el marco de esta campaña, el 24 de febrero, realizamos una multitudinaria manifestación en Bilbao. Además, presentamos un recurso judicial en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dirigido a pedir la nulidad de 3 artículos del nuevo reglamento que introducían cambios sustanciales que perjudicaban a las personas solicitantes y perceptoras, además de suponer, en algunos casos, ataques a derechos fundamentales.
Nos hemos reunido aquí para anunciar que hemos conseguido una victoria judicial contra el Gobierno Vasco y que, en consecuencia, el TSJ ha fallado a favor de nuestra demanda judicial, anulando el art.2.2 del Decreto 173/2023, que contiene el Reglamento de la RGI. Ese artículo establecía que “no tendrá la consideración de domicilio el uso sin título válido en derecho de un establecimiento de alojamiento, vivienda o de un alojamiento dotacional…”. La sentencia del TSJ justifica la anulación de forma contundente, diciendo lo siguiente: “Si la ley no ha efectuado tal delimitación negativa ni ha habilitado al reglamento para tal desarrollo o precisión, el reglamento no puede introducir ex novo un requisito subjetivo de titularidad posesoria del marco físico objetivo, disfrazándola o enmascarándolo como un requisito de lo que haya de considerarse «domicilio».”
Gracias a la labor de nuestros colectivos, hemos conseguido pasar de la denuncia de Lanbide a provocarle un importante perjuicio en su marcha imparable para expulsar del sistema a las personas más vulnerables. De todos modos, somos conscientes de que esta victoria es, sin duda, una victoria parcial, que de ninguna manera revierte la tendencia general que estamos viviendo, marcada por el aumento de la pobreza y la criminalización. Sin embargo, supone una mejora efectiva en las condiciones de vida de una porción de la clase trabajadora que lo está pasando especialmente mal. Nos referimos sobre todo a las mujeres trabajadoras, a las personas inmigrantes y a los jóvenes.
Las dos medidas que hemos recurrido, sin embargo, son sólo la punta del iceberg. Es necesario que sigamos remarcando que las reformas que se están dando desde el Gobierno Vasco, en materia de prestaciones sociales, tienen un objetivo claro: expulsar a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora de la prestación. Es para conseguir este efecto que Lanbide no deja de engrosar su caja de herramientas, con nuevos utensilios destinados a la imposición de sus criterios, cada vez más restrictivos y de la generalización de controles e inspecciones, que suman un nuevo Cuerpo de Inspectores e Inspectoras con una plantilla de 19 personas, a la actuación, cada vez más generalizada de la Ertzaintza con sus visitas inesperadas a las viviendas de las personas perceptoras. Todo lo que estamos comentando ya es plenamente constatable en las estadísticas mensuales de perceptores y perceptoras de la RGI que elabora Lanbide. La evolución de las unidades de convivencia perceptoras de RGI que comparten hogar o vivienda ha pasado de ser 15.118, lo que suponía el 30,58% del total de las UC perceptoras en enero de 2023 (la nueva legislación de la RGI entró en vigor en marzo de 2023) a 9.246 en diciembre de 2024. Se ha expulsado del sistema a 5.872 UC que compartían vivienda, lo que significa un 38,8% de las existentes en enero de 2023 y su peso, que llevaba decenas de años estando en torno al 30% del total, se ha reducido hasta el 15,94%.
Desde el Sindicato Socialista de Vivienda, Argilan-ESK y Berri-Otxoak nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir luchando contra los recortes de las prestaciones para combatir la pobreza, la estigmatización y la criminalización de la gente pobre y nos comprometemos con la defensa de unas condiciones de vida de calidad garantizadas para todas las personas. Hacemos un llamamiento a quienes hayan podido verse afectadas por esta problemática a que acudan a estos colectivos y sindicatos.
Frente al recorte de derechos económicos y políticos, la organización es efectiva.
¡No al empobrecimiento y a la criminalización!