Las plataformas contra la exclusión social y por los derechos sociales Argilan-ESK y Berri-Otxoak junto al Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria se concentran ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para presentar la sentencia que anula artículos del Decreto 173/2023 que desarrolla la nueva Ley de RGI y que recorta derechos sociales. Esta resolución judicial da amparo a la denuncia contra la normativa que desarrolla la nueva Ley de RGI al introducir cambios sustanciales que suponen un recorte de derechos para las personas perceptoras y vulnerar derechos fundamentales. De forma silenciosa, se están aprobando varias reformas que recortan las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables.