Sin duda nuestras compas de Berri Otxoak sintetizan en tres movilizaciones el momento en el que estamos viviendo. Unos servicios sociales "raquíticos" y saturados, unos equipos de gobierno de cualquier institución, bien local, provincial, autonómica, etc.. que recorta y recorta mientras sus sueldos son desorbitantes y como guinda de este “pastelón” está la criminalización de las personas excluidas hasta límites inconcebibles. Al final cuanta razón tienen, “no hay tanto pan para tanto chorizo”.
Insuficientes plazas convocadas en los servicios sociales
Activistas de la plataforma Berri-Otxoak se han concentrado ante el Departamento de Acción Social para denunciar que el equipo de gobierno de Barakaldo ha decidido que la OPE convocada en los servicios sociales no satisfaga las necesidades mínimas para asegurar una atención de calidad.
El sábado 21 de septiembre se han realizado los exámenes de las oposiciones del Ayuntamiento de Barakaldo. Las plazas ofertadas son insuficientes para atender la demanda actual y que se responda de manera adecuada a las necesidades de las personas y familias barakaldesas en situaciones de vulnerabilidad.
Nuevamente el gobierno municipal incumple la promesa de reforzar la plantilla. Las 15 plazas propuestas de personal de trabajo social solo servirán para reducir la tasa de interinidad pero no para ampliar la plantilla.
La falta de recursos humanos limita el acceso a servicios esenciales y conlleva dilaciones en la atención y ampliación de los tiempos de espera para las familias usuarias. La falta de personal en los servicios sociales de Barakaldo repercute de manera significativa en la calidad de atención que reciben las familias.
La insuficiencia sistémica de personal, y la desidia por parte del ayuntamiento para cubrir las bajas, generan una sobrecarga en el resto de trabajadoras. Situación que afecta de manera negativa a la calidad de la atención prestada y provoca un desgaste emocional y físico en las profesionales, lo que va en detrimento en la atención que se ofrece a las familias de la localidad.
Mientras se incrementan las situaciones de precariedad y pobreza en Barakaldo, y hay un alarmante aumento de la inflación, el equipo de gobierno decide no ampliar los servicios sociales municipales. Además de mantener la falta de recursos de atención con carácter de urgencia.
No hay pan para tanto chorizo
Reparto de cientos pinchos de txorizo en el barrio barakaldés de Rontegi
Protesta contra la decisión del equipo de gobierno de Barakaldo de endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia y recortar las cuantías a percibir por las familias de la localidad.Sin embargo el gobierno local ha decidido este año incrementar el salario de la Alcaldesa, Amaia del Campo, y el número -y sueldos- de asesores, cargos de confianza y concejales liberados: se autoasignan tres millones de euros para los 38 políticos que conforman el equipo de gobierno y partidos políticos del consistorio; en concreto son 2.819.529,37: 215.000 euros más que el año pasado.
Reparto de cientos de pinchos de chorizo contra la política de recortes del equipo de gobierno municipal
En el marco de las fiestas del barrio barakaldés de Rontegi se realiza una “txorizada popular” contra los recortes. En el trascurso de esta iniciativa 1.800 pinchos de chorizo se reparten bajo el lema “No hay pan para tanto chorizo”.
Integrantes de la asociación barakaldesa contra la pobreza, Berri-Otxoak, distribuyen cientos de pichos de chorizo para evidenciar que “la falta de un presupuesto suficiente conlleva aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia o recortar de forma sistemática la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas, más grave si cabe teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales que está conllevando la actual crisis energética, bélica e incremento descontrolado de la inflación.”
Sin embargo el equipo de gobierno congela en 954.465 euros -por UNDÉCIMO AÑO CONSECUTIVO!- la consignación destinada a las ayudas económicas municipales. Prestaciones que perciben 1.000 familias barakaldesas cada año. Y de las que decenas son expulsadas por falta de presupuesto.
A fin de evitar aumentar la dotación presupuestaria para gasto social el equipo de gobierno recorta en un 20% la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y deniega sistemáticamente el acceso a las prestaciones para “gastos relativos a las necesidades primarias”, las cuales permiten cubrir carencias tan básicas como la alimentación o el alquiler o hipotecas.
Además, el gobierno local se acoge, año tras año, a una disposición del Gobierno Vasco que habilita a los consistorios a denegar las prestaciones económicas a las familias que reúnan los requisitos “en caso de no existir un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia”, la cual le ha sido aplicada el pasado año 2023 a un centenar de familias de la localidad.
A esta política de recortes se debe sumar la falta de personal para gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y personal administrativo) del “Equipo de Ayudas Económicas”, situación que provoca demoras de 6 meses en el acceso a unas prestaciones destinadas a circunstancias de “emergencia social”.
Sin embargo, como no podía ser otra manera, el gobierno local se autoasigna tres millones de euros para los 38 políticos que conforman el gobierno local y partidos políticos del consistorio (Alcaldesa, concejales liberados, asesores, administrativos y cargos de confianzas). En concreto son 2.819.529,37: 215.000 euros más que el año pasado.
Cabe destacar que mientras se recortan derechos a las familias más empobrecidas y precarizadas la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, supone a las arcas municipales como mínimo 98.952 euros anuales (81.590 de salario base y 17.363 en cotización a la seguridad social).
La retribución de la Alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, es superior a la del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y algunos de sus ministros; o presidentes de comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Baleares, Murcia, Canarias o Asturias. Además, su remuneración es superior al de mandatarios de ciudades como Sevilla (con siete veces más de población) o Vigo y Gijón (ciudades que triplican en residentes a la localidad fabril).
Contra la campaña de criminalización de la pobreza
Varias decenas de familias barakaldesas han sufrido a lo largo de estos meses de verano la vulneración de sus derechos, la violación de su intimidad y la invasión de sus domicilios por parte de la Ertzaintza: familias pensionistas, trabajadoras con un empleo precario o perceptoras de un subsidio por desempleo.Desde el Gobierno Vaso se sigue estigmatizando a las familias usuarias de Lanbide como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llegando ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas.
La intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra localidad.
Protesta ante las oficinas de Lanbide en Barakaldo ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de ampliar su campaña de criminalización de la pobreza
Este pasado miércoles 25 de septiembre activistas de la plataforma contra la precariedad de Barakaldo, Berri-Otxoak, se han concentrado ante las oficinas de Lanbide en el barrio barakaldés de Beurko.
Protesta contra la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de impulsar una nueva campaña de estigmatización y criminalización de las personas y familias con dificultades para llegar a fin de mes, pensionistas, desempleadas o con empleos en precario.
Varias decenas de familias barakaldesas han sufrido a lo largo de estos meses de verano la vulneración de sus derechos, la violación de su intimidad y la invasión de sus domicilios por parte de la Ertzaintza: familias pensionistas, trabajadoras con un empleo precario o perceptoras de un subsidio por desempleo.
Sin orden judicial, ni amparo legal, Lanbide y la Ertzaintza irrumpen en los de hogares con ánimo de fiscalizar enseres, armarios y llegando a revisar cuartos de baño.
Se amenaza con un informe desfavorable en caso de denegar el acceso al domicilio a la Ertzaintza. Expediente que conllevará una suspensión o denegación del acceso a la RGI, al Complemento de Pensiones o Incentivos Empleo.
En esta dinámica de criminalización hay que tener en cuenta que la Ertzaintza lleva meses irrumpiendo en los domicilios de familias perceptoras de las prestaciones gestionadas por Lanbide.
Recortes y criminalización que se aplican cuando la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2022” certifica que un tercio de la población de la Comunidad Autónoma Vasca tiene serias dificultades para cubrir sus necesidades más básicas; en concreto, el 22,3% de la población. A sumar 159.737 personas en riesgo de pobreza, lo que supone el 7,4% de la población de la CAPV.
Desde la Ertzaintza y el Gobierno Vasco se estigmatiza y criminaliza de forma consciente a las familias usuarias de Lanbide. Miles de hogares señalados como proclives al “fraude”. Cuando, según datos del propio Gobierno Vasco, este es irrelevante: no llegando ni al 0’5%.
La intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra localidad.