Protesta ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de continuar con su campaña de criminalización de la pobreza.
La Ertzaintza, y el nuevo cuerpo de inspectores creado por Lanbide conformado en la actualidad por 19 personas, contempla entrar en la totalidad de hogares de las familias perceptoras de las prestaciones sociales: complemento de pensiones, renta de garantía de ingresos e incentivos al empleo. Sin orden judicial o amparo legal pretenden irrumpir en 54.000 hogares para comprobar enseres, revisar armarios y hasta cuartos de baño.
Desde el Gobierno Vaso se sigue estigmatizando a las familias usuarias de Lanbide como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llegando ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas.La intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra comunidad.
Se precintan las oficinas de Lanbide en Barakaldo ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de ampliar su campaña de criminalización de la pobreza
Activistas de la plataforma conta la precariedad de Barakaldo, Berri-Otxoak, han procedido a precintar las oficinas de Lanbide en el barrio barakaldés de Beurko.
Protesta contra la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de impulsar una nueva campaña de estigmatización y criminalización de las personas y familias con dificultades para llegar a fin de mes, pensionistas, desempleadas o con empleos en precario.
Sin orden judicial, ni amparo legal, Lanbide y la Ertzaintza pretenden irrumpir en miles de hogares con ánimo de fiscalizar enseres, armarios y llegando a revisar cuartos de baño.
El nuevo cuerpo de inspectores creado por Lanbide se amplía este mes en 15 personas. En concreto, 19 personas piensan que pueden entrar en la totalidad de hogares de las familias perceptoras de prestaciones.
Se amenaza con un informe desfavorable en caso de denegar el acceso al domicilio a la Ertzaintza o al ampliado cuerpo de inspectores de Lanbide. Expediente que conllevará una suspensión o denegación del acceso a la RGI, al Complemento de Pensiones o Incentivos Empleo.
En esta dinámica de criminalización hay que tener en cuenta que la Ertzaintza lleva meses irrumpiendo en los domicilios de familias perceptoras de las prestaciones gestionadas por Lanbide.
Recortes y criminalización que se aplican cuando la “ EPDS 2022” certifica que un tercio de la población de la Comunidad Autónoma Vasca tiene serias dificultades para cubrir sus necesidades más básicas; en concreto, el 22,3% de la población. A sumar 159.737 personas en riesgo de pobreza, lo que supone el 7,4% de la población de la CAPV.
Desde la Ertzaintza y el Gobierno Vasco se estigmatiza y criminaliza de forma consciente a las familias usuarias de Lanbide. Miles de hogares señalados como proclives al “fraude”. Cuando, según datos del propio Gobierno Vasco, este es irrelevante: no llegando ni al 0’5%.
La intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra comunidad.
Barakaldo, miércoles 4 de octubre 2023
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