El Gobierno de la comunidad autónoma vasca recorta desde este martes las ayudas a la vivienda para las familias precarizadas y empobrecidas. El Decreto que desarrolla la Ley de Vivienda en la CAV contempla un importante recorte en el acceso a las prestaciones destinadas a pagar el alquiler. Desaparece la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide y las Ayudas de Emergencia de los servicios sociales para instaurar una única ayuda para el alquiler: la Prestación Económica de Vivienda.

ecuadoretxea.org. Por Laura Fontalba.- El gobierno recortará en un 20% la asignación que debería percibir cada familia con graves dificultades económicas y denegará el acceso a las prestaciones para gastos relativos a necesidades primarias.

ecuadoretxea.org.- Decenas de organizaciones sociales se han movilizado en Bilbao para denunciar los nuevos recortes a las prestaciones sociales para el acceso a la vivienda.

Presentación demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para denunciar el reglamento que desarrolla la nueva Ley de RGI

De forma silenciosa, se están aprobando varias reformas que recortan las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables.

La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak protesta ante la “inocentada” de los recortes sociales.

Protestan en pañales ante el Gobierno Vasco en denuncia de la criminalización de la pobreza y por la aplicación de la Ley Mordaza a quienes denuncian los recortes sociales y el despilfarro en gasto militar y obras faraónicas.

Etxebide dificulta el acceso a la vivienda a las familias precarizadas y empobrecidas.

El Decreto que desarrolla la Ley de Vivienda en la CAV contempla un importante recorte en el acceso a las prestaciones destinadas a pagar el alquiler.Desaparece la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide y las Ayudas de Emergencia de los servicios sociales para instaurar una única ayuda para el alquiler: la Prestación Económica de Vivienda.

Colectivos sociales y sindicales de Barakaldo protestan contra los desahucios coincidiendo con el undécimo aniversario del suicidio de Amaia Egaña.

Una docena de organizaciones sociales, vecinales y de pensionistas de Bizkaia se manifiestan de forma conjunta en el “Día Internacional contra la Pobreza”.

Protesta ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de continuar con su campaña de criminalización de la pobreza.

Presentación del balance de consultas y perfil socioeconómico de las familias que hicieron uso del “Punto de Información sobre Prestaciones y Derechos Sociales” de Barakaldo el pasado curso: 1.216 familias atendidas durante el curso 2022-2023.Este recurso comenzó su actividad el lunes 17 de noviembre de 1997 y por él han pasado ya 16.200 familias a lo largo de estos 26 años.

Protesta ante la muerte de una mujer de 42 años, el pasado sábado de 2 de septiembre en un cajero de Kutxabank de la Plaza de Santa Teresa del barrio barakaldés de Beurko-Bagatza.

Un año más levantan la persiana estos espacios de asesoramiento sobre prestaciones y ayudas sociales. En concreto hoy lunes abre en Barakaldo la veterana Berri Otxoak y mañana martes lo hará "LA ESPIRAL" en Xixón. En próximas semanas lo hará Erletxea en Irun, Gipuzkoa.

Lanbide, el “Guantánamo de los derechos Sociales”

Lanbide está imponiendo, a través un cuerpo policial como la Ertzaintza, el acceso al domicilio de las personas solicitantes o titulares de las prestaciones sociales. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios y cuartos de baño.Una veintena de familias barakaldesas pensionistas, desempleadas o con empleos en precario han sufrido ya este atropello y vulneración de derechos.

El equipo de gobierno de Barakaldo congela por DÉCIMO AÑO CONSECUTIVO en 960.000 euros el presupuesto destinado las ayudas de emergencia.El área de Acción Social ha aprobado el Decreto que regula las ayudas de emergencia para este año. El Decreto municipal contempla recortes ya denunciados por el Defensor del Pueblo, endurece los requisitos de acceso y reduce las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.