El Ayuntamiento de Barakaldo vulnera, recorta y criminaliza los derechos sociales.
Las últimas iniciativas del equipo de gobierno de Barakaldo criminaliza a las familias en situación de precariedad y pobreza. El Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido implementar mediante la Policía Municipal registros en los hogares de las familias perceptoras de prestaciones sociales.
Protesta ante el Ayuntamiento de Barakaldo en denuncia de las nuevas medidas adoptadas que buscan criminalizar y estigmatizar a las personas usuarias de los recursos y servicios sociales del municipio.
El consistorio fabril en lugar de ampliar derechos y prestaciones sociales ha decidido aplicar una serie de medidas que buscan criminalizar, estigmatizar y desproteger a las personas y familias precarias y empobrecidas de la localidad.
En concreto, el equipo de gobierno utilizará a la Policía Municipal para implementar nuevas medidas que buscan criminalizar y estigmatizar a quienes reciben prestaciones sociales. Sus últimas iniciativas son promover controles y registros en los hogares de las familias perceptoras de prestaciones sociales.
Medidas, que por cierto, han sido criticadas por el Ararteko y cuestionadas por diferentes instancias judiciales. Pero al Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido saltarse “la Ley” a costa de vulnerar los derechos de las 5.000 unidades de convivencia usuarias de los servicios sociales de la localidad.
El gobierno municipal sin ningún pudor se sumará al señalamiento y persecución de las personas precarizadas y empobrecidas de Barakaldo. Es cuando menos curioso siendo una institución que ha sido apercibida por intervención general por gestionar 28 millones de euros fuera de los criterios contables que exige la actual legislación.
La política de invadir de forma ilegal los domicilios de las familias más vulnerables de la localidad bajo la excusa de la residencia efectiva. Por cierto, figura jurídica inexistente, ya que la residencia efectiva legalmente la acredita el padrón del propio consistorio.
Con esta medida lo único que pretende el gobierno municipal es señalar, criminalizar y estigmatizar a las 5.000 unidades de convivencia que en Barakaldo malviven en la precariedad y más absoluta pobreza.
También se le ha olvidado señalar al consistorio fabril que según datos del propio Gobierno
Vasco o Lanbide el fraude es prácticamente inexistente, con una tasa del 0,2%.
No deja de ser curioso que el equipo del gobierno municipal criminalice a las miles de personas que en Barakaldo sufren las dificultades de acceso a una vivienda o un salario digno y justo. Se nota que en los despachos municipales se vive muy bien, con salarios cercanos a los 6.000 euros al mes.
Ante esta situación, y para denunciar la imposibilidad de llegar a fin de mes y los recortes sufridos por las personas trabajadoras precarias y empobrecidas, exigimos al Ayuntamiento de Barakaldo el cese inmediato de sus políticas de recortes en las prestaciones sociales y su criminalización de la pobreza.