Pensionista por Incapacidad Permanente Total y, sin embargo, Lanbide retirada su acceso a la RGI por compartir vivienda con otra persona. La Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos criminaliza la convivencia y ha generado un clima de sospecha y persecución sobre quienes dependen de la RGI.
Hace unos días una persona falleció en las oficinas de Lanbide en Zalla, Bizkaia. Se trata de un hombre perceptor de la RGI al que se le imponían cursos de reinserción laboral pese a su mal estado de salud. El hombre, padre de familia, acudió a las oficinas para tratar de justificar su incapacidad, pero no se tomó en consideración su situación. En ese mismo momento, a las puertas de las oficinas, sufrió un infarto que causó su muerte.
La “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria” y la “plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, Berri-Otxoak” denuncian ante la oficina de Lanbide en el barrio bilbaino de Miribilla los recortes y la criminalización en el acceso a los derechos sociales.
«Vacunación» en Barakaldo contra el virus de los recortes sociales. Desde hace un mes, en concreto el miércoles 6 de noviembre, y durante como mínimo 4 meses, no se tramita ya ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo ante los servicios sociales municipales.
Lanbide asfixia los derechos sociales de las personas trabajadoras más empobrecidas. Representación del “estrangulamiento de los derechos sociales” que asisten a las personas que peores condiciones laborales tienen.
Lanbide criminaliza la pobreza y recorta prestaciones sociales
El Servicio Vasco de Empleo ha implementado una nueva medida que busca criminalizar y estigmatizar a quienes perciben prestaciones sociales; además de promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras.
El Gobierno Vasco recorta a 8.030 personas trabajadoras en 100 euros su prestación mediante los recortes aplicados por Lanbide a los incentivos al empleo de la RGI. Lanbide sigue con su política de recortes al modificar la fórmula de cálculo de las cuantías de los denominados estímulos al empleo: 8.000 personas trabajadoras empobrecidas percibirán 100 euros mensuales menos aun estando en la misma situación de precariedad que hace un mes.
Organizaciones vecinales y sociales de Bizkaia se manifiestan en el “Día Internacional contra la Pobreza”
Sin duda nuestras compas de Berri Otxoak sintetizan en tres movilizaciones el momento en el que estamos viviendo. Unos servicios sociales "raquíticos" y saturados, unos equipos de gobierno de cualquier institución, bien local, provincial, autonómica, etc.. que recorta y recorta mientras sus sueldos son desorbitantes y como guinda de este “pastelón” está la criminalización de las personas excluidas hasta límites inconcebibles. Al final cuanta razón tienen, “no hay tanto pan para tanto chorizo”.
La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak protesta ante la “inocentada” de los recortes sociales.
Una docena de organizaciones sociales, vecinales y de pensionistas de Bizkaia se manifiestan de forma conjunta en el “Día Internacional contra la Pobreza”.
Protesta ante la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de continuar con su campaña de criminalización de la pobreza.
Presentación del balance de consultas y perfil socioeconómico de las familias que hicieron uso del “Punto de Información sobre Prestaciones y Derechos Sociales” de Barakaldo el pasado curso: 1.216 familias atendidas durante el curso 2022-2023.Este recurso comenzó su actividad el lunes 17 de noviembre de 1997 y por él han pasado ya 16.200 familias a lo largo de estos 26 años.
El Gobierno Vasco y Lanbide impulsan una nueva campaña de criminalización de la pobreza. La Ertzaintza se está personando en la totalidad de domicilios de las familias perceptoras de las prestaciones sociales: complemento de pensiones, renta de garantía de ingresos e incentivos al empleo. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios.
ecuadoretxea.org.- Berri-Otxoak alerta que los agentes amenazan con emitir un informe desfavorable, lo que conllevaría la suspensión o denegación del acceso a la RGI, Complemento de Pensiones o los Incentivos al Empleo, si no se les abre la puerta.
