La semana pasada se ha realizado una movilización ante la Delegación del Gobierno Vasco con el ánimo de denunciar los recortes que realiza Lanbide hacia las mujeres afectadas por violencia machista.

Varias mujeres que han padecido esta violencia, y los actuales recortes de Lanbide, han participado en esta concentración. Un ejemplo es Sonia, vecina de Portugalete de 42 años con trillizos de 6 años, y pendiente de desahucio al serle suspendida de forma irregular la RGI y la ayuda para el alquiler.Situación de vulneración de derechos que se agravará con la actual propuesta de reforma de la RGI, varios de cuyos puntos van a incidir en la profundización de la precariedad y feminización de la pobreza, mediante la imposición de criterios totalmente arbitrarios y alejados de la realidad que viven las mujeres.

Comunicado

LANBIDE NO SE PLANTA ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA
“Nuestra precariedad, su negocio”

•  Mujeres en situación de violencia y en ocasiones con menores a cargo, están siendo castigadas con la expulsión del sistema de protección social y el pago de “supuestos cobros indebidos” por parte Lanbide, ejerciendo de esta manera una doble discriminación.
  
  
•  La Oficina del Ararteko continúa en 2018 emitiendo recomendaciones al Departamento de Empleo y Políticas Sociales para que revise las resoluciones por las que se acuerda la extinción de RGI/PCV y le recuerda que en dichas suspensiones no tiene en cuenta “la obligada consideración del interés superior del menor”.
  
  
• El Departamento de Empleo y Políticas Sociales continúa sin paliar la constante vulneración de derechos a las mujeres que han sufrido violencia machista, por parte del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).
  
  

Un 25 de noviembre más los Colectivos Sociales de Bizkaia nos concentramos ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, para denunciar que el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) encargado de gestionar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y su Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), continua reproduciendo un sistema patriarcal, donde castiga a las mujeres y replica las situaciones de desigualdad que se producen desde otros contextos, como es el caso de quienes han sufrido violencia machista y otros lugares, como es el caso de las trabajadoras de hogar.

Los criterios empleados por Lanbide continúan siendo arbitrarios y desproporcionados, haciendo un mal uso de la ley y dejando en situaciones de riesgo a muchas mujeres que en muchos casos cuentan con menores a cargo. En la actualidad, no solamente nos encontramos ante situaciones injustificadas de extinción de la prestación, sino que también esto está acarreando el reclamo de cantidades como “cobros indebidos” con carácter retroactivo por parte de este órgano, lo que está suponiendo un duro castigo para las mujeres, por lo que nos encontramos ante una doble discriminación hacia las mujeres, en especial las que vienen de situaciones de violencia.

En 2018 la oficina del Ararteko ha resuelto en varios expedientes su desacuerdo con los motivos que Lanbide aplica para suspender la prestación, ya que se trataba de mujeres que no habían cumplido en un momento concreto alguno de los criterios establecidos por Lanbide, como consecuencia de situaciones de violencia o desigualdad. Además de esto, todas ellas contaban con menores a cargo, por lo que este departamento, como indica el Ararteko en sus resoluciones, no ha tenido en cuenta el interés superior del menor. Algo que resulta incompatible con una institución que se define a sí misma como “amigable con la infancia, que multiplica su capacidad para combatir la pobreza infantil y la transmisión intergeneracional de la exclusión social”.

Además de ello, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales continúa haciendo caso omiso a la constante vulneración de derechos que se produce en las oficinas de Lanbide hacia las mujeres que sufren violencia: malos tratos, agresiones, discriminación laboral, precariedad y pobreza.

• Lanbide solo considera que existe violencia machista cuando ésta se ejerce por una apareja o ex-pareja o se produce en el entorno familiar y las mujeres solo podrán mantener esta condición mediante Sentencia judicial u orden de alejamiento en vigor.
  
  
• Lanbide continúa exigiendo a las mujeres víctimas separarse legalmente o reclamar a través del juzgado pensiones de alimentos para l@s hij@s, de inmediato, sin tener en cuenta argumentos válidos en contra.
  
  
• Lanbide continúa atendiendo a mujeres víctimas, obligándolas a trasladar información sensible, en mesas atestadas de personas, sin respetar su intimidad.
  
  
• Lanbide exige a las mujeres dar pasos para los que no siempre están preparadas, sin respetar los ritmos y características específicas de cada caso.
  
  
• Lanbide se enorgullece de los criterios excepcionales que establece para atender a las mujeres que han sufrido violencia, como pedir menos tiempo de empadronamiento, no teniendo en cuenta que hay mujeres que vienen huyendo de otras comunidades o que han sufrido cortes en el padrón (algo muy frecuente en estos casos), quedando fuera de acogerse a este derecho.
  
  
• Lanbide, al no admitir bajo ninguna premisa abandonar voluntariamente un empleo (sin atender a las causas que motivan esa decisión), obliga a las mujeres a decidir entre soportar condiciones de explotación laboral y/o violencia en los centros de trabajo, como en el caso de las trabajadoras de hogar, o quedar en el más absoluto desamparo sin la cobertura de las prestaciones sociales.
  
  

Mediante esta movilización queremos denunciar los malos tratos que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales a través de Lanbide y que dirige Beatriz Artolazabal, está ejerciendo contra las mujeres, especialmente quienes han sido víctimas de la violencia machista y exigimos un sistema de protección social que se sustente en términos de justicia, que aplique políticas de igualdad reales.

Colectivos sociales y de mujeres de Bizkaia