Protesta ante la notificación judicial de desahucio para el viernes 30 de diciembre a una mujer de 52 años con una hija de 15 a cargo.

Ni los servicios sociales del consistorio fabril ni el Ejecutivo autonómico ofrecen una alternativa habitacional a esta mujer en situación de vulnerabilidad económica reconocida por el juzgado de Barakaldo.Nuevamente el Ayuntamiento de Barakaldo y la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco incumplen la normativa frente a los desahucios, aprobada en 2013 tras la muerte de Amaia Egaña y renovada en febrero de 2019 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial.

Una vez más, las Administraciones públicas contravienen las diferentes resoluciones de obligado cumplimiento establecidas por Naciones Unidas y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, las cuales exigen facilitar el acceso a una vivienda digna cuando afecte a familias en situación de vulnerabilidad económica y, especialmente, cuando hay menores perjudicados.

La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak denuncia en Barakaldo el desahucio de una mujer de 52 años, desempleada, perceptora del Ingreso Mínimo Vital y con una hija de 15 años a cargo.

El juzgado ha emitido una orden de desalojo de la vivienda alquilada en la que residen para el viernes 30 de diciembre a las 9.15 horas, por la cual debían pagar 700 euros cada mes.

Ante este hecho, activistas sociales convocados por la asociación barakaldesa contra la precariedad y la pobreza se han movilizado ante el Ayuntamiento “por el derecho a una vivienda digna” y contra los desahucios.

Berri-Otxoak recuerda que cada semana se produce una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 2.027 desahucios desde que el 9 de noviembre de 2012 la vecina Amaia Egaña se quitará la vida en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar la expulsión de su piso en el barrio de Urban.

Los servicios sociales, al igual que Alokabide, “no han atendido la demanda de una solución a este nuevo desahucio, pese a las solicitudes planteadas por la mujer, amenazada con quedarse en la calle”.

La mujer afectada “lleva varias semanas intentando que los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo y el Servicio Vasco de Vivienda den una respuesta a su desahucio y le ofrezcan acceso a una vivienda en régimen de alquiler social, como exige la actual legislación”.

“Incumpliendo dicha normativa, como ya es costumbre, ni el equipo de gobierno del consistorio ni el Gobierno Vasco han ofrecido hasta la fecha ninguna alternativa habitacional, siendo conscientes de la situación vulnerabilidad corroborada por el juzgado de Barakaldo que sufre esta mujer.”

De acuerdo al procedimiento de actuación en vigor y diligencias ante estas situaciones, los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio y garantizar un alojamiento de urgencia, que permita el acceso a una vivienda en régimen de alquiler social en el plazo más inmediato, no superior a un mes.

Nuevamente el gobierno local y la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco incumplen la legislación frente a los desahucios, aprobada en 2013 tras la muerte de Amaia Egaña y renovada en febrero de 2019 por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y Consejo General del Poder Judicial. Dicha normativa establece que se debe dar una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio motivado por una falta de recursos económicos.

Las personas concentradas denuncian que “las Administraciones Públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de obligado cumplimiento de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen el acceso a una vivienda cuando su carencia afecte a familias en situación de vulnerabilidad económica y, especialmente, cuando hay menores perjudicados”.

Barakaldo, 7 de diciembre de 2022

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