Con motivo de la Junta de Accionistas realizada en Bilbao, Antimilitaristas del Kem-Moc se han cubierto de pintura roja ante las puertas del banco para denunciar que sus beneficios están manchados de sangre. Por otro lado, dos nuevas sentencias anulan las multas por acciones semejantes en años anteriores.

ecuadoretxea.org.- Simbolizando que «los beneficios del BBVA están manchados de sangre», varias activistas han arrojado pintura roja sobre sus cabezas a la entrada de la sucursal situada en la Gran Vía de Bilbao. Pintura que representa las dramáticas consecuencias que para un gran número de personas tienen las actividades en las que este banco está involucrado. Mientras tanto, otras activistas sostenían una pancarta que decía «BBVAaren irabaziak odolez blai” y “#LaGuerraEmpiezaAqui“

Denuncian que el BBVA ha destinado al menos 4.450 millones de euros en los últimos años a la financiación de la industria armamentística. Son exponentes de esta industria General Dymamics, Leonardo, Indra, Airbus, Aecom, Honeywel, Navantia o Maxam, que producen equipamiento militar.

La guerra es un crimen contra la humanidad que, además de provocar el sufrimiento de personas que poco o nada tienen que ver con las causas e intereses que las generan, suponen una violación flagrante de los DD.HH y fuerzan el desplazamiento de millones de ellas. De hecho, los conflictos bélicos, como el de Ucrania y otros muchos que no tienen tanto eco mediático, son la principal causa de las migraciones forzadas.

Cada euro que se despilfarra en las guerras se detrae de necesidades sociales inmediatas como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Son muchos los bancos que participan en el negocio de la guerra, aunque existen alternativas, hoy en día muy extendidas, como la banca ética.

La Campaña Banca Armada denuncia sobre el BBVA

antimilitaristas.org.- La campaña Banca Armada denuncia que el BBVA continúa destinando miles de millones de euros a financiar empresas productoras de las prohibidas armas nucleares y empresas relacionadas con la militarización de fronteras

Koldobi Velasco, activista de la campaña, ha intervenido en la junta de accionistas del banco para denunciar la doble moral del que es el “segundo banco del Estado en volumen de inversiones armamentísticas” que, a su vez, hace “campañas de lavado de imagen mediante su apoyo a las víctimas de Ucrania”.

Velasco se ha dirigido al Presidente de la entidad bancaria para señalar “su cinismo al financiar empresas como el Grupo Eulen, ATOS y Accenture que participan en la militarización de la Frontera Sur del Estado Español, contribuyendo a crear la sensación de que para el BBVA hay guerras y refugiados de primera y de segunda”.

Por su parte, Jon Narváez, también miembro de Banca Armada, ha intervenido para denunciar las relaciones del banco con empresas productoras de armamento nuclear, a pesar de estar prohibidas por el derecho internacional desde la entrada en vigor del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares en enero de 2021.

Dos miembros de la campaña Banca Armada, integrada por 9 oenegés de todo el Estado, han participado esta mañana en la Junta de Accionistas del BBVA como representantes de 24 accionistas críticas que previamente les habían delegado su voto.

Koldobi Velasco y Jon Narváez han intervenido dirigiéndose al presidente del banco, Carlos Torres, para denunciar las reiteradas inversiones en empresas armamentísticas que la entidad vasca realizó durante el período 2019-2021 y el “cinismo” manifiesto al crear una campaña de apoyo a las víctimas del conflicto armado ucraniano.

Durante el período mencionado, el BBVA ha destinado más de 5.421 millones de euros a compañías de la industria armamentística que participan en la eufemística “seguridad de fronteras” y a compañías que mantienen, modernizan o fabrican armamento nuclear.

Denunciamos los vínculos del BBVA con empresas relacionadas con la militarización de fronteras

En este sentido, la intervención de Koldobi Velasco se ha centrado en la denuncia de las inversiones en empresas relacionadas con la contención de la “frontera Sur” de Europa, o lo que es lo mismo: las alambradas, concertinas, cámaras de seguridad, sistemas de vigilancia y otros elementos disuasorios de la entrada de personas migradas y refugiadas a territorio del Estado Español. “A la frontera sur del Estado Español y a Canarias llegan personas que huyen de conflictos como Siria, Etiopía, Somalia o Libia, o que huyen de zonas en tensión o que simplemente buscan un lugar mejor dónde vivir a salvo y en paz. Cuando estas personas llegan a nuestras fronteras, se les recibe de forma inhumana a causa del sistema de militarización y securitización que tenemos instalado para proteger la Europa Fortaleza”, ha explicado Velasco

El Grupo Eulen, ATOS o Accenture han recibido financiación del BBVA y forman parte de las empresas contratistas que han recibido encargos en la Frontera Sud para hacer, por ejemplo, labores de mantenimiento de los sistemas de vigilancia como el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) y servicios de mantenimiento y reparación tanto de puestos fronterizos como de los CETIs (Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes), en los que se cometen flagrantes violaciones de los Derechos Humanos, especialmente preocupantes en el caso de las personas más vulnerables, incluidas las familias con niños menores y las personas con problemas graves de salud.

A modo de ejemplo, el Grupo Eulen, empresa receptora de 42 contratos para la gestión y mantenimiento de instalaciones dónde a menudo se vulneran los derechos de las personas migrantes, recibió 37 millones de euros en créditos sólo en los dos últimos años, y ATOS recibió 47 contratos, algunos de ellos para el mantenimiento del SIVE.

“Sr. presidente y miembros del consejo de administración, ¿de verdad creen que es moralmente aceptable hacer campañas de lavado de imagen con Ucrania mientras históricamente han financiado el negocio de la guerra y de la militarización de fronteras?” concluía Velasco.

El BBVA sigue financiando empresas que producen armamento nuclear

El también activista de la campaña Jon Narváez, intervino para incidir en las inversiones que el BBVA realiza a empresas que fabrican armamento nuclear, algo denunciable puesto que existe legislación nacional e internacional que las limita y prohíbe, y más inmoral aún teniendo en cuenta la amenaza de esta índole que sobrevuela la guerra de Ucrania.

“Como sabrán, en enero del año pasado entró en vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, después de que 51 países lo ratificaran. Ese tratado prohíbe explícitamente la fabricación, el desarrollo, la adquisición, el almacenaje y el emplazamiento de armas nucleares, así como prohíbe usar o amenazar con usar dichas armas, y finalmente, también prohíbe que se asista o se ayude de cualquier forma para que se puedan realizar estos actos prohibidos” explicó Narváez.

El BBVA ha financiado durante el período 2019-2021 a 7 empresas que todavía producen armamento nuclear en el mundo: Airbus, Boeing, General Dynamics, Honeywell International, Jacobs Engineering, Leonardo y Thales. Según explicó en la Junta el activista y miembro de SETEM Hego Haizea, el BBVA: “Han invertido más de 5.300 millones de euros en estas 7 empresas. ¿Y saben qué es lo más despreciable? Que esto supone, según los datos de los que disponemos, un incremento del 66% respecto al período anterior en lo que refiere a inversiones en empresas que fabrican armas nucleares”.

Las empresas de armas dependen en un 75% de pasivos financieros que las instituciones financieras les proporcionan para financiar su circulante o cualquier adquisición de activos y así poder producir su material de guerra. “Sin financiación, no hay armas”, remarcó Narváez.

Pero más allá de la “vergüenza que supone que España aún no haya firmado el tratado internacional de prohibición de armamento nuclear”, lo que el activista recalcó, al igual que Koldobi, es la doble moral de la entidad vasca. “Por favor, no sean tan cínicos. No vistan de altruismo sus acciones relacionadas con el conflicto en Ucrania cuando hasta ahora han estado alimentando el armamento nuclear y beneficiándose de la industria de la guerra alrededor del mundo”, concluyó.

SOBRE LA CAMPAÑA BANCA ARMADA

La campaña está formada actualmente por nueve organizaciones -Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM Federación, Justícia i Pau, l’Observatori del Deute en la Globalització, Finançament Ètic i Solidari -FETS-, Alternativa Antimilitarista- Movimiento de Objeción de Conciencia, el Col·lectiu RETS, la Fundació Novessendes i la Fundación Finanzas Éticas-, que tienen como objetivo denunciar los vínculos de los bancos convencionales con la industria del armamento para sensibilizar la sociedad sobre la relación de estas prácticas financieras con las tragedias humanas y los conflictos internacionales.

http://www.bancaarmada.org/es/

Barcelona, 18 de marzo de 2022.

Dos nuevas sentencias anulan multas por denunciar la financiación de la industria armamentística del BBVA

elsaltodiario.com.- Estas sentencias se suman a la del juzgado de Vitoria que en febrero puso la libertad de expresión por encima de la Ley Mordaza.

Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 1 y 4 de Bilbao han acordado anular las multas impuestas a dos activistas antimilitaristas por las protestas realizadas en marzo de 2019 para denunciar la financiación de la industria armamentista por parte del BBVA.

Según explican desde el Grupo Antimilitarista Bilbao KEM-MOC, en marzo de 2019, con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas del BBVA que anualmente tiene lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, las antimilitaristas Karmen Elorriaga y Sabina Pérez participaron en una acción de protesta junto a otras activistas de las plataformas contra el BBVA y EH-k Kapitalari Planto! Durante la protesta, seis personas fueron propuestas para sanción por parte de la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, aplicándoles la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Ambas sentencias señalan que la protesta desarrolló “de forma absolutamente pacífica y sin alteración del orden público ni peligro para personas o bienes” y destacan que fue “una actuación lícita y legítima en el espacio público”

Sabina y Karmen recibieron una multa de 602 euros cada una por una infracción grave del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, por desobediencia o resistencia a la autoridad, pero ambas, como el resto de activistas denunciados ese día por los agentes de la Ertzaintza, recurrieron la sanción, que han sido ahora anuladas por los dos juzgados. Ambas sentencias, que son firmes y contra las que no cabe recurso, señalan que la protesta por la que fueron sancionadas las dos activistas se desarrolló “de forma absolutamente pacífica y sin alteración del orden público ni peligro para personas o bienes” y destacan que esta protesta fue “una actuación lícita y legítima en el espacio público”.

Esas dos sentencias se unen a la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria, que a mediados de febrero anuló la sanción que recibió una activista por la misma protesta. Esa primera sentencia, que retiró la sanción a la activista antimilitarista Koldobi Velasco, ponía en valor la importancia de la protesta como ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión y justificaba que la activista se negara a obedecer las órdenes de los agentes policiales de que abandonara el lugar como forma de “buscar repercusión” y “transmitir un mensaje a la opinión pública”, y además acusó a los agentes de “extremar en exceso su celo”.

Desde Alternativa Antimilitarista-MOC, una de las organizaciones participantes en la protesta, valoran que estas sentencia “suponen un reconocimiento de la legitimidad de la desobediencia civil como herramienta de participación política y una reivindicación de la libertad de expresión frente al recorte de derechos que supone la Ley Mordaza aún vigente”.