Lanbide criminaliza la pobreza y recorta prestaciones sociales

El Servicio Vasco de Empleo ha implementado una nueva medida que busca criminalizar y estigmatizar a quienes perciben prestaciones sociales; además de promover los registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras.

El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide ha implementado una nueva medida que busca criminalizar y estigmatizar a quienes reciben prestaciones sociales, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además de reducir las ayudas económicas y endurecer los requisitos, se han promovido registros de la Ertzaintza en los hogares de las familias perceptoras.

La última iniciativa es un «buzón antifraude», que refuerza la percepción de que todos los receptores de ayudas son propensos al fraude, a pesar de que, según datos del propio Gobierno Vasco, este es prácticamente inexistente, con una tasa del 0,2%.

Mientras tanto, la «Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2022» revela que un tercio de la población de la Comunidad Autónoma Vasca se enfrenta a serias dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, con un 22,3% de la población en riesgo de pobreza, lo que equivale a 159.737 personas.

Esta ofensiva del Gobierno Vasco (EAJ-PNV-PSE-EE) contra las familias empobrecidas, en el marco de la última reforma de la RGI, pone de manifiesto su política económica, que prioriza a los grandes grupos económicos del País Vasco, donde se genera más fraude, mientras persigue y estigmatiza a quienes tienen menos recursos.

La plataforma Berri-Otxoak, contra la exclusión social y por los derechos sociales, rechaza de manera contundente esta medida inaceptable y continuará exigiendo la derogación de la actual Ley 14/2022, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

¡No a la criminalización de la pobreza!