Hace unas semanas se aprobó la reforma de la RGI presentada por la derecha vasca (PNV-PSE) con el apoyo de Podemos y la abstención de EH Bildu.

Desde el primer borrador de la ley y pese a ser anunciadas a bombo y platillo las supuestas mejoras que conllevaría en los medios de comunicación, en Berri-Otxoak fuimos conscientes de que su enfoque no estaba orientado a librar del empobrecimiento y la precariedad a los sectores más vulnerables, sino a disminuir el número de personas y familias perceptoras al precio que fuera, a costa incluso de vulnerar su derechos humanos y fundamentales siempre que esa vulneración institucional pueda ser invisibilizada al resto de la sociedad.

Ahora comenzamos a ver de primera mano y con gran preocupación las consecuencias de la aprobación de dicha reforma, legitimada por el voto favorable de Podemos, a través de las personas que se acercan a nuestra oficina alternativa de información.

Una de estas preocupantes consecuencias son los registros ilegales que está llevando a cabo la Ertzaintza en los domicilios de las personas titulares de la RGI de manera generalizada, antes inclusive de que esta reforma esté desarrollada, lo que está implicando que las familias perceptoras vivan auténticas situaciones de estado de excepción.

Lo que antes de la reforma era una circunstancia inusual que llevaba a cabo una trabajadora social o un policía municipal se ha convertido en el procedimiento habitual, encomendada ahora a la policía autonómica.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio se está quebrantado mediante coacción bajo la excusa de acreditar la residencia efectiva de las personas titulares de la prestación, aunque dicha residencia efectiva podría acreditarse legalmente con facturas de agua, luz y/o gas, o con una declaración jurada de las personas vecinas.

No obstante y dicho sea de paso, Lanbide no parece tener ningún interés en concretar cuáles son a su criterio los consumos mínimos que acreditarían dicha residencia, ni tampoco en dar validez a las declaraciones juradas que realicen las personas vecinas de las perceptoras atestiguando que éstas residen en su misma comunidad. Más bien pareciera que se quiere «dar caza» a las personas perceptoras como sea y a cualquier precio.

Cuando los agentes llaman a la puerta del domicilio de la persona solicitante o titular de las prestaciones gestionadas por Lanbide, podría negarles la entrada si no le presentan una autorización de entrada y orden de registro (tal y como recoge la ley) o podría dejarles pasar.

Si escogiese la primera opción, los agentes no podrían entrar a su domicilio, pero la persona solicitante y/o titular se encontrará con un informe desfavorable de por parte de la Ertzaintza por haberse acogido a su derecho (he aquí la coacción antes mencionada). Si por el contrario les permitiera pasar, hurgarán en su colgador y en los armarios y cajones de toda estancia en busca de prendas o enseres que demuestren la supuesta residencia de otras personas que la titular no haya declarado en su unidad convivencial para retirarle así la prestación, amparados por el principio de veracidad del que gozan.

En resumidas cuentas: que si usted es una persona que solicita o percibe una prestación social y trata de ahorrar energía, tiene un trabajo que le exige disponibilidad completa, con horarios desordenados y un sueldo ridículo; un fondo de armario poco normativo, discrepancias con algún vecino, o está jubilada y pone un cepillo de dientes a disposición de ese hijo que trabaja a jornada partida cerca de usted, que aprovecha para saludarla, su panorama es que se encontrará con se denegará su solicitud presentada para acceder a una prestación social; en caso de percibirla, se la retiraran.

Dejando a un lado el sarcasmo tan necesario para afrontar los cada vez más crudos testimonios que llegan a nuestra oficina, no nos tragamos el caramelo envenenado del incremento en las cuantías (que no han recuperado el recorte sufrido en 2012), ya que tal y como sospechamos, van acompañadas de normas regresivas y difíciles de modificar que endurecen los requisitos dejando a muchísimas familias más de las que ya pudiera haber antes de esta reforma sin poder ser auxiliadas por la RGI en cualquiera de sus modalidades (complemento de pensión, renta complementaria de ingresos de trabajo o ayuda para personas en situación de desempleo) tal y como venimos observando.

Cosechadas las loas y aplausos tras el fastuoso anuncio de la victoria inventada frente a la pobreza, llegará la rebaja de cuantías cuando convenga a la élite politiquera, tal y como hizo Gemma Zabaleta (PSE) reduciéndola un 12% cuando aún estaba indexada al SMI.

Las prioridades de la derecha vasca en materia social no nos pillan por sorpresa. Sí lo han hecho, sin embargo, las de la izquierda; Podemos legitimando esta reforma y EH Bildu absteniéndose.

Las familias precarizadas no pueden comer equilibradamente, tienen peor salud física, no pueden garantizarse un techo, no pueden invertir en educación, sufren mayores tasas de violencia por su situación de vulnerabilidad, pero a través de las instituciones se las puede culpar de su circunstancia, se las puede coaccionar, se puede entrar a sus domicilios y hacerles creer a ellas y a sus vecinas que algo habrán hecho para merecer este trato.

¿Se puede ser demócrata imponiendo desde el Gobierno Vasco y Lanbide el estado de excepción a una población cada más más empobrecida, vulnerable, precarizada y que aumenta cada día?

Artículo de opinión de Berri Otxoak publicado en varios medios de comunicación vascos y que tanto Erletxea como Baladre nos sumamos a lo aquí expuesto. Una vez más la respuesta de las instituciones y políticos es la criminalización de las personas empobrecidas y la protección a ultranza de las enriquecidas con nuestro empobrecimiento.