El Gobierno de la comunidad autónoma vasca recorta desde este martes las ayudas a la vivienda para las familias precarizadas y empobrecidas. El Decreto que desarrolla la Ley de Vivienda en la CAV contempla un importante recorte en el acceso a las prestaciones destinadas a pagar el alquiler. Desaparece la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide y las Ayudas de Emergencia de los servicios sociales para instaurar una única ayuda para el alquiler: la Prestación Económica de Vivienda.

No a la criminalización de la pobreza, no a esta ley de Garantía de Ingresos

El pasado 29 de marzo de 2023, entró en vigor la ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que supone la derogación total de la actual legislación de la RGI, PCV, Convenios de Inclusión Activa y AES, que estaba en vigor desde 2008.Ley que salió adelante el pasado 29 de diciembre de 2022 con los votos favorables de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos y con la abstención de EH Bildu.

Hace unas semanas se aprobó la reforma de la RGI presentada por la derecha vasca (PNV-PSE) con el apoyo de Podemos y la abstención de EH Bildu.

Berri Otxoak.- Poco después de la publicación de la nueva ley de la RGI, se han sucedido las noticias que califican este nuevo documento como un avance respecto a la ley anterior.

Una decena de colectivos sociales de Bizkaia advierten a Elkarrekin-Podemos contra su apoyo a los presupuestos de PNV-PSE que recortan la RGI

Una decena de organizaciones sociales de Bizkaia han suscrito una declaración conjunta que advierte a Elkarrekin-Podemos contra su intención de respaldar en el Parlamento Vasco los presupuestos para el año 2020 elaborados por el Gobierno de coalición de PNV y PSE. Las asociaciones argumentan que las cuentas representan al menos 300 millones de euros de recorte para las familias pobres en Euskadi sólo en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Se ha desarrollado una iniciativa ante la sede del PNV en Barakaldo en denuncia del pacto con el PSE para recortar en un 2% el presupuesto para las ayudas económicas municipales mientras se dispara a 1,8 millones el gasto en sueldos de políticos, asesores y cargos de confianza del gobierno local.

Recorte que también comporta que durante 4 meses no se pueda pedir ninguna ayuda de emergencia en la localidad al cerrarse el 24 de octubre el plazo de solicitudes.