No a la criminalización de la pobreza

imagenNo a la criminalización de la pobreza, no a esta ley de Garantía de Ingresos

El pasado 29 de marzo de 2023, entró en vigor la ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que supone la derogación total de la actual legislación de la RGI, PCV, Convenios de Inclusión Activa y AES, que estaba en vigor desde 2008.Ley que salió adelante el pasado 29 de diciembre de 2022 con los votos favorables de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos y con la abstención de EH Bildu.

Ley que implanta nuevos sistemas punitivos y de control, mediante la creación de un nuevo cuerpo de inspectores e inspectoras de Lanbide, con una plantilla inicial de 25 personas, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad. Por este motivo se ha realizado una concentración ante el Parlamento de Vasco en exigencia de la suspensión de las medidas que solo buscan la criminalización de las personas pobres y una ley que acabe con la pobreza de una vez por todas.

Comunicado

Hoy, 29 de marzo de 2023, entra en vigor la ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que supone la derogación total de la actual legislación de la RGI, PCV, Convenios de Inclusión Activa y AES, que estaba en vigor desde 2008.

Esta ley salió adelante el pasado 29 de diciembre de 2022 con los votos favorables de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos y con la abstención de EH Bildu, a pesar del amplio rechazo social que suscitaba, rechazo trasladado también por la Carta por los Derechos Sociales de Euskal Herria tanto en comparecencia parlamentaria como en movilizaciones en la calle previamente a la aprobación de la ley.

Esta ley es la quinta que se aprueba desde 1989, y no trae ninguna novedad en el modelo de lucha contra la pobreza, es más de lo mismo, pero con varias cuestiones centrales que nos preocupan y que vamos a combatir desde hoy mismo que entra en vigor la ley:

  • Esta ley implanta nuevos sistemas punitivos y de control, mediante la creación de un nuevo cuerpo de inspectores e inspectoras de Lanbide, con una plantilla inicial de 25 personas, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de su actividad inspectora. Esta medida es totalmente incomprensible cuando el fraude entre las personas perceptoras de la RGI es ridículo, inferior al 0,7%, solo busca la criminalización y estigmatización de las personas pobres que ejercen su derecho a cobrar prestaciones sociales.
  • La nueva ley no elimina el recorte del 7% de las cuantías de la RGI que impuso el Gobierno Vasco por vía presupuestaria en 2012, y cambia el modelo de cálculo de las cuantías, que en todos los casos son menores que las que resultarían de la aplicación de la ley de 2008 sin recorte alguno ni desvinculación del SMI.

Denunciamos, a su vez, que todas las mejoras que vende el gobierno vasco y quienes avalan una ley que no está pensada en ningún caso para acabar con la pobreza, tienen letra pequeña y deberían ser mejoras no condicionadas a requisitos que dificultan el acceso a la RGI:

  • La rebaja de la edad para tener derecho a la RGI, desde los 23 años actuales a los 18, está ligada a una gran cantidad de condiciones que deberán reunir las personas a partir de los 18 años para poder percibir la RGI, y que en la mayoría de los casos no podrán reunir.
  • La reducción de los 3 años de empadronamiento a 1 sólo afectará a las familias con menores o personas discapacitadas.
  • La eliminación del límite de 2 unidades de convivencia por vivienda pudiendo cobrar la RGI está ligada a un recorte de todas las RGI de esa vivienda en un 15%.

Desde la Carta venimos denunciando que en la situación actual está creciendo el empobrecimiento de amplias capas de la sociedad, y hemos reclamado un cambio de dirección en las políticas públicas para abordar de raíz esta situación y en pos de unas condiciones de vida dignas. Por ello, solicitamos la suspensión de las medidas que solo buscan la criminalización de las personas pobres y reivindicamos una ley que acabe con la pobreza de una vez por todas. Tenemos claro que es una cuestión de voluntad política, y desde la Carta por los Derechos Sociales de Euskal Herria seguiremos presionando para que se garantice una vida digna para todas las personas, con movilizaciones como la realizada hoy frente al Parlamento Vasco.

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