El pasado miércoles se cumplió el décimo aniversario de la trágica muerte de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña, la cual se suicidó en el momento que iba a ser desalojada de su vivienda. A lo largo de estos diez años 2.000 familias de Barakaldo han sido desahuciadas. En concreto, 2.027 familias han sido desalojadas de sus casas.
Los recortes del equipo de gobierno a las ayudas de emergencia conlleva que se dificulte a decenas de familias el acceso a una vivienda digna.
El Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la precariedad y la pobreza Berri-Otxoak y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT se concentraron ante el palacio de justicia de Barakaldo para recordar y homenajear a Amaia Egaña.
La vecina del municipio Amaia Egaña se quitó la vida un 9 de noviembre del año 2012 cuando iba a ser desalojada de su vivienda. Pasados diez años los desahucios siguen vigentes al igual que la falta de una alternativa habitacional para las familias barakaldesas afectadas.
Las organizaciones sociales y sindicales han informado que un total de 2.027 familias han sufrido en la localidad el desahucio de su vivienda a lo largo de los últimos diez años y que en promedio, son cuatro las familias barakaldesas que cada semana padecen esta situación. El 87% de ellas, de una vivienda en alquiler; algunas incluso de la habitación en la que residen, así de grave es problema del acceso a una vivienda en el municipio.
Ante este luctuoso aniversario las entidades barakaldesas “demandamos la aplicación del protocolo frente a los desahucios, y que tras la muerte de Amaia Egaña, se acordó en 2013 y renovado en febrero de 2019 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, que establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice el acceso a una vivienda en régimen de alquiler social”, han indicado las asociaciones promotoras del homenaje.
Ante el décimo aniversario del suicidio de Amaia Egana y la realidad de incrementos de precios de alquileres e hipotecas “las organizaciones sociales y sindicales barakaldesas han exigido el acatamiento institucional de las resoluciones del Defensor del Pueblo-Ararteko, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que obligan a ofertar una alternativa habitacional a todas personas y familias desahuciadas, y más cuando estas tienen menores a cargo.”
Colectivos y sindicatos instan al equipo de gobierno de Barakaldo a “dar marcha atrás a su política de recortes en el acceso a las ayudas de emergencia e incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales para frenar el riesgo de desahucio, pues un 68% de estas prestaciones se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual; además de mantener el plazo de solicitudes abierto durante los 12 meses del año, tal como lo regula la ley, pues el 3 de noviembre se cerró dicho plazo hasta, como mínimo, cuatro meses».
Del mismo modo, se ha exigido a las Administraciones públicas que apuesten por la vivienda en alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias desahuciadas.
Colectivos sociales y sindicales de Barakaldo
Argitan, Centro Asesor de la Mujer; Berri-Otxoak, plataforma contra la pobreza y por los derechos sociales
ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT
Barakaldo, miércoles 9 de noviembre de 2022
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