Frente a los retrasos, la falta de información y la aplicación parcial, RECLAMACIÓN de un verdadero derecho, individual, incondicional y suficiente.
A pesar de la campaña “Por una Renta Básica al País Valencià”, organizada por una veintena de colectivos sociales en otoño de 2016, y con más de 8.000 firmas recogidas.
A pesar de la propuesta alternativa que algunos de estos colectivos presentamos en les Corts en octubre de 2017.
En diciembre de ese mismo año se aprobó la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión sin recoger ninguna de nuestras propuestas y en Abril de 2018, hace ya un año, comenzó a aplicarse.
Comenzó a aplicarse una ley con muy bajo presupuesto para llevar a cabo el objetivo que decía buscar, resolver el problema de la pobreza en el País Valencià, cerca de 500.000 personas.
Una ley muy poco publicitada para evitar una avalancha de solicitudes, así lo reconocían en privado, en reuniones con colectivos sociales, algunos gestores de su aplicación.
Una ley que inició su andadura con una aplicación parcial, solo 2 modalidades de las 4 contempladas (desde hace pocos días son ya 3 las aplicadas y la cuarta tiene que esperar hasta mayo de 2020), con las consiguientes personas que quedan sin posibilidad de obtenerla.
Una ley con un mecanismo de tramitación oscuro que está generando retrasos injustificados, demoras que afectan a personas de carne y hueso que se hallan en situaciones de extrema vulnerabilidad y, a algunas de ellas, los servicios sociales les niegan ayudas de emergencia porque, según les dicen, no las necesitan pues van a cobrar la renta valenciana de inclusión con los atrasos correspondientes.
Y por último, con un modelo de solicitud engorroso e intervencionista en la vida privada de las personas, el cual debería cambiarse por uno más sencillo y respetuoso.
Alia, Ana Belen, Antoni, Aouatif, Apolonio, Carmen, Fátima, Ismael, Itto, Juan Carlos, Juan José, Julián, Laura, Tania y muchas más que desconocemos, son personas que han solicitado la Renta Valenciana de Inclusión. Son personas que tras rellenar una solicitud larga y complicada, y acompañarla de la abundante documentación requerida, llevan esperando (entre 7 y 11 meses) sin saber nada de su solicitud y sin cobrar.
Son personas con dignidad que no son responsables de su situación, muchas de ellas con hijos a cargo. Son personas, no números de un expediente, que sufren la lentitud y a veces la desidia de la administración. Son personas, en definitiva, privadas de un mínimo vital para poder subsistir.
¡¡¡¡No más retrasos, No más burocracia!!!
¡¡¡ Por una Renta Valenciana de Inclusión que sea un verdadero derecho, individual, incondicional y suficiente !!! o lo que es lo mismo por la Renta Básica de las Iguales y mucho más
Noticia relacionada:
- Inicie sesión para comentar