En defensa de los derechos sociales…

En la mañana de ayer 1 de octubre colectivos sociales, personas y familias afectadas por el envío masivo de 10.000 cartas por parte de Lanbide se han concentrado ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao bajo el lema "No a la criminalización de la pobreza. Eskubide sozialen defentsan" para denunciar que el procedimiento iniciado por el Servicio Vasco de Empleo se ha desarrollado sin ninguna garantía para las familias afectadas.

Murrizketarik EZ!!

Cabe destacar que los políticos que gestionan las principales instituciones de la CAPV han decidido atacar y criminalizar a las personas perceptoras de las prestaciones sociales: desde las instituciones alavesas gestionadas por el PP a las administraciones a cargo del PNV: Ayuntamiento de Bilbao o la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

A través de poner el foco en la persecución pública, mediática y policial de las personas perceptoras de las diferentes prestaciones sociales existentes en la CAPV se trata de justificar los continuos recortes, malas prácticas, el caos y el desbarajuste diario existente en las oficinas de Lanbide.

COMUNICADO DE PRENSA

Hoy, 1 de octubre, nos concentramos para denunciar un intento de engaño, que supone un recorte de derechos a las personas perceptoras de RGI y PCV mediante el envío de 10.000 cartas con una comunicación de cobro de supuestas cantidades indebidamente pagadas en concepto de prestaciones sociales.

Dicho engaño consiste en mandar una carta de pago sin razonar ni las cantidades ni los periodos y conceptos, exigiendo el pago a ciegas de ciertas cantidades sin ofrecer tampoco el derecho básico a la alegación y recurso, esto supone una vulneración de los derechos que les asisten a esas 10.000 familias.

En base a estos hechos personas afectadas por esta vulneración de derechos; y las organizaciones abajo firmantes:

1. Recomendamos a las personas que han recibido dicha carta que no paguen, ya que este procedimiento se ha iniciado sin ninguna garantía. LANBIDE de forma consciente ha provocado una situación de total indefensión.
   
   
2. Denunciamos que esta situación viene provocada por el desbarajuste y caos existente en LANBIDE; lo que provoca que los expedientes tarden en actualizarse una media de 16 meses.
   
   
3. Por todos estos motivos, y a través de la movilización desarrollada esta mañana, las personas afectadas por los recortes de LANBIDE iniciarán una campaña de desobediencia.
   
   
4. Denunciamos el engaño premeditado de LANBIDE con el envío de una carta que solo tiene como objetivo evitar el procedimiento legalmente establecido y ocultar todas las deficiencias e incapacidades de sus gestores; haciendo recaer la culpa sobre los y las perceptoras de las prestaciones sociales. Sumándose LANBIDE -de forma consciente- a la campaña de criminalización constante sobre las personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo.
   
   
5. Denunciamos que el coste total hecho público de supuestos pagos indebidos no puede contabilizarse en 56 millones de euros establecidos por el Gobierno Vasco; si no se da la posibilidad de alegar y recurrir a las personas perceptoras y sin haber informado previamente de las cantidades, conceptos y meses a los que se refiere el supuesto pago indebido. Esa cantidad tiene más de propaganda que de realidad, ya que es la estimación interesada de una administración que a lo largo de estos años ha dado muestra constante de sus errores y vulneración de derechos.
   
   
6. Denunciamos el estado de angustia al que se ha sometido a miles de familias, sin posibilidad de información más allá de una simple carta. Los métodos de comunicación previstos -teléfono y un correo electrónico- están saturados de forma permanente; y es imposible contactar con LANBIDE a través de ellos. Desde un principio no se tenía intención de informar a esas diez mil personas sobre los derechos que les asisten. Tanto en las oficinas, como en la página web, no se ofrece ningún tipo de información; es más, el propio consejero en intervención pública ha repetido el contenido de la carta sin dar más explicaciones.
   
   
7. Denunciamos que se oculte a la sociedad que la mayor parte de ese montante -no contrastado- no corresponde a la responsabilidad de las personas usuarias de LANBIDE -que diligentemente han entregado en forma y tiempo la documentación requerida-. Sino al mal funcionamiento premeditado del propio LANBIDE, que utiliza la situación generada como parte de su campaña para seguir recortando derechos y buscando excusas para que la ciudadanía apoye sus actuales políticas de recortes sociales.
   
   
8. Exigimos la rectificación publica, el compromiso de cumplir la legalidad  y la dimisión de los responsables de dicho envío masivo de cartas, y en ultima instancia del Consejero de empleo y asuntos sociales Juan Maria Aburto, cuyo único objetivo ha sido engañar a las personas perceptoras de las prestaciones sociales gestionadas por LANBIDE mediante un lenguaje confuso y coercitivo. A la par que, y tras dos años de amenazas constantes y donde miles de personas han visto suspendidas sus prestaciones de manera ilegal, se ha generado un caldo de cultivo para que el miedo impida a los y las afectadas por este engaño del Gobierno Vasco a ejercer sus derechos.

Personas afectadas y colectivos sociales de Bizkaia:
Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Asociación Trabajadoras Hogar, Brujas y Diversas, Berri-Otxoak, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo.