Cuatro meses sin AES. El Ayuntamiento de Barakaldo suspende ilegalmente durante cuatro meses la tramitación de ayudas sociales

Solapas principales

imagenEn protesta contra la suspensión ilegal de la tramitación de las ayudas de emergencia social nos hemos concentrado delante del ayuntamiento, durante la celebración del pleno municipal. El próximo 21 de octubre se cierra el plazo de solicitudes para el acceso a las prestaciones económicas municipales: las familias con dificultades para cubrir sus necesidades básicas no podrán demandar durante cuatro meses ningún tipo de ayuda.

El gobierno local, está aplicando la denegación de ayudas de emergencia o el recorte de sus cuantías, como estableció y reconocía vía normativa, al no existir un presupuesto suficiente para atender todas las demandas y necesidades de las familias del municipio.

El Ayuntamiento de Barakaldo suspende ilegalmente durante cuatro meses la tramitación de ayudas sociales

Ante la celebración del pleno municipal denuncian que de forma ilegal se cierra el plazo de acceso a las ayudas de emergencia en la localidad desde el 21 de octubre hasta, al menos, mediados de febrero del próximo año. Durante el plazo de solicitud el gobierno local ha denegado ayudas de emergencia o recortado las cuantías vía normativa municipal por no haber presupuestado una suma suficiente para atender las situaciones reales de necesidad sufridas por las familias del municipio. Berri-Otxoak critica que el gobierno local no priorice la cobertura de necesidades básicas pese al aumento de familias en situación de precariedad que ha dejado la pandemia del covid-19.

Coincidiendo con la celebración telemática en la tarde de este jueves del pleno del Ayuntamiento de Barakaldo y en protesta contra la suspensión ilegal de la tramitación de las ayudas de emergencia, la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak ha instalado un “vacunódromo” ante el consistorio fabril para inmunizar a las familias barakaldesas de la pandemia de recortes y malas prácticas del Gobierno municipal.

Desde la asociación barakaldesa denuncian que el equipo de gobierno local ha decidido, “de manera ilegal”, suspender durante cuatro meses la tramitación de las ayudas sociales de las que dependen cientos de familias para sobrevivir, negándoles cualquier solicitud de ayuda durante este periodo de tiempo.

Este nuevo recorte ha motivado la protesta de la plataforma, cuyas integrantes se han caracterizado de personal sanitario y equipadas con camillas, estetoscopios, jeringuillas gigantes e instrumental quirúrgico han instalado un “vacunódromo” simbólico para “vacunar a las familias barakaldesas contra la lacra de recortes a las ayudas de emergencia y prevenirlas sobre la desatención absoluta de al menos cuatro meses que procederá a partir de la fecha del cierre”.

La obligación de mantener abierto el plazo de solicitud de estas prestaciones durante los doce meses del año, recogida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas vuelve a ser vulnerada más flagrantemente si cabe, puesto que este año, el día de la suspensión se ha adelantado al 21 de octubre; dos semanas antes que el pasado año.

Otra de las ilegalidades perpetradas por el gobierno local ha consistido en «coaccionar a las familias solicitantes de ayudas municipales a elegir entre pagar los gastos de acceso a la vivienda habitual (alquiler o hipoteca) o cubrir sus necesidades más básicas, como alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista u oculista, entre otros) o los gastos de comunidad, luz y agua», cuando las familias tienen pleno derecho de solicitarlas en todos aquellos conceptos que así lo consideren, tal y como ha señalado el Defensor del Pueblo-Ararteko.

«Este nuevo retroceso en los derechos sociales no es producto de la casualidad: el gobierno local está aplicando la denegación de ayudas de emergencia o el recorte de sus cuantías vía normativa municipal al no presupuestar una suma suficiente para atender todas las demandas y necesidades fundamentales de las familias del municipio» ha puntualizado la asociación.

Esta política de recortes también conllevará que desde el gobierno local se puedan denegar solicitudes de ayudas de emergencia a familias con alguna persona empleada en el régimen de autónomos que sea propietaria del local donde desarrolla su actividad laboral, así como a familias que dispongan de un vehículo en propiedad.

El colectivo considera «impúdico y negligente que ante el agravamiento de la situación socio-sanitaria causada por el covid-19, el gobierno local decida continuar practicando irregularidades con total impunidad y evadirse en su responsabilidad de ofrecer soluciones reales a las cada vez más familias en situación de precariedad que está dejando el contexto de la pandemia».

Barakaldo, 30 de septiembre de 2021

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