15-M SERRANÍA DE RONDA. En pocas palabras.- En el año 2018, unos diez millones de euros, 1 de cada 7 euros, se dedicaron a conciertos privados, cantidad similar al gasto sanitario de Andalucía (8,5 millones de habitantes). Existen grandes variaciones por territorios, así Cataluña dedica a conciertos privados, uno de cada cuatro € de su presupuesto. La dependencia de los hospitales privados del presupuesto público es clara.

En 2016, uno de cada cuatro € ingresados por estos hospitales provino de presupuestos públicos. Por otra parte, los privados religiosos” facturan al año unos 4.000 millones de €, y gestionan más del 27 % de las camas privadas existentes a nivel estatal. (Fuente: Todos los datos de esta publicación pertenecen a la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública –CAS-)

Por otra parte, hay evidencia que demuestra que ser atendido en un hospital con ánimo de lucro, aumenta las probabilidades de muerte respecto a ser atendido en un hospital público en un 2% en adultos, un 8 % en pacientes crónicos y un 9,5 % en recién nacidos.

La atención primaria de salud tiene su fundamento principal en la actuación sobre los factores que inciden sobre la salud colectiva. Sin embargo, tras décadas de funcionamiento, ha acabado centrándose en los aspectos clínicos, olvidando la actuación sobre los determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Paralelamente ha sufrido más recortes que la atención especializada, dedicándosele, de media, apenas un 14% del presupuesto, cuando se debe de dedicar a ella, como mínimo, el 25 % del presupuesto sanitario de cada territorio, incluyendo atención integral a la reproducción y a la sexualidad, así como atención odontológica y gerontológica.

Según el INE, el porcentaje de población mayor de 65 años se sitúa actualmente en el 19,2% y se prevé que en 2050 alcance el 30%, con 4 millones de mayores de 80 años. La OMS recomienda una ratio (ya de por sí insuficiente) de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. La media en el estado español (con variaciones según CCAA) es de 4,21%, por lo que sería necesario crear 70.000 plazas para cumplir con dichas recomendaciones. El negocio geriátrico facturó más de 4.500 millones de euros en 2018, con un crecimiento del 4% interanual desde 2016. La normativa en materia de dependencia y residencias geriátricas favorece la explotación laboral en detrimento de la calidad asistencial.

El gasto farmacéutico supone alrededor del 20 % del gasto sanitario total y está en permanente ascenso. En España se consumen un 50% más fármacos que el promedio de la UE. Es más que dudoso que los cerca de 20.000 millones de euros de dinero público que van a parar cada año a las grandes empresas del sector respondan a legítimos objetivos de salud.

La crisis del coronavirus ha destapado la situación del sistema sanitario en el estado español: atención primaria sin medios para contener la epidemia, hospitales colapsados con pacientes por los suelos, profesionales obligados a decidir a quién intentaban salvar la vida por falta de respiradores, residencias de ancianos en las que los infectados y las muertes sin atención han sido la tónica general.

Hay responsables políticos que aprobaron la Ley 15/97 o la mantuvieron, sindicatos domesticados que no han defendido el interés general, empresas y fondos de capital riesgo que se han estado lucrando con estas privatizaciones, jueces que no han visto ningún problema en las leyes que desmontaban la sanidad,… y la gran mayoría de la población que se mantuvo en silencio mientras todo esto ocurría pensando que no le afectaba. Todos y todas hemos perdido o conocido a alguien que ha muerto por falta de asistencia o deficiencias en la atención.

No podemos volver a la situación de partida en la que ya el sistema estaba desmantelado. En junio de 2019, según cifras oficiales, convenientemente maquilladas, casi 700.000 personas esperaban una intervención quirúrgica, y 2.400.000 la primera consulta con el especialista. Mientras, los seguros privados (esos que han desaparecido en la pandemia), no han parado de crecer y hacer caja a nuestra costa.

Ahora no queremos promesas de blindaje en la Constitución, ni comisiones parlamentarias, ni libros blancos para “reconstruir la sanidad”… elaborados por los que nos han llevado a esta situación. Estamos obligados a salir a la calle. No un día, ni dos, sino todos aquellos que sean necesarios para obligarles a blindar la sanidad, revertir lo privatizado, expulsar al ánimo de lucro de la atención sanitaria, establecer un sistema digno de cuidado de nuestros mayores. Para que nuestro dinero se dedique a garantizar el interés general.