Denunciamos que el Ayuntamiento y Lanbide “hacen oídos sordos” a las peticiones del Ararteko sobre ayudas sociales y RGI. La defensoría del pueblo pide que se flexibilice la presentación de documentación. Berri-Otxoak, al igual que el Ararteko, advierte de la exclusión que genera a familias sin recursos la falta de atención presencial y la exigencia de realizar gestiones por internet. La plataforma pide que se refuerce la atención presencial, con mayores horarios y espacios que garanticen la protección frente al virus para usuarios y trabajadores de Lanbide.

La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak, de Barakaldo, ha denunciado que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y el Ayuntamiento de Barakaldo están “haciendo oídos sordos” ante las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo-Ararteko para que se flexibilicen las condiciones que se exigen a las familias para acceder o mantener la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y las ayudas sociales municipales.

Al respecto, el colectivo barakaldés critica que, “en este período de confinamiento por el coronavirus Covid-19, las dos instituciones públicas están suspendiendo prestaciones, solicitando documentación o denegando el acceso a la RGI y ayudas, justo cuando más necesarias para que las familias puedan llegar a fin de mes”.

La plataforma ha registrado desde la declaración del estado de alarma decenas de llamadas para denunciar la actuación de Lanbide y del Ayuntamiento: “no se da trámite de audiencia, se requiere ampliar de documentación, se suspender plazos, las oficinas están cerradas y se obliga a hacer trámites telemáticos para los muchos solicitantes no están preparados o carecen de dispositivos y conexión debido precisamente a su carencia de recursos”.

“Las peticiones de la ciudadanía en Barakaldo son las mismas que reflejan los informes del Ararteko ante la crisis del Covid-19, que describen ‘la preocupación de las personas más vulnerables por la ausencia de ingresos para hacer frente a las necesidades más básicas, por la tardanza en tener una respuesta o bien el temor a que no puedan percibir las ayudas previstas a tiempo, y llaman la atención sobre los problemas emergentes como es el de la documentación exigida y la compatibilidad entre las distintas prestaciones económicas”.

“La defensoría del pueblo confirma, como ha venido denunciado Berri-Otxoak, la ‘denegación, suspensión o extinción de las prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda (RGI/PCV), o con la denegación de ayudas de emergencia social’, que no hacen sino agravar las ‘serias dificultades para hacer frente a las necesidades más básicas”.

Ante esta realidad Berri-Otxoak ha exigido al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento que “no se suspenda ninguna prestación y de manera urgente flexibilice y, como pide el Ararteko, facilite los trámites y condiciones para que puedan acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y ayudas sociales las decenas de miles de familias vascas que no disponen de recursos económicos suficientes y sobreviven en la precariedad”.

Desde Berri-Otxoak se insta, también, al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y el Consistorio a que, “durante el periodo de la cuarentena, paralice cualquier medida que suponga la suspensión de prestaciones y que se dejen también sin efecto las suspensiones, ya que las familias no tienen actualmente la posibilidad real de presentar alegaciones y recursos”.

A este respecto, la plataforma ha “alertado de que hay miles de familias que se están viendo perjudicadas y con angustia por temor a perder la RGI o por no poder tramitarla debido a la reducción de la atención en Lanbide durante este periodo de aislamiento, así como a las dificultades para conseguir en estos momentos toda la documentación exigida, ya que organismos y bancos están cerrados al público”.

Esta organización barakaldesa ha puesto el acento en que todas las solicitudes de RGI y ayudas sociales que las familias en situación de pobreza realicen en este periodo sean aprobadas de manera automática y de forma provisional. “Durante esta cuarentena, Lanbide y el Ayuntamiento deben dar por aprobadas las solicitudes de RGI y ayudas sociales en el mismo momento en que las familias las realizan”.

“Con la prohibición de salir a la calle y la reducción de servicios en Administración y en entidades bancarias, no se puede exigir a los solicitantes documentación que es prácticamente imposible conseguir. En lugar de pedir certificados oficiales, se debe aceptar, en este periodo, la declaración jurada sobre el número de miembros que componen la unidad familiar y sobre la cantidad que se paga en concepto de hipoteca o alquiler por el piso”.

“Hay que tener en cuenta que el Ararteko destaca que la suspensión de la atención presencial en las oficinas de Lanbide y en los servicios sociales municipales está afectando a la población más vulnerable, que acudía a las oficinas de manera presencial y que no dispone de destrezas informáticas o de dispositivos electrónicos”.

Berri-Otxoak, en esta línea, ha pedido que Lanbide y los servicios sociales municipales amplíen la atención presencial en sus oficinas y que también se extiendan los horarios para poder ayudar a las familias que viven situaciones dramáticas de supervivencia en estos momentos”.

Del mismo modo, el colectivo reclama que “las oficinas para estas gestiones sean acondicionados para las actuales circunstancias, con desinfección y mayor higiene en los locales, así como una regulación de las citas para que sea posible mantener la distancia de seguridad entre las personas para prevenir el contagio por Covid-19”.

“La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak considera que el Gobierno Vasco, la Diputación y los Ayuntamientos tienen la obligación legal y moral de asegurar que las familias más desfavorecidas, que suponen decenas de miles de menores, víctimas de malos tratos o viudas, no van a sufrir aún más porque la Administración no sabe ni puede gestionar adecuadamente la situación de emergencia que está suponiendo la pandemia”.

Barakaldo, 29 de abril de 2020.