En la mañana del martes 7 de junio, una decena de personas han iniciado en el Arenal un ayuno solidario; el cual se desarrollará por espacio de 30 horas. Ayuno que están efectuando personas solidarias y afectadas por los recortes contemplados en la “Ley de Vivienda”; y el “Decreto” que la desarrolla.

Esta iniciativa se realiza antes de la reunión prevista en las oficinas centrales del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide en Bizkaia con el Consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Ángel Toña. Hay que tener en cuenta que a esta reunión acudirá una delegación de estas personas en huelga de hambre.

En concreto, a través de esta protesta se quiere visibilizar las amplias bolsas de marginación existentes en nuestra sociedad. Así…

• En 2015 ha aumentado un 15% las circunstancias de exclusión social en la CAV; al pasar del 15,3% en 2014 al 17,6% de la actualidad, según los datos de la última “Encuesta de Condiciones de Vida” del Instituto Nacional de Estadística.
• A sumar que el 11% de la población se encuentra en riesgo de pobreza; con carencias materiales severas, un 4´6%; y un 14´3% con dificultades de acceso a un empleo. O que el 18% de las personas trabajadoras perciben salarios por debajo del umbral de pobreza.
• En total, más de un tercio de las familias vascas padecen entornos de pobreza severa y dificultades para el acceso o mantenimiento de la vivienda habitual.

Además, de denunciar las negativas repercusiones de aplicar los actuales recortes contemplados en la “Ley de Vivienda; y los recogidos en el “Decreto” que la desarrolla. Recortes que afectarían a las 30.000 familias que percibieron, en el 2015, la Prestación Complementaria de Vivienda tramitada desde Lanbide; y las 6.500 que optaron a las Ayudas de Emergencia Social para el acceso y mantenimiento de una vivienda en alquiler, gestionadas desde los ayuntamientos de la CAPV.

Comunicado: El Gobierno Vasco nos empuja a la precariedad: No al recorte de las prestaciones sociales

Bajo el pretexto de crear una nueva prestación económica destinada a cubrir las necesidades de vivienda, el Gobierno Vasco esconde una profundización de sus políticas de recortes ultra - neoliberales: la eliminación de la Prestación Económica de Vivienda (PCV) y de las Ayudas de Emergencia Social (AES), destinadas al pago de un alquiler.

Este recorte efectivo de derechos en el ámbito de las prestaciones sociales empobrecerá aún más a aquellos sectores sociales con menor renta disponible y en situación de mayor vulnerabilidad, dejando desatendidas las necesidades básicas de vivienda de amplios colectivos poblacionales.

En el año 2015, cerca de 30.000 unidades convivenciales percibieron la PCV y otras 6.500 las AES. Cuando entre en vigor el Decreto elaborado por el PNV y como se desprende de la Ley de Vivienda, aprobada en 2015 a iniciativa de PSE, EH BILDU y UPD, muchas de las personas que en la actualidad cumplen con los requisitos exigidos por Lanbide o que acceden a cobrar las AES, destinadas a cubrir el pago de un alquiler, perderán su derecho a reclamar una prestación económica.

Este recorte de derechos es consecuencia directa del endurecimiento de requisitos para acceder a la nueva prestación económica de vivienda. Entre las nuevas exigencias que surgen tanto de la Ley como del borrador de Decreto, se establece una antigüedad mínima de 4 años en el registro de inscripción de Etxebide como demandante de vivienda en régimen de alquiler y demostrar unos ingresos mínimos de 3.000 euros.

En la actualidad, para acceder a la PCV se exige únicamente una solicitud de inscripción en este registro, sin requisitos de antigüedad ni de ingresos mínimos.

La nueva prestación económica de vivienda dejará también sin cobertura a aquellas personas que habitan en alojamientos colectivos como pensiones o tengan suscritos contratos de pupilaje; y a quienes perciben la prestación de vivienda como complemento de ingresos de trabajo.  

Por otro lado, la Ley establece que el derecho subjetivo a percibir la prestación económica de vivienda se hará efectivo de manera escalonada. Durante el primer año de entrada en vigor de la Ley sólo tendrán acceso a la prestación los grupos convivenciales de 3 o más miembros (y que cumplan con los requisitos de antigüedad en Etxebide y de ingresos).
Durante el segundo año, podrán reclamar su derecho las unidades familiares de dos miembros y en el tercer año, las unipersonales. En el actual régimen de la PCV, todas las unidades convivenciales con derecho a cobrar la RGI pueden reclamar su prestación de vivienda.     

A su vez, esta política de recortes penalizará especialmente a aquellas personas que comparten piso.  Con el sistema de la PCV, cada unidad convivencial (de un máximo de hasta 2 por vivienda) tiene derecho a percibir los 250 euros estipulados por Lanbide, mientras que con la nueva prestación económica de vivienda, ese monto se verá reducido a la mitad.

Los Colectivos Sociales de Bizkaia continuamos demandado el reconocimiento efectivo por ley al acceso a una vivienda de alquiler social. Toda persona debería tener derecho al uso y disfrute de una vivienda adecuada, segura, cómoda y con servicios esenciales.

Hay que recuperar el valor de uso de la vivienda, situarla bajo lógicas no mercantiles y enmarcar el problema de la vivienda como un asunto colectivo, que no puede ser resuelto atendiendo a la lógica del mercado ni de la especulación. La regulación del mercado de los alquileres, el alquiler social, la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías deben ser acciones prioritarias para garantizar el acceso a la vivienda y su redistribución.

Ni las ley de vivienda aprobada por el Parlamento Vasco ni el borrador de decreto elaborado por el PNV garantizan este derecho ni crean alternativas habitacionales suficientes al margen de la lógica del mercado. Ni esta ley ni el decreto representan una respuesta efectiva al problema estructural de acceso a la vivienda ni contribuyen a disminuir las graves situaciones de precariedad habitacional en las que se encuentra buena parte de la población.

Los Colectivos Sociales de Bizkaia:

• Exigimos al Gobierno Vasco que retire el borrador de Decreto de Vivienda, y que renuncie a aprobar ninguna medida que suponga un recorte de los derechos y de las prestaciones sociales
• Exigimos al PSE, EH BILDU y UPD una rectificación de la Ley de Vivienda, que retire todos los recortes recogidos en la misma a la vez que nos reafirmamos en nuestras reivindicaciones, entre las que se encuentran la demanda de reconocimiento efectivo por ley al acceso a una vivienda de alquiler social, la priorización de la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías frente a las de nueva construcción y el inicio de un necesario proceso de desmercantilización de la vivienda, no sometido a las reglas del mercado y del capitalismo.
• Exigimos a las instituciones de Hego Euskal Herria un cambio radical de sus políticas y de sus formas de hacer política. Reivindicamos la participación social activa y poner la sostenibilidad de la vida en el centro del modelo socio-económico.

Colectivos Sociales de Bizkaia:
Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y PAH Bizkaia Kaleratzerik EZ/STOP Desahucios.