Marea Roja, Alacant.- Una ley, la de la Renda valenciana d'Inclusió, que aunque mejoraba la anterior, la Renta garantizada de ciudadanía, nació viciada por una visión de la pobreza como un problema individual de ciertas personas, nació concebida como una herramienta de inclusión social, gestionada por los servicios sociales municipales, cuando en realidad debería de ser una renta económica, una renta sin contraprestaciones y sin que pueda ser utilizada por los servicios sociales como mecanismo de reeducación de las personas empobrecidas.

Han pasado 21 meses desde entrada en funcionamiento y el caos en su gestión no se termina, sobre todo en aquellas poblaciones, como la ciudad de Alacant, en las que el gobierno municipal, de signo político contrario al gobierno de la Generalitat, no para de poner palos en la rueda a su aplicación. La falta de personal para agilizar su tramitación es una constante, como podemos comprobar al leer esta noticia de la Cadena Ser.

Mientras tanto, la Consellería no reacciona y traspasa la gestión al personal de la Consellería o, en último extremo, a las oficinas del Labora. Esta situación está generando mucha ansiedad, mucho dolor y desasosiego a las personas que lo solicitan.

Ante todo ello las gentes de las Asamblea de Personas afectadas por el Caos en la RVI, en la que Marea Roja Alacant participa, no para de protestar, reivindicar y proponer soluciones a corto y medio plazo. Propuestas que se encaminen hacia la implantación de la Renta Básica de las Iguales, modelo de Renta que consideramos la mejor medida para afrontar lo que nos está ocurriendo a mucha gente que estamos siendo expulsadas por este sistema criminal.

El pasado 20 de febrero volvimos a salir a la calle y celebramos una concentración en la plaça de l'Ajuntament d'Alacant, concentración acompañada de una rueda de prensa para denunciar lo que está ocurriendo y volver a plantear esas medidas que consideramos necesarias e imprescindibles.

TEXTO LEÍDO EN LA RUEDA DE PRENSA

Introducción.

Queríamos que esta rueda de prensa fuera un traslado a la opinión pública de una reflexión que en la asamblea hemos tenido sobre como abordar a partir de ahora el trabajo que estamos llevando a cabo con la RVI, pero los últimos acontecimientos nos obligan a cambiar de planes.

Punto 1.

Ayer nos despertamos con una noticia llena de CINISMO E HIPOCRESIA. El Partido Popular y Ciudadanos, los que gobiernan en esta ciudad pero no nos representan, van a presentar una declaración institucional exigiendo a la Consellería que acabe con el bloqueo a la RVI y que pague rápidamente los atrasos, pues la gente que lo ha solicitado no merece este trato. Hacen esto con todo el descaro del mundo cuando son ellos los principales responsables de los atrasos en esta ciudad.

Se olvidan que fueron ellos los que esperaron hasta mayo de 2019 para contratar a 67 trabajadores sociales de refuerzo, a pesar que la Generalitat había consignado en enero el dinero para su contratación. Iniciaron la contratación qué casualidad! cuando la noticia de que en el registro de este ayuntamiento se acumulaban en cajas unas 1.600 solicitudes saltó a la opinión pública.

Olvidan a su vez que fueron ellos quienes despidieron a ese equipo de refuerzo el pasado 31 de diciembre con la promesa de volver a incorporarlos a finales de enero, promesa que no han cumplido aunque desde la Generalitat esté consignada una cantidad de dinero para que ese refuerzo no sea de 67 personas sino de 94.

Son, digámoslo claro, los primeros pirómanos y ahora quieren hacerse pasar por bomberos

Punto 2.

Dicho esto la Consellería no está exenta de responsabilidad. Es la principal responsable pues suya es la ley y como ya hemos dicho en varias ocasiones esta ley no debería haberse gestionado a través de los ayuntamientos, por lo que de aquellos polvos estos lodos. Si se hubiera gestionado desde oficinas comarcales de la Generalitat o, aunque a muchas de nosotras no nos guste, desde las oficinas de Labora, esta situación es casi seguro que no habría ocurrido.

Punto 3.

Por otra parte, no entendemos que la Consellería, si quiere solucionar este embrollo, se niegue a aplicar el silencio administrativo en todos los casos que ya aparecen en su aplicativo, pues de esta forma se resolverían la mayoría de los atrasos. Algo que hemos reivindicado con insistencia desde hace meses y que el mismo Sindic de Greuges ha solicitado.

Punto 4.

Pero el principal problema de esta ley es la filosofía que la envuelve y que da nombre a la misma: “Inclusión social”

¿Qué se esconde tras ello? Se esconde la visión de que lo que está ocurriendo no es un problema social, en el que unas pocas se apropian de la riqueza social generada por todas, sino problemas individuales que tenemos algunas personas para adaptarnos a los tiempos que corren, y por ello debemos revisar nuestros hábitos, reciclarnos para insertarnos en un mercado laboral salvaje y casi inexistente. Tenemos que aprender, las personas pobres y precarizadas, a combatir entre nosotras por los huesos, en forma de empleos precarios, para permitir que las cosas no cambien y la carne se la sigan comiendo los de siempre. Por ello, cuando solicitamos la renta, debemos presentar gran cantidad de documentación que demuestre que no mentimos y que estamos dispuestos a llevar a cabo la reeducación en forma de itinerarios de todo tipo, muchos de los cuales además de inútiles son un negocio para empresas y ONGs.

Pero el problema real, como hemos dicho hace un momento, es social y de carácter económico. Por lo tanto ésta es una renta económica, un pequeño reparto de la riqueza para que mucha gente pueda llegar a fin de mes, una rente que debe gestionarse por vía administrativa y sin contraprestaciones.

Punto 5.

Propuestas para salir de esta situación. Las propuestas que planteamos las dividimos en dos bloques.

• Propuesta urgente. Consistiría en la aplicación inmediata del silencio administrativo tal como se recoge en la Ley, articulo 28 apartado 2B
• Propuestas importantes. Son 4 propuestas que llevaría algún tiempo su aplicación y que quedan recogidas en el manifiesto que hemos entregado, que paso a leer:
  1. La Renta Valenciana de Inclusión es una renta contra la exclusión económica. Por ello, no debería exigir contraprestaciones que obliguen a las personas. Y tendría que gestionarse desde oficinas comarcales de la Generalitat y no desde los Servicios sociales municipales.
  2. Que como derecho, la Renta Valenciana de Inclusión debería ser individual y concederse a toda persona mayor de edad con falta de ingresos.
  3. Que la cantidad tendría que ser suficiente y digna.
  4. Que debería ser una renta accesible y eficaz. Dado que la situación de falta de ingresos es fácilmente comprobable y que la administración tiene medios para poder hacerlo, su tramitación tendría que ser eficiente y la ley debería garantizar un plazo máximo de tres meses para el acceso a la renta.

[Vídeo] Concentración y rueda de prensa de la Asamblea de personas afectadas por el caos en la RVI