Argitan / Berri Otxoak.- Iniciativa ante el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo contra la orden de desahucio a una mujer, con dos hijos menores de edad, víctima de violencia machista.La expulsión ha sido ordenada por el Gobierno Vasco. La prórroga de la ejecución de este desalojo se termina en estas semanas.

Comunicado

Denunciamos el próximo desahucio por parte del Gobierno Vasco de una madre con dos niños víctima de violencia machista

Las instituciones ni siquiera dan cita a la mujer, que tiene a su cargo dos hijos de 6 y 15 años

Los servicios sociales del Ayuntamiento tampoco ofrecen ninguna propuesta

“El protocolo antidesahucios acordado por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial es papel mojado”

Una madre de Barakaldo con sus hijos de 6 y 15 años, víctima de violencia machista, se enfrenta al próximo desahucio de su familia debido a una petición del Gobierno Vasco. La alerta ha sido activada por la asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma barakaldesa contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak.

La advertencia, que coincide con el Día Mundial del Hábitat, llega cuando está a punto de terminar el plazo de dos meses de suspensión que se acordó el 30 de julio en relación con la expulsión de su vivienda de alquiler de esta vecina del barrio de Santa Teresa-Bagatza.

En concreto, dado que el mes de agosto se considera inhábil a efectos administrativos, el desalojo se puede producir en cualquier momento en las próximas semanas, según han advertido desde Argitan y Berri-Otxoak, que han acampado en protesta ante las oficinas de Acción Social del Ayuntamiento, que no ha ofrecido hasta ahora ninguna propuesta frente a esta amenaza de pérdida del hogar.

En esta ocasión, es la sociedad pública de alquiler de vivienda protegida del Gobierno Vasco, Alokabide, la que impulsa el desahucio de esta mujer maltratada y sus hijos menores. Durante este periodo desde el primer intento de desalojo, la afectada, angustiada, ha tratado de conseguir una cita para buscar una solución, pero hasta la fecha las autoridades ni siquiera han agendado el encuentro.

“Esta situación es más grave, si cabe, si tenemos en cuenta que esta mujer a lo largo del último año ha intentado dirigirse a los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o al Servicio Vasco de Vivienda para regularizar su situación y el uso de la vivienda en la cual reside”, según han destacado la asociación de mujeres y la plataforma contra la pobreza.

El intento de desahucio ha llevado a la afectada a presentar una solicitud de amparo ante el instituto vasco de la mujer Emakunde, al considerar que se vulnera la normativa que ordena “medidas sociales” en el caso de desahucios de personas vulnerables y “sobre todo en los supuestos de especial vulnerabilidad como las víctimas de la violencia de género”.

Del mismo modo, la defensoría del pueblo está pendiente de este problema. En este sentido, y por sugerencia de la oficina del Ararteko, remitió un escrito dirigido a la sociedad vasca de vivienda Etxebide en mayo del 2018. Aún espera respuesta al mismo.

El Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma Berri-Otxoak han afirmado que “tanto el Gobierno municipal como la Consejería de Vivienda están vulnerando el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, que se les proporcione un alojamiento o alternativa habitacional”.

Del mismo modo, estas organizaciones barakaldesas acusan a las autoridades municipales y autonómica de incumplir la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que advierte que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica”.

“Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero”, han lamentado Argitan y Berri-Otxoak.

El protocolo antidesahucios fue precisamente creado ante la conmoción que supuso el 9 de noviembre de 2012 el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña, que se quitó la vida en el mismo momento en que la comitiva judicial entraba en su vivienda para proceder al desalojo.

De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.

La Asamblea General de Naciones Unidas designó en el año 1985 el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat. La decisión fue adoptada con el “propósito reconocer el derecho que tienen las personas a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna”.

Barakaldo, 7 de octubre de 2019.