Bajo lema “Barakaldo: Guantánamo de los derechos Sociales”. Denuncian nuevos recortes por parte de Amaia del Campo

El pasado 5 de abril se publicó el “Decreto de Alcaldía para el establecimiento de cuantías máximas por conceptos y criterios de concesión a las solicitudes de Ayudas de Emergencia”. Firmado por la Alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo; y el Concejal de Acción Social, Mikel Antizar.

El acuerdo presupuestario de PNV/PSE/PP contra las necesidades de las familias Barakaldesas. En concreto, este Decreto recoge la aportación del Gobierno Vasco a las Ayudas de Emergencia Social: este año la cantidad que recibirá Barakaldo por este concepto será de 1.264.764, 19.000 euros menos que el pasado año.

Esta decisión se adopta cuando en los últimos 4 años se ha producido un aumento del 46% de las familias del municipio que ven concedida una prestación; un 28% el pasado curso: se pasa de las 1.744 ayudas aprobadas en el 2015 a las 2.232 del 2016.

La falta de un presupuesto suficiente para atender la totalidad de necesidades de las familias de la localidad conlleva el mantenimiento de los recortes aplicados en el pasado curso 2016: reducción en un tercio en la ayuda para hacer frente al pago de alquileres; en un 17% para los gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza; y un 10% para las necesidades consideradas básicas: alimentación, vestuario, educación…

El incremento de solicitudes, y la no ampliación de la partida para ayudas, se ha traducido en nuevos recortes este 2017 para las familias de Barakaldo: imposibilidad de acceso a una ayuda para las personas trabajadoras autónomas; reducción en un 9% de la asignación para hacer frente a los gastos de hipotecas; rebaja del 20% en la ayuda para cubrir gastos necesarios para el mantenimiento de la vivienda habitual.

COMUNICADO DE PRENSA
Con fecha 5 de abril. El equipo de gobierno ha publicado los recortes sociales que se aplicarán para este año en el acceso a las Ayudas de Emergencia. Por este motivo, varias personas se concentrarán a las puertas del consistorio fabril con buzos naranjas, bolsas en la cabeza, cadenas y grilletes; con el ánimo de representar el “Guantánamo de los derechos sociales” que suponen las políticas de recortes aplicadas por el gobierno municipal.

Más allá de palabras grandilocuentes sobre presupuestos participativos el “Decreto de Alcaldía para el establecimiento de cuantías máximas por conceptos y criterios de concesión a las solicitudes de Ayudas de Emergencia”. Congela -por quinto año consecutivo- la partida presupuestaria destinada a las Ayudas de Económicas Municipales; además, de recoger una reducción de 19.000 euros en la aportación del Gobierno Vasco a las Ayudas de Emergencia Social: este año la cantidad que recibirá Barakaldo por este concepto será de 1.264.764.

Esta congelación presupuestaria se aprueba cuando en los últimos 4 años se ha producido un aumento del 46% de las familias del municipio que han visto concedida una ayuda. Siendo este incremento del 28% el pasado curso: se pasa de las 1.744 ayudas aprobadas en el 2015 a las 2.232 del 2016.
Un año más no existe una política real de participación ciudadana. Un ejemplo, es la decisión del gobierno municipal de dar la espalda a las demandas formuladas por todas las asociaciones vecinales y colectivos sociales de la localidad; y recogidas en la moción aprobada en pleno con el ánimo de garantizar la totalidad de necesidades básicas de las familias barakaldesas.

Barakaldo a más… “Recortes” en los servicios sociales

No es por casualidad, que ante esta insuficiente partida presupuestaria para las ayudas económicas, el Departamento de Acción Social decida recortar la asignación a percibir por las miles de familias con graves dificultades para llegar a fin de mes.
En concreto, estos recortes se traducen en el mantenimiento de los aplicados el pasado 2016: reducción en un tercio en la ayuda para hacer frente al pago de alquileres e hipotecas; en un 17% para los gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza; y un 10% para las necesidades consideradas básicas: alimentación, vestuario, educación…

A sumar los aprobados para este año 2017:

• Imposibilidad de acceso a una ayuda para las personas trabajadoras autónomas si el local donde desarrollan su actividad es en propiedad; o tienen un balance negativo desde hace varios meses.
• Reducción en un 9% de la asignación para hacer frente a los gastos de hipotecas.
• Rebaja del 20% en ayudas para gastos necesarios para el mantenimiento de la vivienda.
• Inclusión de criterios de jerarquización y minorización que según disponga el equipo de gobierno podrían conllevar un recorte, aún mayor, de la cuantía de la ayuda a percibir.

Recortes que alcanzan a la falta de personal (trabajadoras sociales y personal administrativo) en el “equipo de ayudas económicas”; lo que provoca demoras de cerca de 6 meses en la atención, tramitación y resolución de las solicitudes presentadas por las familias de la localidad.

El Ararteko denuncia los recortes aplicados por el equipo de gobierno
Sin embargo, y ante esta realidad de recortes. En su último informe sobre “La situación de los servicios sociales municipales en la Comunidad Autónoma de Euskadi” propone al consistorio fabril…

• Configurar equipos multidisciplinares dotados de personal suficiente para garantizar una atención inmediata, sin dilaciones en el acogimiento de primera instancia.
• Desarrollar recursos residenciales de acogida y protocolos de amparo de urgencia.
• Habilitar en los presupuestos municipales los medios económicos ineludibles para prestar -en adecuados niveles de calidad- de todos los recursos y servicios sociales necesarios.

Por unos presupuestos más justos y solidarios
La “Cartera de prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales” establece que “los ayuntamientos son competentes para la provisión de todos los servicios sociales de atención primaria”.

En concreto, insta a que los presupuestos municipales garanticen los recursos suficientes para atender a la totalidad de las familias; y en segundo lugar, se aporten las partidas necesarias para que las familias -que por razones de dificultad económica- puedan asegurar sus necesidades básicas.