El Gobierno Vasco y Lanbide impulsan una nueva campaña de criminalización de la pobreza. La Ertzaintza se está personando en la totalidad de domicilios de las familias perceptoras de las prestaciones sociales: complemento de pensiones, renta de garantía de ingresos e incentivos al empleo. Sin orden judicial o amparo legal se está irrumpiendo en la totalidad de hogares, comprobando enseres y llegando hasta revisar armarios.

ecuadoretxea.org.- Berri-Otxoak alerta que los agentes amenazan con emitir un informe desfavorable, lo que conllevaría la suspensión o denegación del acceso a la RGI, Complemento de Pensiones o los Incentivos al Empleo, si no se les abre la puerta.

arainfo.org. Aisetou Kajakeh.- El activista se encuentra recluido en un CIE pese a no estar en una situación administrativa irregular. Todo se desmoronó cuando solicitó, después de 30 años en Reus, la nacionalidad.

No a la criminalización y el control social de las personas empobrecidas.

Desde la Asociación contra la exclusión ALAMBIQUE exigimos que se detenga la persecución de las personas empobrecidas perceptoras del salario social iniciada por la Consejera Melania Álvarez en la última semana.

Leandro Albani. La tinta.- En La tinta, hablamos con María José Jiménez, integrante de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, que explicó las luchas que encabezan en España y toda Europa.

lamarea.com. Dani Domínguez.- "La OTAN solo tiene una forma de abordar las cosas: por la vía militar", asegura Ruiz Benedicto, doctora en Paz e investigadora en el Centre Delàs.

Berri Otxoak.- Poco después de la publicación de la nueva ley de la RGI, se han sucedido las noticias que califican este nuevo documento como un avance respecto a la ley anterior.

¡Lanbide stop manipulación!

En la mañana de viernes personas pertenecientes a colectivos sociales, asociaciones de pensionistas y entidades de sindicales de Santurtzi se han concentrado ante la oficina de Lanbide en la localidad.-Con buzos blancos de protección, escobas y mascarillas han denunciado el intento de criminalizar las protestas que se vienen desarrollando ante las oficinas de Lanbide en los últimos meses.

Decenas de kilos de carbón ante la oficina del Servicio Vasco de Empleo del barrio barakaldés de Beurko: contra los recortes y criminalización a las familias en situación de pobreza.  Hay que tener en cuenta que los tribunales han condenado en 244 ocasiones a Lanbide por su política de recortes y malas prácticas en los últimos 30 meses. En este contexto, cabe señalar que en el primer semestre del 2019 se ha registrado cada mes cerca de una decena de sentencias contrarias al Servicio Vasco de Empleo.

La justicia condena en 244 ocasiones a Lanbide por su política de recortes y malas prácticas. Son 244 resoluciones contrarias a los intereses de Lanbide en el periodo de los últimos 30 meses, hasta junio de 2019.

En el primer semestre de 2019 se ha registrado cada mes cerca de una decena de sentencias contrarias al Servicio Vasco de Empleo. Ante esta evidencia Lanbide debe cesar en su dinámica de recortes y criminalización de las familias en situación de pobreza.

Artículo de Alicia Alonso Merino en la Revista de la Justicia Penal N° 12.- En las últimas décadas estamos asistiendo al uso preferente de la cárcel como respuesta al crimen y a los problemas sociales. Este hecho ha posibilitado que se haya incrementado de forma exponencial el número de personas privadas de libertad en todo el mundo.

Hace más de tres años se aprobó la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida junto con las reformas introducidas en el Código Penal como leyes mordaza. Desde antes de su entrada en vigor y a lo largo de estos años, multitud de colectivos sociales venimos denunciando que el objetivo de estas leyes es criminalizar la protesta social pacífica y amedrentar a la ciudadanía con la amenaza de duras sanciones económicas. Hace unos meses Amnistía Internacional hacía balance de la situación y constataba “cómo una legislación que ha ampliado la potestad sancionadora de la Administración y aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin introducir mecanismos de control adecuados, ataca a las formas legítimas de protesta y del derecho a la libertad de expresión e información”.

Concentración contra la implantación de la “Huella Digital” en las oficinas de Lanbide en el barrio barakaldés de Cruces. Durante 6 meses se han recogido los datos biométricos de 8.325 personas en las 10 oficinas de Lanbide habilitas en la CAPV. Lejos de las 10.000 unidades de convivencia que se había marcado el Gobierno Vasco como objetivo.

Una propuesta horizontal y de base.

La propuesta de la Amnistía Social cumple ahora 3 años. Desde que diversas organizaciones y colectivos entendieron, que la represión -que nos era transversal a todas, independientemente de las causas o circunstancias- se afronta mejor con la unidad que con la dispersión. Lejos de solucionarse los conflictos de carácter social con un mínimo raciocinio, equidad y justicia, los casos de represión hanaumentado de manera desproporcionada. Y lo han hecho en sus diferentes intensidades -baja, media y alta- y en la gran cantidad de situaciones donde la represión se utiliza de manera disuasoria o coercitiva.