Ángel -persona sinhogar de 23 años- se ha concentrado ante el Ayuntamiento de Barakaldo con el ánimo de denunciar su situación: lleva 4 meses viviendo en un cubículo bajo el puente la A8 en Cruces.

Desde hace un mes dispone de un empleo precario que le reporta 250 euros. Mínimo salario que le impide salir de su situación de exclusión social.

La paradoja es que Ángel reúne los requisitos necesarios para acceder a los diferentes recursos municipales o prestaciones gestionadas por Lanbide. Sin embargo, hasta el miércoles 24 de mayo no tiene su primera cita para intentar formalizar sus derechos en los servicios sociales municipales.

Su situación no es un hecho aislado. El último recuento realizado por el Gobierno Vasco a finales del pasado mes de octubre señalaba que hay 19 personas (13 hombres y 6 mujeres) sin hogar en Barakaldo.

Los recortes y malas prácticas aplicadas desde el Departamento de Acción Social conllevan un incumplimiento de la legislación que ordena, organiza y regula los servicios sociales municipales. Hecho que se ha denunciado en esta movilización; en la que ha comparecido Ángel.

Comunicado

El equipo municipal ha decido aplicar una política de recortes frente a la cada vez mayor demanda de ayudas en la localidad. Un claro ejemplo de las consecuencias de esta apuesta por los ajustes sociales es la situación de Ángel. Joven de 23 años que vive en un habitáculo bajo un puente en Cruces desde hace más de 4 meses. Concretamente, en un antiguo cuarto de mantenimiento bajo la A-8.

Este no es un hecho aislado. El último recuento realizado por el Gobierno Vasco a finales del pasado mes de octubre señalaba que hay 19 personas (13 hombres y 6 mujeres) sin hogar en Barakaldo.

Cabe destacar que Ángel desde hace poco más de un mes dispone de un empleo precario; el cual le reporta unos 250 euros al mes si trabaja todos los días. Mínimo salario que le impide salir de su situación de exclusión; o poder desarrollar un itinerario formativo de inserción socio-laboral.

La paradoja es que Ángel reúne los requisitos necesarios para acceder a los diferentes recursos municipales o prestaciones gestionadas por Lanbide. Sin embargo, hasta el jueves 24 de mayo no tiene su primera cita para intentar formalizar sus derechos. Esta es una de las primeras consecuencias de la supresión del “Servicio de Urgencias Sociales” dependiente del Departamento de Acción Social fabril.

La contestación hasta ahora ha sido “no podemos hacer nada porque hay unos plazos”. Pero Ángel sigue debajo del puente de la A8 que cruza el barrio de Retuerto. Ángel ha intentado ponerse en contacto con los máximos responsables de la corporación: Mikel Antizar, concejal Acción Social; y Amaia del Campo, alcaldesa Barakaldo. A día de hoy está a la espera de una respuesta, lo que demuestra su falta sensibilidad

INCUMPLIMIENTO DE LA “CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES”

Estos recortes y malas prácticas -ejemplificadas en el caso de Ángel- y desarrolladas por los responsables del Departamento de Acción Social conllevan un quebranto de la legislación que ordena, organiza y regula los servicios sociales municipales. En concreto, la doctrina recogida en el “Decreto 185/2015, 6 de octubre” que establece la “Cartera de prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales”.

Reglamentación que resume de forma clara que “los ayuntamientos son los competentes para la provisión de todos los servicios sociales de atención primaria para diagnosticar y atender las necesidades de las familias”. Esta normativa, claramente insta a las corporaciones locales…

• En primer lugar. A garantizar los recursos suficientes para satisfacer a la totalidad de las familias de cada localidad su acceso con garantías de universalidad a los servicios sociales;
• En segundo lugar. Los consistorios deben aportar las partidas oportunas para que las familias -que por razones de dificultad económica- puedan asegurar sus necesidades básicas.