15-M Ronda. En pocas palabras.- Vivimos una crisis de acceso a la vivienda en el conjunto de Europa que es una consecuencia directa de políticas neoliberales y un modelo insostenible, que ha convertido la vivienda en un bien especulativo.

El Estado español cuenta con 450.000 viviendas sociales, y se calcula que en torno a 290.000 son públicas. Apenas supone el 2,5% del parque total, frente al 9,3% de la media europea. Solo Portugal, Croacia, Estonia y Rumanía tienen peores cifras. En el último año, entre julio de 2023 y septiembre de 2024, el parque de vivienda estatal solo ha sumado 244 nuevos inmuebles, un dato insignificante. Solo en Madrid hay más de 40.000 personas en lista de espera para lograr acceder a uno de los 9.000 pisos con los que cuenta la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Una situación que se repite en el resto de Estado español. Mientras, las estimaciones de las principales tasadoras señalan que subirá el precio de la obra nueva, la usada y los alquileres.

La vivienda lidera por primera vez la lista de problemas de Estado español en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de diciembre de 2024, por delante del paro (18,7%) y la crisis económica (17,6%).

En los últimos meses, decenas de miles de personas salieron a la calle en ciudades de todo el país para exigir que se garantice el derecho a una vivienda digna y asequible. Ocurrió en Bilbao, Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, entre otras. En Estado español hay cerca de 4 millones de viviendas sin habitar.

El tema de la vivienda llevaba años casi desaparecido del espacio público. Pero en 2024 se produjo el cambio. Protestas multitudinarias por todo el país empezaron a exigir a las administraciones poner freno a un modelo turístico voraz que agrava aún más las dificultades de la población local para conseguir un espacio donde vivir con dignidad. Se necesitarían “en torno a 1,5 millones de nuevas viviendas en alquiler social”.

La vivienda en este país está muy lejos de ser un derecho, como se recoge en el artículo 47 de la Constitución. Durante décadas gobiernos de distinto signo han fomentado la especulación de la vivienda, liberalizando el suelo, haciendo deducciones desproporcionadas al IRPF o con las SOCIMIS, que son un tipo de grupo de inversión que prácticamente no paga impuestos, ya que están bonificados el 99% de sus beneficios.

Las rentas por alquiler se han disparado más de un 28% en siete años. Estado español “destaca como la economía europea donde un mayor porcentaje de personas que residen en el mercado del alquiler se encuentra en una situación de pobreza o de exclusión social”, según afirma el Banco de Estado español.

Según Cáritas, el 16,8% de las familias quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros básicos. Los hogares con menos ingresos invierten más de 6 de cada 10 euros en vivienda y alimentación. El 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero, es decir, destinan más del 60% de sus ingresos al pago del alquiler.

Esa presión sobre el bolsillo de los inquilinos hace que en Estado español la situación de riesgo de exclusión o pobreza la viva el 45% de los hogares que está alquilando, cuando la media de la Unión Europea está en el 31%.

Este sobreesfuerzo  limita la capacidad de ahorro y de gasto. Los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, limitan la capacidad de ahorro de los hogares…

“La Encuesta Financiera de las Familias del Banco de Estado español pone de manifiesto que, en las últimas décadas, la acumulación de riqueza neta (financiera e inmobiliaria) por parte de los hogares jóvenes habría sido menor que la que atesoraron sus homólogos en anteriores generaciones”.

Una consecuencia de lo anterior, es que los jóvenes en Estado español cada vez tienen más dificultades para emanciparse. En el último año, sólo lo han hecho el 14,8% de los jóvenes de entre 18 y 30 años, y el 87% de ellos tuvieron que hacerlo compartiendo piso con otras dos o tres personas, de acuerdo a datos del Consejo de la Juventud. La situación es resultado de inestabilidad laboral, el escaso poder adquisitivo de los jóvenes y la subida de los precios de la vivienda.

Construir viviendas sociales, limitar pisos turísticos y que el Derecho a una vivienda prevalezca sobre los intereses del mercado, es sacar del olvido la construcción de viviendas sociales en Estado español.