Ante la Presidencia española del Consejo de la UE, entre julio y diciembre de 2023, se lanza un manifiesto para contrarrestar la narrativa de la UE y el Gobierno español, y exigir una Europa al servicio de la justicia social y para construir alternativas a la emergencia ambiental y no de los negocios.
Por una Europa al servicio de la justicia social y para construir alternativas a la emergencia ambiental y no de los negocios
Manifiesto ante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea 2023
“Derechos humanos, solidaridad y energía limpia”. “Paz, libertad e independencia energética”. “Democracia, diversidad, protección del clima”. “Unidad, seguridad y energías renovables”. Estos son los ideales que publicita la Unión Europea en su campaña “Europa eres tú”, desarrollada en los meses previos a que el Gobierno español ocupe la Presidencia del Consejo de la UE, entre julio y diciembre de 2023.
Durante esta Presidencia se producirán encuentros en el territorio español entre los gobernantes de cada país y se discutirán políticas europeas en materias económicas, sociales, energéticas y ambientales en las que el Gobierno español ejercerá la moderación de las negociaciones. La Presidencia viene marcada por la crisis ambiental y social ya endémicas, ampliadas por los impactos económicos y energéticos de la guerra de Ucrania, así como por el auge de la extrema derecha europea, cuyas tesis son -con excepciones como en el caso español- de rechazo a la UE.
No es casualidad que, ante la crisis actual y ante la desafección de sectores de la población respecto a la UE, la campaña publicitaria trate de difundir las supuestas ventajas de las políticas europeas. Las instituciones de la UE tienen un largo recorrido de utilizar una retórica ecologista, feminista y pacifista. Ya la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa y tantos otros documentos utilizaban la misma estrategia de vender esos supuestos ideales.
Pero la realidad contrasta con la propaganda
Paz, seguridad, derechos humanos y solidaridad
Aludir a la paz a la par que se realizan compras conjuntas de armas y se incita a los países a aumentar su presupuesto militar demuestra la hipocresía del discurso. Desde su creación, la UE tenía como propósito aumentar su peso militar en el mundo, no para promover la paz sino para defender los intereses globales de sus élites. La guerra de Ucrania es consecuencia de una agresión por parte de Rusia, pero también resultado de la política expansionista de la OTAN, de la que la mayoría de los Estados de la UE forman parte. Y así como no ha dudado en sancionar a la Rusia de Putin, ha pasado de soslayo ante los crímenes bélicos perpetrados por otras potencias como EEUU (en Irak), Arabia Saudí (en Yemen), Israel (en Palestina) o Turquía (en Kurdistán). En la actualidad, mientras la humanidad atraviesa la principal crisis ecológica y social de la historia, una prioridad central de la UE es aumentar la escalada armamentística y lucrar al negocio de la guerra. Esto nunca ha generado seguridad, sino más guerras.
Ninguna solidaridad supone Frontex y las políticas migratorias -en las que los derechos humanos brillan por su ausencia- de la “Europa fortaleza” con sus vallas y concertinas, unidas a los acuerdos antimigratorios con los países limítrofes, como Marruecos o Turquía. Todo ello ha provocado que el Mar Mediterráneo y sus fronteras se hayan convertido en una gran fosa común donde la vida de las personas ha dejado de tener valor. Personas condenadas por haber nacido en países empobrecidos, entre otros factores, por las políticas colonialistas de los países europeos y sus multinacionales, que han depredado -y aún depredan- dichos territorios para beneficio propio. Es poco coherente que para que Europa tenga energía limpia haya un gran flujo de minerales desde el corazón de África con el que se lucran multinacionales extractivistas que no respetan los derechos humanos, pero que la población de esos países no pueda seguir la misma ruta.
De hecho, los tratados comerciales que impulsa la UE son los que abren las fronteras a todo tipo de mercancías. La UE es uno de los principales actores de la globalización capitalista que a través de las políticas comerciales han impuesto un modelo económico que separa el proceso productivo en zonas ricas tecnificadas y zonas empobrecidas de extracción, multiplica el capital financiero, concentra la riqueza y beneficia a las multinacionales en detrimento del resto de la población. El resultado ha sido la ruina de pequeños comercios, de la agricultura, la ganadería y la pesca de pequeña escala o de los servicios públicos frente al auge de los grandes imperios empresariales y financieros, cuyo poder global aumenta proporcionalmente al empobrecimiento, la precarización y la exclusión de la población, tres problemas que socavan directamente la seguridad, la democracia y la libertad.
Democracia y libertad
La construcción de la Unión Europea tuvo desde su inicio como objetivo implantar un proyecto neoliberal que beneficiara a sus élites empresariales a través de la reproducción del capital, especialmente el financiero y de la ampliación de mercados. Esto ha hecho que, pese a la retórica social de la UE, las políticas centrales de la Unión siempre fueran las económicas, con el objetivo de aumentar el crecimiento a toda costa, imponiendo fuertes ajustes estructurales cuando ha sido preciso, como ocurrió tras la crisis de los mercados financieros de 2008, que fue pagada por quienes no la habían creado, especialmente por los países del sur de la UE, cuando la solidaridad dentro de la UE no estaba tan de moda.
Si bien en la actualidad, tras la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, dichos ajustes no son tan estrictos como hace una década, las políticas de empleo o jubilación han seguido una tendencia de rebajar derechos. Lo mismo ha sucedido con los servicios públicos, que se han visto mermados bajo el paradigma neoliberal de privatizar lo público y de recortar el gasto social -lo que contrasta con el aumento del gasto en grandes infraestructuras o en armamento-. Si bien los Fondos NGEU han suavizado -no revertido- las políticas de ajuste estructural, se ha dejado claro que se trata de una situación coyuntural que caducará próximamente para retomar la senda de la ortodoxia neoliberal que los propios fondos NGEU intensifican al generar deuda pública para fomentar beneficios privados en aras de superar la crisis económica. Todo ello ha incidido en el aumento de las desigualdades sociales en el seno de la UE -que se han incrementado gravemente en la crisis espoleada por la COVID-19-, lo que debilita tanto la democracia como la libertad, al precarizar a la población y dificultar el acceso a empleo, energía, sanidad, educación, vivienda o alimentación.
La propia estructura de la UE plantea un enorme déficit democrático. Instituciones con un peso determinante, como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, no son elegidas por la población. A su vez, las instituciones europeas son muy accesibles a los grupos de presión empresariales que dedican miles de millones para campar a sus anchas en Bruselas e imponer sus intereses.
Aunque no puede haber democracia ni libertad sin igualdad de género, la UE sorprendentemente no ha elegido este último ideal en su campaña publicitaria -no se sabe si como guiño a la extrema derecha. Pero cabe resaltar que la lógica de la reproducción del capital y de los mercados que tiene por motor la UE entra en absoluta contradicción con la lógica de los cuidados, que tiene como finalidad sostener la vida, satisfacer necesidades y generar bienestar. Esto supone que las tareas de cuidados queden cada vez más precarizadas y su conciliación sea quimérica, lo cual, por el injusto reparto por sexo de dichas tareas -derivado del heteropatriarcado-, hace que su peso recaiga más sobre las mujeres.
Energía limpia, independencia energética, protección del clima y energías renovables
Con estos lemas la UE ahonda en el discurso de lavado verde que ha desarrollado desde sus orígenes, aunque solo mencionando la crisis climática y energética obviando otras tan importantes y graves como la pérdida de biodiversidad. Es osado promulgar estos ideales cuando la UE se está mostrando incapaz de cumplir con las indicaciones de la ciencia para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C. En un momento en el que los países deberían cumplir estas indicaciones a través de la actualización de sus Planes Nacionales de Energía y Clima, la UE se limitará a publicar una valoración general sobre esa actualización sin haber desarrollado un mecanismo que obligue a una reducción anual de las emisiones de acuerdo con las indicaciones científicas.
Dicho discurso “verde” ha estado en parte sustentado en que, hasta la fecha, la normativa ambiental comunitaria, a través de sus Reglamentos, Decisiones y, especialmente, Directivas, han marcado la evolución y el desarrollo de la legislación española, impulsando su avance y progresiva mejora. Sin embargo, dichos instrumentos legales en materia ambiental no han sido suficientes para frenar el proceso de degradación que se ha profundizado por el modelo económico promulgado por la UE y por las ayudas y el financiamiento que se ha dado a proyectos que impactan sobre el medioambiente. Por ejemplo, la deslocalización de la producción y el comercio a largas distancias ha incrementado el consumo de energía y la emisión de sustancias contaminantes; de hecho muchas de las supuestas mejoras ambientales derivan de la deslocalización de la producción a otras zonas del mundo. Además, tras la guerra de Ucrania algunos actores han encontrado la excusa en el seno de la UE para que las directivas ambientales europeas se revisen a la baja.
De hecho, la nueva taxonomía de la UE considera la energía nuclear y el gas fósil como actividades económicas medioambientalmente sostenibles, fruto de la presión de los grupos empresariales que dominan Bruselas. Ni son energías limpias, ni generan independencia energética, puesto que la UE tiene que importar estos combustibles, ni protegen el clima. La guerra en Ucrania, por la que en la UE se ha retomado la combustión de carbón, ha puesto de manifiesto la dependencia energética europea de las importaciones y su sociedad altamente energívora, despilfarradora y poco capacitada para sostenerse con fuentes renovables. La apuesta de la UE por considerar el gas como una energía de transición es un enorme error climático, económico y social. Una apuesta que ya está generando la aparición de proyectos inviables como el H2Med o la apertura de la regasificadora ilegal de El Musel, comprometiendo no sólo los objetivos de lucha climática, sino también, una hipoteca de millones de euros que pagará la ciudadanía. Además, la pretendida diversificación de combustibles fósiles para suplir los suministros que se recibían de Ucrania está generando proyectos coloniales que pretenden abrir nuevos pozos en los países africanos o llenar el continente de tuberías.
Por otro lado, la hiperdigitalización, incluida en el Pacto Verde Europeo, con su mantra de marketing “verde y digital”, se ha convertido en el sector industrial con el crecimiento metabólico más explosivo del planeta. Lejos de ser “inmaterial”, la economía digital tiene una inmensa huella ecológica (energívora, exacerba el CO2 y el extractivismo minero), fomenta un acceso desregulado a los datos personales y técnicas sofisticadas de control social, así como no atiende al principio de precaución.
La incapacidad de las élites de la UE para hacer una adecuada planificación no sólo de la sustitución de unas tecnologías por otras, sino del necesario camino de reducción del consumo energético neto en las próximas dos décadas, está generando enormes problemas. Una falta de planificación que deriva en la implantación de energías renovables por parte de grandes empresas energéticas, con proyectos sobredimensionados e hiperconcentrados que pone en riesgo la naturaleza y a numerosas comunidades rurales, que ven cómo proyectos sobredimensionados que se concentran en determinadas regiones suponen la pérdida de importantes espacios agrarios o importantes impactos ambientales. Una ausencia de una hoja de ruta clara y viable que está provocando la aparición de nuevas burbujas especulativas, como la del hidrógeno, que obvian priorizar la descarbonización de los procesos industriales, abriendo su uso a sectores que deberían ser electrificados o desaparecer para poder garantizar el futuro climático, social y ambiental. A lo que se suma la incapacidad de la UE de tocar importantes sectores como el vehículo privado por la presión de las empresas del sector y la falta de apuesta por un sistema transporte público, que como el tren convencional sea capaz de vertebrar el territorio y enfrentar la emergencia climática.
Ante la falta de ambición global, la Unión Europea ha representado internacionalmente la posición más ambiciosa en la lucha contra el cambio climático. Una posición que en muchas ocasiones ha mantenido la relación colonial de Europa no sólo por la extracción de recursos energéticos de terceros países, sino por el paternalismo con el que ha forzado a dichos países a tomar las medidas que la UE consideraba necesarias. Así, se niega a reconocer la justicia climática y hacerse cargo de las responsabilidades históricas del continente. Esto implicaría dotar de los recursos necesarios, suficientes e incondicionados para que los países del Sur global puedan hacer frente a las consecuencias de la emergencia climática provocada por el Norte Global.
Cabe destacar dos políticas europeas ambiental y socialmente perversas. Por un lado, el mercado energético de la UE ha fomentado el oligopolio, la financiación de la energía fósil y la pobreza energética. Por otro lado, la Política Agraria Común (PAC) ha destruido la agricultura familiar y ha fomentado una agroindustria de alta densidad energética y muy contaminante, que se ha vuelto uno de los principales impulsores de pérdida de biodiversidad y de cambio climático, no solo dentro de la UE, sino también fuera de sus puertas, por las políticas de dumping y de fomento de la importación de productos de monocultivos como soja y palma
Unidad y diversidad
Es destacable que se hable de unidad y diversidad cuando un sector de la extrema derecha quiere seguir los pasos del Brexit en el abandono de la Unión Europea y promueve la vuelta a un estado nación xenófobo. No es nuevo que la extrema derecha recoja el descontento surgido de las desigualdades sociales -en este caso el producido por las políticas europeas- para evitar señalar a los responsables de la acumulación -o hacerlo muy de perfil- y demonizar sin embargo a quienes denuncian las injusticias existentes: migrantes y movimientos sociales, especialmente feministas y ecologistas.
Si alguien ha socavado la unidad -haciendo una Europa de varias velocidades con países centrales y periféricos o empeorando las condiciones laborales por competencia a la baja con otras zonas globales- y la diversidad -con sus políticas migratorias o fomentando un mercado único que ha hecho perder la diversidad cultural-, ha sido la Unión Europea. Por ello ahora no es creíble que la lucha contra la extrema derecha se pueda realizar con las mismas políticas que han generado ese caldo de cultivo.
Solo hay una fórmula para salir de esta crisis ecológica, social y económica que atravesamos y pasa por ajustar el modelo económico a los ciclos de la naturaleza y por repartir la riqueza. Esto implica combatir las políticas orientadas al lucro y a la acumulación que promueve la UE. Y es el mejor antídoto contra la extrema derecha.
Promoveremos un proceso de movilización y reivindicación en la que la Europa de los pueblos se enfrente a la UE de los negocios. Una Europa diversa y solidaria con todos los pueblos del planeta.
Pondremos la lucha contra la emergencia ecológica en el centro de todas las actividades llevadas a cabo, buscando la confluencia con otros movimientos que compartan esa lucha.
Queremos generar una movilización diversa y unitaria contra las políticas de la UE belicistas, xenófobas, racistas, patriarcales, antisociales, precarizadoras, destructoras del medioambiente e impulsoras de la desigualdad. Igual que en Francia la confluencia de movimientos ecologistas y de defensa de las pensiones es un hecho, llamamos al movimiento ecologista, feminista, antimilitarista, de defensa de las pensiones, de defensa de los servicios públicos, sindicalista, anticapitalista, antirracista, por los derechos sociales, etc. a confluir en esta movilización.
Denunciaremos y nos opondremos radicalmente al discurso de la extrema derecha.
Estaremos donde sea necesario para decir alto y claro que esta UE no nos representa. Y que la UE no es como nos la pintan.
Incidiremos en aquellas políticas que se debatan durante la presidencia, muchas de las cuales tienen importante calado social y ambiental: la reforma del mercado eléctrico, la restauración de ecosistemas, las que inciden en la hiperdigitalización, más aún cuando la legislación de la UE se encuentra en un proceso evidente de revisión a la baja.
Más información: ecologistasenaccion.org