desinformemonos.org. Alicia Alonso.- ¿Tuvieron históricamente los pueblos originarios cárceles? Con esta cautivante pregunta comienza la convocatoria realizada por el Lof Notxüko y la Red de apoyo al Machi Celestino Córdova a una “Marcha No + cárceles en Wallmapu”. Wallmapu es el nombre del territorio ancestral mapuche en el Sur del continente americano antes de la invasión chilena y argentina.

¿Por qué este llamamiento? Por un lado, se critica que la política penitenciaria no tiene en cuenta la realidad de las personas que pertenecen a los pueblos originarios. Es necesario recordad, como nos sugieren las investigadoras chilenas Villegas Diaz y Mella-Seguel, que los sistemas sancionatorios indígenas son diferentes, ya que el centro de protección está en lo colectivo, la comunidad, y tienen como base la reciprocidad, el equilibrio de fuerzas de la comunidad o de la paz social, lo que conlleva un sistema de justicia restaurativa con el uso de técnicas de mediación¹. En concreto, para los mapuche, la pena de privación de libertad no cumple ninguna función y puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión, con un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad.

Por otro lado, la convocatoria tiene que ver con una crítica al fuerte populismo punitivo extendido por todo el país y alimentado por los medios de comunicación, que se está plasmando en una agenda legislativa fuertemente punitivista. Esta agenda conlleva, entre otras, leyes que incrementan los delitos, aumento de las penas para determinados crímenes, reducción de las posibilidades de acceso a beneficios penitenciarios y libertad condicional. Todo esto significará, a corto plazo, un incremento exponencial del número de personas presas. A lo que se debe sumar el número de prisiones preventivas que existen hoy en día que ya es demasiado alto y que con estas medidas se seguirán incrementando. Frente a un sistema penitenciario desbordado, la respuesta del populismo punitivo es la construcción de más prisiones.

El gobierno chileno actual ha incrementado en un 15,3% los recursos destinados a materias de “seguridad”. Esto supone unos compromisos presupuestarios de aquí al año 2030 que implican 1,2 billones de pesos chilenos (más de mil millones de USD) en infraestructura carcelaria vinculados a la generación de 12.600 plazas nuevas, más 2.000 adicionales que están relacionadas a otro tipo de proyectos de ampliación².

Además de… más carabineros y mejores sueldos para estos, más Policía De Investigación (PDI), refuerzo del Servicio Nacional de Migraciones para modernizar y acelerar las expulsiones, ampliación de los Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Nacional, nuevo sistema de huella balística, entre otros.

Para las convocantes a la Marcha, esta política se trata de un plan ideológico de las élites gobernantes y empresariales para Wallmapu, que busca encerrar, castigar, gestionar al mapuche que es considerado un peligro. Los mapuche son, sin duda, un grupo indeseable para los intereses políticos y económicos dominantes.

A este respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, llama la atención que la privación de la libertad puede ser utilizada como mecanismo para censurar y criminalizar a las y los líderes indígenas. Esto tiene que ver con la criminalización de las luchas de los pueblos originarios por la recuperación de sus territorios ancestrales. Junto con el racismo institucional, esta criminalización conlleva una importante sobrerepresentación de personas presas pertenecientes a pueblos nativos por todo el mundo. En el sistema jurídico penal de los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de encarcelamiento de los indígenas es de dos a cuatro veces mayor que la de los blancos. Concretamente, los nativos americanos, aunque representan solo el 1% de la población total suponen el 3% de las personas presas. Las mujeres indígenas se ven afectadas de manera desproporcionada por casi todos los aspectos del sistema jurídico penal. Son encarceladas con tasas más altas que las mujeres de cualquier otro grupo racial o étnico.

Las nuevas cárceles, como las propuestas en Wallmapu y Chile, aparte de ser proyectos a medio plazo, no acabarán con el hacinamiento y tendrán un efecto perverso que llevará a mayores niveles de encarcelamiento y selectividad. Por otro lado, suponen la derivación de recursos millonarios que podrían destinarse a la prevención de delitos. Por ejemplo, en proyectos sociales, que incidirían de forma directa en la prevención de las causas que generan gran parte de las infracciones por las que las personas son privadas de libertad. Las prisiones, además de ser lugares que perpetúan la violencia, no permiten la responsabilización del daño o la rendición de cuentas con la sociedad. De igual manera, se refuerza la falaz idea de que más cárceles generan más seguridad, reduciendo la posibilidad de pensar la seguridad en sentido más amplio y vinculado al bienestar social.

Todas las cárceles tienen condiciones de vida terribles, son lugares traumáticos, insalubres y peligrosos que provocan consecuencias duraderas para la salud física y emocional de las personas encarceladas, sus familias y las personas que trabajan en estas instalaciones. Reforzar la lógica carcelaria frente a problemas sociales, económicos o políticos, solo conseguirá reproducir y reforzar los sistemas de opresión con respecto al género, la clase, la etnicidad, la salud mental o la cualidad de migrante entre otras. Por todo adquiere pleno sentido el llamado de la convocatoria: ¡No más cárceles en Wallmapu!