En Pocas Palabras. Desmontando Mentiras. 15-M Serranía de Ronda.- Las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación. O, al menos, deberían serlo. Sin embargo, la realidad es que en muchos países europeos las relaciones sexuales sin consentimiento no se definen como violación. Sólo 8 países de Europa tienen leyes que establecen que tener relaciones sexuales con alguien sin su consentimiento es constitutivo de violación. Al mismo tiempo, la existencia de la violación es impresionante.

Las cifras de una encuesta realizada en toda la Unión Europea (UE) muestran que 1 de cada 20 mujeres en la UE ha sido violada después de los 15 años. Eso representa alrededor de 9 millones de mujeres; y también, 1 de cada 10 mujeres en la UE ha experimentado alguna forma de violencia sexual después de los 15 años.

Durante muchos años, hemos vivido en una sociedad que consentía; que aceptaba el maltrato como algo cotidiano; que veía la violencia sexual como algo habitual; que permitía que los abusos y las agresiones a las mujeres quedaran impunes. Todo esto debería ser parte del pasado, pero aún hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que vivir con ello.

Una encuesta reciente reveló algunas actitudes preocupantes entre la población de la UE: más de 1 de cada 4 personas en la UE cree que las relaciones sexuales sin consentimiento podrían estar justificadas en ciertas circunstancias, como por ejemplo, si la víctima está borracha o bajo los efectos de drogas, va voluntariamente a casa con alguien, lleva ropa sugerente, no dice claramente que no o no se resiste físicamente; Y más de 1 de cada 5 personas en la UE cree que las mujeres a menudo inventan o exageran las denuncias de abusos o violación.

Amnistía Internacional en una investigación denuncia la falta de políticas públicas, y el recorrido lleno de obstáculos y prejuicios al que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual. La organización alerta de la atención desigual a las mujeres según la comunidad autónoma en la que se haya producido la violación u otro tipo de violencia sexual. El miedo a no ser creídas, la estigmatización y la falta de confianza en las autoridades colocan a España por debajo de la media europea en el número de denuncias presentadas por violencia sexual.

Desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, esta se enfrenta a la falta de protocolos claros de actuación y a la ausencia de formación específica de los profesionales que las atienden (policía, personal médico, forense y judicial). Esto deja vía libre a estereotipos y prejuicios que ponen en duda los testimonios de las víctimas, minimizan las violaciones que sufren, e incluso las responsabiliza de las mismas. Lo que coloca a España en el puesto 25 de 32, en cuanto al número de denuncias presentadas por violencia sexual, 2,65 violaciones por cada 100.000 habitantes, según datos de Eurostat en 2015.

De las 69 medidas del Pacto de Estado dedicadas a la asistencia de víctimas de violencia de género, únicamente una de ellas está enfocada a la violencia sexual. La obligación del Estado es garantizar una asistencia digna y especializada a las víctimas, una asistencia policial, sanitaria y judicial que estén libres de estereotipos y prejuicios, que sean un apoyo para las mujeres objeto de violencia sexual. Esta asistencia debe concretarse en medidas urgentes:

•  Crear servicios especializados como teléfonos de atención las 24 horas del día, los 365 días del año, y centros especializados en violencia sexual.

• Formar y sensibilizar a todos los profesionales que están en contacto con las víctimas.

• Reformar todo lo referente a los delitos sexuales en el Código Penal para garantizar la autonomía sexual y el consentimiento libremente otorgado.

• Facilitar asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas.

• Recopilar datos que permitan dimensionar este problema.
  
  

 Millones de mujeres han salido a la calle para decir que no consienten que las víctimas sean las únicas cuestionadas tras una violación,  y que el Estado no tome medidas para protegerlas.