15-M RONDA. En pocas palabras.- El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegará, según cálculos del Gobierno, a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas, y supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas.

Cálculo que conviene contrastar con otro dato oficial, la Encuesta de Condiciones de Vida 2019 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística estima que un 26,1% de la población española, es decir, 11.797.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. El IMV va a suponer 3.000 millones €/año, pero si lo comparamos con las cantidades destinadas al rescate a los bancos (60.000 millones €), el coste de los delitos de corrupción (90.000 millones € anuales), el volumen del fraude fiscal (90.000 millones €), la Iglesia Católica (11.000 millones €/año), y el gasto militar en España (20.050 millones €/año) es una mínima cantidad.

Sin embargo, ni Gobierno, ni oposición ni opiniones publicadas se plantean alternativas con suficiente ambición transformadora. Porque el Ingreso Mínimo Vital no deja de ser una mejora del actual sistema asistencial con algunas novedades, como su ámbito estatal y su compatibilidad con ingresos procedentes del trabajo. Pero es un instrumento castrado desde su nacimiento para abordar en toda su dimensión la desigualdad social existente en España.

Desde diversos medios se han echado las campanas al vuelo para celebrar como un gran acontecimiento el hecho de que una persona en situación de necesidad pueda, al fin, recibir un mínimo socorro de 460 €, cuantía que se sitúa por debajo del umbral oficial de pobreza. Lo cual arroja una idea decepcionante del estado en que se encuentra nuestro sistema de protección social.

El sindicato de técnicos del Ministerio Hacienda (GESTHA), lamenta que España ocupara en 2018 un penoso sexto lugar en el ranking de la pobreza extrema en la Unión Europea. Una situación delimitada por ingresos inferiores al 40% de la renta mediana, con menos de los 5.014 euros al año que define el umbral de pobreza severa de los hogares en España de una sola persona. Además, los técnicos temen que en España aumenten significativamente las personas que viven en situación de pobreza severa como consecuencia del coronavirus

Sin embargo, los técnicos de Hacienda valoran positivamente la implantación del ingreso mínimo "como un primer paso", y sostienen que las comunidades autónomas tendrán que reordenar las rentas mínimas de inserción y las ayudas de asistencia social que conceden a personas vulnerables para complementar la nueva prestación y alcanzar los 6.405 millones que cifran como necesarios centenares de ONG y otras entidades sin fines lucrativos que integran las Plataformas por la Justicia Fiscal de España, entre las que también se incluye GESTHA.

Desde el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de La Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), sin dejar de reconocer el pequeño avance que significa el Ingreso Mínimo Vital (IMV), seguimos considerando que la única forma viable para alcanzar ese objetivo de eliminación generalizada de la pobreza es la implantación de una auténtica Renta Básica Universal en los términos de incondicionalidad que la definen. La universalidad de un ingreso ciudadano perfeccionaría el avance del IMV desde una doble perspectiva política y económica al no  estigmatizar a los perceptores, proporcionar libertad real para todas las personas y reducir sensiblemente los costes de gestión administrativa.

Ante el paro, la pobreza y la precariedad, la Renta Básica es un freno a la normalización del crimen social, con su reguero de dolor y marginación. En nuestro país 12 millones de personas —un 26% de la población— se encuentra en riesgo de pobreza, dos millones se ven obligados a recurrir a los bancos de alimentos y seis millones, a pesar de trabajar, no alcanzan en cómputo anual, ingresos superiores al salario mínimo. La máquina trituradora del poder se aplica a producir, minuciosamente, exclusión social, a normalizar el atropello. En 2010, el 80% de las personas paradas tenían algún tipo de cobertura, en 2017, su número no alcanza siquiera el 56%; cada día, del año 2018, se producían 166 desahucios de vivienda, y cada día 10 suicidios. Es la contabilidad de la trastienda de la “recuperación económica”, esto es, de la acumulación de capital.

La Renta Básica Universal es el objetivo por el que seguiremos trabajando, es nuestro freno de emergencia para ir reduciendo la desigualdad. ¡Sí se puede!