De la Renda Valenciana d’Inclusió a la Renta Básica de las Iguales. Un proceso de lucha y de transformación social

Solapas principales

RbisAsamblea de Personas Afectadas por el Caos en la RVI.- En 2018, año en el que se puso en marcha la RVI, se elaboró el VIII informe Foessa /1. Un informe que analizaba la situación de pobreza en el País Valenciá en el periodo que va de 2008 a 2017. En él se puso en evidencia que “si bien la renta media de la población valenciana se ha reducido en un 2,9%, quien ha soportado en mayor medida los efectos de la crisis ha sido el grupo poblacional con menos ingresos, que ha visto mermada su renta en un 11,5%. Por el contrario, el 20% de la población más rica ha incrementado su renta en un 3,6%.

La instantánea que dejó dicho informe fue que en 2018 un 51% de la población del País Valenciá se hallaba en integración plena, un 28,7% en integración precaria, un 10,8 % en exclusión moderada y un 9,5% en exclusión severa. Por lo que algo más de un millón de personas, el 20,3% de la población, se hallaban en situación de exclusión, una exclusión donde la desigualdad y la pobreza económica son los factores clave.

El informe Foessa también detectó “la existencia de un cierto riesgo de cronificación de estas situaciones, e incluso de polarización de la estructura social”, pues el mantenimiento de un amplio espacio de exclusión con más de un millón de personas se asoció con una reducción muy importante del espacio intermedio de la inclusión precaria. Dicha cronificación de la pobreza se veía reforzada por la trampa que ha supuesto la precarización del empleo. El Informe documentó que “el 47,6% de los hogares en situación de exclusión social estaban sustentados por una persona ocupada en el mercado laboral”. Dada la precariedad y los bajos salarios, tener un empleo no permitía, ni permite, abandonar las situaciones de pobreza y exclusión.

En este contexto social, con más de un millón de personas en exclusión, de las cuales unas 470.000 personas en exclusión severa, la vicepresidenta primera de la Generalitat, Monica Oltra, presentaba la nueva Renda Valenciana d´Inclusió (RVI). La RVI supone el reconocimiento de un nuevo derecho, al igual que la sanidad y la educación, aunque no universal, destinado a las personas con ingresos por debajo del "umbral de la pobreza" (el 60% del ingreso medio). Este derecho, en el estado español, solo existe en Euskadi, Nafarroa, Catalunya y el País Valencià. A diferencia de otras rentas de protección, al ser un derecho, si se cumplen los criterios no se puede negar por falta de presupuesto. Es decir, no es "graciable". Según declaró Oltra en su presentación, en abril de 2018, la RVI "aspira a proteger a unos 45.000 titulares (hogares) y 119.700 beneficiarios este año, (la renta actual llega a 15.000 titulares y 45.000 beneficiarios) y a 94.200 titulares (hogares) con un total de 244.000 beneficiarios en 2020 mediante el reconocimiento del derecho subjetivo a una cobertura única para personas y familias sin ingresos, y que engloba todas las prestaciones, reduce la burocracia y se mantiene indefinidamente mientras persista la situación.” /2

Como todas las demás leyes que regulan las rentas mínimas, la RVI adolece de un diagnostico claro de las causas de la pobreza, es decir de los motivos de las desigualdades de ingresos, de porqué una minoría acumula una buena parte de la riqueza social en detrimento de su justo reparto. Su función es la de gestionar la pobreza para evitar conflictos sociales. Para ello, busca disminuir las situaciones de pobreza grave -lo que no carece de interés- pero no está diseñada para afrontar el reparto social de la riqueza ni para modificar las razones sociales que lo impiden.

Pero en lo que nos vamos a centrar es un balance del cumplimiento de las aspiraciones que la vicepresidenta del Consell anunció hace 2 años.

El pasado 8 de abril, la Vicepresidenta y Consellera de Igualtat i Polítiques Inclusives declaró que las ayudas a la dependencia y a la Renda Valenciana d´Inclusió, "llegan a 135.215 familias que, este mes, han cobrado las distintas prestaciones, cuya tramitación se ha garantizado desde que se iniciara el estado de alarma por la pandemia de COVID-19. Los pagos, que se hicieron efectivos dentro de los cinco primeros días hábiles de mes, tal y como establece el compromiso adquirido por la Conselleria, benefician a 42.213 familias en el caso de la renta valenciana de inclusión y a 93.002 personas en situación de dependencia, que son atendidas a través de un servicio o una prestación económica./3 Que la RVI llegue a 42.213 familias supone algo más de la mitad de lo que fue previsto hace 2 años. Lo que no dijo es que, a día de hoy, hay miles de solicitudes de RVI que aun no han recibido la prestación, solicitudes que llevan esperando entre 9 y 18 meses, un tiempo que supera con creces los 6 meses previstos en la ley y que está generando multitud de situaciones de intenso dolor.

¿Qué puede haber evitado que a estas alturas se esté tan lejos de cumplir aquellas previsiones? Varias son las razones causantes de esta situación de desamparo y bloqueo, razones que vamos a intentar aclarar.

La primera está relacionada con el presupuesto. ¿Se ha dotado la RVI con el presupuesto suficiente? El dinero presupuestado inicialmente ha sido claramente inferior al que se destina en Euskadi a la Renta de Garantía de Ingresos. Euskadi dedica el 0,4% de su PIB a la RGI. Los 121 millones destinados en 2018, los 139,9 millones destinados en 2019 y los 229,2 millones, que con la ampliación presupuestaria del pasado 30 de abril, destinados hasta ahora en 2020, suponen, respectivamente, el 0,11, el 0,13 y el 0,21 del PIB del País Valencià.

Esta falta de dotación de un presupuesto suficiente puede ser debida, quizás, a problemas internos del Govern de la Generalitat en la distribución de los presupuestos entre las consellerías, al cada vez mayor pago anual de la deuda que padece el País Valencià, así como a la infrafinanciación a la que está sometida esta autonomía por el gobierno estatal. La deuda total del País supone el 50% de su PIB y el pago anual del servicio de la deuda (la amortización de la deuda vencida más los intereses totales de ese año) supone el 25% del presupuesto. Por otra parte, el País Valencià es la autonomía peor financiada del estado. Infrafinanciación que ya nadie discute porque los datos son claros y precisos. Es quizás esta falta de presupuesto una de las razones del empecinamiento de la consellería en incumplir su propia ley y no aplicar el silencio administrativo que figura en el artículo 28.2B de la ley (aplicación que exige el mismo Sindic de Greuges /4). Deficiencia presupuestaria que es un “runrún” que suena cada vez más, algo que algunas trabajadoras sociales manifiestan con afirmaciones como ésta “Ya nos han avisado la semana pasada desde Conselleria que no pidamos que se les pague a las familias con solicitudes posteriores a octubre de 2019 porque no hay consignación presupuestaria/5 o que algunas afectadas denuncian con aseveraciones como que “esta mañana me puse en contacto con mi asistenta social y me dijo que sobre la renta valenciana de inclusión lo único que sabía era que Valencia se había quedado sin fondos para pagar las nuevas rentas y que les había pedido a ellas que hicieran una evaluación de las personas más vulnerables para poder pagar esas rentas”. Sin embargo, altos cargos de la CIPI niegan que haya un problema de presupuesto. Ojalá fuera así. En este sentido, es llamativa la noticia de la ampliación del presupuestaria de la RVI, en 50 millones de euros, que ha hecho la Generalitat y que se aprobó el pasado 30 de abril /6.

La segunda tiene que ver con que la afirmación de que la RVI “reduce la burocracia” no se ha cumplido. Cuando Mónica Oltra hizo esta afirmación hace dos años ¿desconocía con antelación las situaciones que podían ralentizar o bloquear su aplicación? La realidad es que la tramitación de la RVI ha conllevado una nueva e intensa burocracia, algo que de lo que altos cargos de su conselleria eran conscientes y que han reconocido en reuniones con personas de la Asamblea de Afectadas por el Caos en la RVI. Infinidad de documentos a presentar y tres revisiones de los mismos (una por el centro social, otra por la concejalía municipal y una tercera por la dirección territorial de la Generalitat) atestiguan la engorrosa burocracia de la tramitación de la RVI. Múltiples bloqueos pueden aparecer en esta cadena de revisiones, y uno solo de estos ya es suficiente para bloquear la recepción de una ayuda que permitiría sobrevivir a una familia.

La tercera se deriva de haber encuadrado esta ley dentro de un proyecto de inclusión social centrado en los servicios sociales municipales, cuando esta renta tiene que ver con un problema meramente económico, un problema de reparto de la riqueza que no se ha querido abordar. Por ello esta ley, en primer lugar, encara las situaciónes de pobreza como un supuesto problema individual que deben gestionar los servicios sociales. Y, en segundo, se ha configurado, en parte /7, como una herramienta con la que llevar a cabo un proceso de reeducación laboral y social sometiendo a "itinerarios" a las personas perceptoras de la renta. Implícitamente, el uso del trabajo social y de los "itinerarios" supone asumir que quienes están en situación de pobreza son responsables de la misma, y que necesitan ayuda profesional especializada para superarse e incorporarse al libre mercado (al tiempo que a los dueños de las empresas el estado les libera, colectivamente, de cargas fiscales). A partir de estas premisas, la ley delegó la gestión de la RVI en los servicios sociales de los ayuntamientos. Esta delegación, entre otras cosas, ha supuesto una fuente imprevista de bloqueo en la cadena de su aplicación ya que muchos ayuntamientos, tanto por intereses políticos de confrontación con los partidos de gobierno de la Generalitat, como por una oposición frontal al reconocimiento de las prestaciones sociales como derechos, han boicoteado la aplicación de la ley. Este bloqueo ha provocado retrasos de más de 10 meses en la fase de revisión municipal de la RVI.

Se requiere voluntad política para afrontar la única medida capaz de eliminar las bolsas de pobreza cada vez más insostenibles y que, como detalla el informe FOESSA, son cada vez más crónicas, el reparto justo de la riqueza generada socialmente.

Ademas de la pobreza generada por el funcionamiento del sistema económico, con la epidemia del Covid19 ha surgido un nuevo foco de aumento de la pobreza. El control de la epidemia ha supuesto, y supondrá durante un tiempo, la paralización de la vida económica. Esta paralización ha generado que la vida de miles de valencianas, ya sometidas a condiciones laborales extraordinariamente precarias en, por ejemplo, el trabajo doméstico, trabajos precarios, el trabajo sumergido o en la prostitución, se haya visto golpeada fuertemente al perder sus escasos ingresos. Por ello, junto a la aplicación de la RVI son necesarias nuevas ayudas de emergencia social de aplicación inmediata, como las señaladas por la Marea Blanca de les comarques del sud del País Valencià /8, ayudas que, en gran medida, se están llevando a cabo a través de redes de apoyo mutuo /9 que intentan suplir el vacío que la caótica actuación de las instituciones ha dejado.

Para hacer frente a esta emergencia, por su parte, el gobierno estatal ha hecho una propuesta denominada Ingreso Mínimo Vital. No está claro que esta medida simplifique el panorama de los subsidios, si no que bien puede complicarlo más aún si cabe. Por otra parte, no aporta nada nuevo pues “además del requisito de carencia de rentas suficientes” (cuyo umbral aún se desconoce), el cobro de esta ayuda tendrá otros “condicionantes” como cumplir con el itinerario que la Administración diseñe para sus beneficiarios. Concretamente, se trataría de vincular el ingreso mínimo vital a “itinerarios de inclusión” que podrán ser en el terreno laboral, guiando a los beneficiarios a encontrar un trabajo, “pero puede haber itinerarios de otro tipo” para personas con enfermedad mental, problemas de drogas o "analfabetas o sin ninguna cualificación/10, indicó el ministro Escrivá.

Este proyecto del gobierno estatal es “un puzzle en el que han que encajar muchas piezas: ha de ser eficaz para mitigar la pobreza, tiene que ser aceptable socialmente, ha de ser 'aprobable' por los partidos políticos, debe integrarse con el sistema de rentas mínimas de las autonomías y tiene que ser financiable./11 cuyo “coste total se estima en cerca de 5.500 millones de euros anuales, que se irá rebajando a lo largo del tiempo, a medida que la renta mínima vaya absorbiendo otras ayudas sociales, algunas a cargo de las Comunidades Autónomas./12. Queda claro que, además de no aportar nada nuevo a lo existente, supone una centralización que va generar un conflicto con las rentas autonómicas, rentas deficientes en gran medida por la falta de financiación que el diseño territorial somete a las autonomías.

Quizás un planteamiento que reforzara la descentralización, que derivara su coste (los 5.500 millones estimados) más el coste de otros subsidios como el Prepara o la Rai, a reforzar los presupuestos de las rentas autonómicas con el criterio de reformularlas bajo las premisas de estar dirigidas a las personas y no a las unidades familiares, de no tener contraprestaciones, de abonar una cantidad suficiente y digna, de ser gestionadas fuera de los servicios sociales y tramitadas de manera ágil con la mínima documentación necesaria, sería una propuesta más seria. Una propuesta de un derecho social de aplicación inmediata y sin burocracia. Una propuesta que gestionada desde el País Valencià fuera, por su cercanía, sencilla de ser supervisada y controlada en su dotación y aplicación por los colectivos a quienes afecta. Una propuesta que, en definitiva, abriera el camino hacia la implantación de la Renta Básica de las Iguales. Pero ni la supervisión y el control, ni el avance, que supondría dicha reformulación, se podrían materializar sin la movilización social.

Etiquetas: