Reclama soluciones centradas en los derechos desde las instituciones y llama la atención sobre la normalización de situaciones de calle y condiciones indignas de los centros de acogida. Exige la supervisión pública de la prestación de los servicios contratados para la gestión de estos campamentos, así como la investigación de los conflictos registrados.

Las Palmas de Gran Canaria

La Red canaria por los derechos de las personas migrantes reclama responsabilidades a todas las administraciones públicas ante la crisis social que viven las Islas: “No pueden seguir haciendo la vista gorda a las condiciones insalubres en las que se hacinan a miles de jóvenes, ni dar el visto bueno a la gestión violenta de los conflictos registrados, fruto de la frustración de quienes se ven retenidos a mitad de su viaje tras jugarse la vida en busca de una vida digna”, afirman desde la Red.

Las políticas migratorias se deciden a miles de kilómetros del Archipiélago, admiten desde esta confluencia de colectivos sociales, pero “las administraciones municipales, insulares y autonómica -añaden- no pueden desentenderse de esta crisis, en la que estamos normalizando que centenares de jóvenes duerman a la intemperie y sobrevivan gracias a la solidaridad ciudadana”.

La sociedad organizada canaria está dando una lección de solidaridad y sentido común, llenando el vacío provocado por la desidia institucional. Ante la más que deficitaria acogida, son vecinas y vecinos quienes asumen la manutención, el acompañamiento y hasta el asesoramiento a personas migrantes, víctimas de las políticas europeas y estatales. Servicios que, recuerdan desde la Red, “deben proporcionar las instituciones públicas”.

Supervisión e investigación

A juicio de la Red, “las políticas antimigratorias y antipersonas de la Unión Europea y el Gobierno de España han dado paso a una cadena de improvisaciones y despropósitos que no cesan de violar derechos fundamentales.” También por eso, añaden, la garantía, protección y respeto de los derechos es obligación y responsabilidad de todas las administraciones públicas, más allá de una visión reduccionista de sus competencias, especialmente cuando los derechos humanos son violados en sus ámbitos territoriales. “Lejos de alimentar sentimientos de odio y xenofobia, es preciso que se remanguen a favor de la vida de las personas”, sentencia.

En esta línea, desde la Red canaria por los derechos de las personas migrantes se exige a las administraciones públicas que supervisen la ejecución de los servicios contratados para la puesta en marcha de esta deficitaria e improvisada acogida y que investigue los numerosos conflictos vividos en estos centros, como los registrados en Las Raíces, El Lasso y, más recientemente, en Canarias 50.

Una única solución

La situación vivida en Canarias estos días es consecuencia de las políticas de bloqueo fronterizo de la Europa rica, señalan desde la Red, que enumera entre sus consecuencias los centenares de muertes y desapariciones en la ruta canaria: 19 muertes y 34 desaparecidas en solo los dos primeros meses de 2021.

Recuerdan que la solución no es la deportación, ni la larga espera para ello en condiciones inhumanas, sino dejar seguir viaje que es lo que expresan como reivindicación las personas en movimiento, para seguir con sus proyectos migratorios que son de supervivencia para sus comunidades, expoliadas por este Norte enriquecido.

Por último, exigimos la liberación de las personas detenidas hoy, y dejar de criminalizar a las personas migrantes; así como la inmediata acogida a las 62 personas expulsadas del centro de Cruz Roja.

La solución a este fenómeno migratorio, afirman desde la Red, es el libre ejercicio del derecho a migrar, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Migrar no es un delito, recuerdan.