Por el derecho a una vivienda digna…

Concentración ruidosa el pasado 20 de abril a la entrada del Museo Marítimo Ría de Bilbao mientras se celebraba la jornada “LA LEY VASCA DE VIVIENDA: NOVEDADES Y RETOS PARA SU APLICACIÓN” organizada por el “Departamento de Empleo y Políticas Sociales”.

A la llegada de los principales cargos institucionales organizadores de esta “jornada de debate” (el máximo responsable de la “Consejería de Empleo y Políticas Sociales”, Angel Toña; y la “Viceconsejera de Vivienda”, Mª Covadonga Solaguren). A los cuales se ha entregado el manifiesto que se adjunta.

Iniciativa que se desarrolla con el ánimo de denunciar los recortes contemplados en la “Ley de Vivienda” y en el borrador de “Decreto” elaborado por el Gobierno Vasco.

Murrizketarik EZ!!!

Iniciativa que se desarrolla con el ánimo de denunciar los recortes contemplados en la “Ley de Vivienda” y en el borrador de “Decreto” elaborado por el Gobierno Vasco.

En concreto, hay que tener en cuenta que el pasado año 30.000 familias percibieron la Prestación Complementaria de Vivienda tramitada desde Lanbide; y otras 6.500 las Ayudas de Emergencia Social gestionadas desde los ayuntamientos de la CAPV.

Sin embargo, producto del endurecimiento de requisitos, si entrara en vigor la “Ley de Vivienda”; y el “Decreto” que la desarrolla, y está elaborando el ejecutivo vasco. La mayoría de estas miles de familias perderían su derecho a acceder a una prestación económica que permite cubrir sus necesidades derivadas del pago y acceso a una vivienda de alquiler.

NO AL RECORTE DE LAS PRESTACIONES SOCIALES: POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

Lejos de representar un avance en el ámbito de las políticas públicas encaminadas a paliar el grave problema habitacional que sufren amplios sectores de la sociedad, la Ley Vasca de Vivienda, aprobada en 2015 con los votos de PSE, EH BILDU y UPD, supone un recorte efectivo de derechos en el ámbito de las prestaciones sociales.

La Ley de Vivienda y el borrador de Decreto elaborado por el PNV, no sólo dejan sin resolver el acuciante problema habitacional, sino que liquidan la única prestación social existente en esta materia, la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) gestionada desde el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

Este recorte alcanza también a las partidas presupuestarias destinadas a cubrir los gastos de alquiler contemplados por las Ayudas de Emergencia Social (AES) y que son gestionadas por los Ayuntamientos.  

En el año 2015, cerca de 30.000 unidades convivenciales percibieron la PCV y otras 6.500 las AES para alquiler. Si entrara en vigor el Decreto que está preparando el ejecutivo vasco y, como consecuencia de lo estipulado por la Ley aprobada en 2015, muchas de las personas que a día de hoy cumplen con los requisitos exigidos por Lanbide o que en su defecto, acceden a cobrar las AES, perderán su derecho a reclamar una prestación económica para cubrir las necesidades derivadas del pago de un alquiler.

Está pérdida de derechos, que afectará especialmente a aquellos grupos poblacionales con menor renta disponible y en situación de mayor vulnerabilidad, es consecuencia directa del endurecimiento de requisitos para acceder a la nueva prestación económica de vivienda.

Entre las nuevas exigencias que surgen tanto de la Ley como del borrador del Decreto, se establece una antigüedad mínima de 4 años en el registro de inscripción de Etxebide como demandante de vivienda en régimen de alquiler y demostrar unos ingresos mínimos (3000 €), como requisito fundamental para acceder a la nueva prestación.

En la actualidad, para acceder a la Prestación Complementaria de Vivienda se exige únicamente una solicitud de inscripción en este registro, sin requisitos de antigüedad ni de ingresos mínimos. A su vez,  el derecho a percibir la PCV está sujeto a la antigüedad en el padrón de habitantes de los municipios y es de 3 años. En el caso de las AES, la antigüedad exigida en el padrón es de 6 meses.

La nueva prestación económica de vivienda dejará también sin cobertura a aquellas personas que habitan en alojamientos colectivos como, por ejemplo, pensiones y a quienes perciben la prestación de vivienda como complemento de ingresos de trabajo, situación que a día de hoy se encuentra amparada por la PCV. 

Por otro lado, la Ley establece que el derecho subjetivo a percibir la prestación económica de vivienda se hará efectivo de manera escalonada. Esto significa que durante el primer año de entrada en vigor de la Ley sólo tendrán derecho a la prestación los grupos convivenciales de 3 o más miembros (y que cumplan con los requisitos de antigüedad en Etxebide y de ingresos). Durante el segundo año, podrán reclamar su derecho las unidades familiares de dos miembros y en el tercer año, las unipersonales. En el actual régimen de la PCV, todas las unidades convivenciales con derecho a cobrar la RGI pueden reclamar su prestación de vivienda.

A su vez, la Ley y el borrador del Decreto de Vivienda penalizan especialmente a aquellas personas que comparten piso, en su modalidad de coarriendo o subarriendo. En la actualidad, y con el sistema de la PCV, cada unidad convivencial (de un máximo de hasta 2 por vivienda) tiene derecho a percibir los 250 € estipulados por Lanbide que, con la nueva prestación económica de vivienda, quedarán reducidos a la mitad. 

Desde diferentes “Colectivos Sociales de Bizkaia” hemos demandado el reconocimiento efectivo por ley para el acceso a una vivienda de alquiler social. Toda persona debería tener derecho al uso y disfrute de una vivienda adecuada, segura, cómoda y con servicios esenciales.

Hay que recuperar el valor de uso de la vivienda, situarla bajo lógicas no mercantiles y enmarcar el problema de la vivienda como un asunto colectivo, que no puede ser resuelto atendiendo a la lógica del mercado ni de la especulación.

El alquiler social, la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías deben ser acciones prioritarias para garantizar el acceso a la vivienda.

La situación dista mucho de nuestras demandas. La Leyes de Vivienda que se ha aprobado en el Parlamento Vasco no garantiza ese derecho ni crea alternativas habitacionales suficientes al margen de la lógica del mercado.

Ni las leyes ni el borrador del Decreto elaborado por el ejecutivo vasco representan una respuesta efectiva al problema estructural de acceso a la vivienda ni tampoco contribuyen a disminuir las graves situaciones de precariedad habitacional en las que se encuentra buena parte de la población.  

Por todos estos motivos diferentes “Colectivos Sociales de Bizkaia”:

• Exigimos al Gobierno Vasco que retire el borrador de Decreto de Vivienda, y que renuncie a aprobar ninguna medida que suponga un recorte de los derechos y prestaciones sociales.
• Exigimos al PSE, EH BILDU y UPD una rectificación de la Ley de Vivienda, que retire todos los recortes recogidos en la misma a la vez que nos reafirmamos en nuestras reivindicaciones, entre las que se encuentran la demanda de un reconocimiento efectivo por ley al acceso a una vivienda de alquiler social; la priorización de la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías frente a las de nueva construcción; y el inicio de un necesario proceso de desmercantilización de la vivienda, no sometido a las reglas del mercado y del capitalismo.
• Exigimos a las instituciones un cambio radical de sus políticas y de sus formas de hacer política. Reivindicamos la participación social activa y poner la sostenibilidad de la vida en el centro del modelo socio-económico.

Colectivos Sociales de Bizkaia:
Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ - STOP Desahucios Bizkaia.