Por una política social de vivienda

Solapas principales

imagenProtesta ante la ausencia de un parque de viviendas en alquiler social e incumplimiento sistemático de la legislación que exige dotar de una alternativa habitacional a toda familia que sufra un proceso de desahucio en Barakaldo.

Denuncia de los continuos recortes aprobados a las prestaciones de emergencia social y a las ayudas para hacer frente a pagos de alquileres e hipoteca o mantenimiento de la vivienda habitual.

Hay que tener en cuenta que el próximo martes 9 de noviembre se cumplen nueve años de la trágica muerte de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña, cuando se suicidó en el momento que la comitiva judicial iba a proceder a desalojarla de su vivienda.

Pasados 9 años los desahucios siguen, a día de hoy, siendo una constante en la localidad. En concreto, 1.895 familias han sido desalojadas de sus viviendas en estos 9 años.

Nota de prensa

1.895 familias barakaldesas han sido expulsadas de sus casas desde que hace 9 años Amaia Egaña se suicidara cuando iba a ser desahuciada. Este próximo martes 9 de noviembre se cumplirán nueve años de la trágica muerte de la vecina de Barakaldo. Casi cuatro familias son desahuciadas cada semana en la localidad. La política de recortes aplicada a las prestaciones sociales agrava en Barakaldo la problemática del acceso y mantenimiento de la vivienda habitual.

Un total de 1.895 familias han sufrido en Barakaldo el desahucio de su vivienda en los últimos nueve años, desde que la vecina del barrio de Desierto Amaia Egaña se quitara la vida en el mismo momento en que la comitiva judicial procedía a desalojarla de su piso el 9 de noviembre de 2012.

Así lo ha denunciado la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, que ha desarrollado una protesta desde el Ayuntamiento hasta el Palacio de Justicia de Barakaldo. Movilización en la cual han participado varias personas en paños menores portando “La cruz de los desahucios y los recortes”, en el transcurso de esta marcha por la principal calle del municipio.

Cuando se suicidó, Egaña tenía 53 años, estaba casada y tenía un hijo de 21 años. El hecho fue recogido incluso por la prensa internacional y en Barakaldo provocó una ola de indignación que sacó a miles de personas a la calle, lo que forzó a que las autoridades políticas y judiciales se comprometieran a adoptar medidas para evitar esta tragedia.

Nueve años después los desahucios continúan. En promedio, casi cuatro familias barakaldesas son expulsadas cada semana de sus viviendas. El 87% de ellas, de una vivienda en alquiler. Algunas, incluso de la habitación en la que residen. Así de grave es el problema del acceso a una vivienda digna en la localidad.

Por otro lado, cabe destacar que la mayoría de los desalojos de vivienda en propiedad siguen siendo impulsados por Kutxabank y La Caixa, entidad financiera que desalojó a Egaña hace 9 años. También hay órdenes judiciales solicitadas por Banco Popular, Santander, BBVA y Caja Laboral cuando las personas propietarias se ven incapaces de hacer frente al pago de su hipoteca.

Estas situaciones son fruto de las políticas de recortes y no de la casualidad”, ha advertido Berri-Otxoak. «Desde el inicio de la crisis de 2008 hasta hoy, crisis que se solapa con la causada por la pandemia del covid-19, el número de personas desempleadas en Barakaldo se ha duplicado, pues ya son 6.568 frente a las 3.269 de 2008. El porcentaje de las mismas que no recibe ningún tipo de prestación o subsidio es ya del 67% en la actualidad”.

La plataforma ha alertado además de la situación de la vivienda. “No poner freno a la especulación conlleva que el precio de los alquileres se incremente mes a mes. Así, la renta media de un piso en Barakaldo era de 630 euros en 2012. Actualmente, la cifra se incrementa hasta los 795 euros mensuales”.

Ante estos datos, el colectivo ha exigido a las autoridades mayores recursos para vivienda social y ayudas de emergencia, así como el cumplimiento del protocolo sobre desahucios y el acatamiento de las resoluciones internacionales que exigen que se garantice una alternativa habitacional a las familias expulsadas de sus casas.

En concreto, han instado a “incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social y a mantener el plazo de solicitudes abierto durante todo el año, tal como lo regula la ley, pues el 21 de octubre el Ayuntamiento cerró dicho plazo hasta mediados de del año que viene, como mínimo».

Del mismo modo, el colectivo insta a que «se eliminen los recortes aplicados al acceso y a las cuantías de las ayudas económicas municipales, que en un 68% se destinan para el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual”.

Berri-Otxoak surgió hace 29 años, en 1992, y en sus casi tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.016 familias.

Barakaldo, 4 de noviembre de 2021.

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