En la mañana del pasado sábado 27 de enero se ha desarrollado una concentración para denunciar que este próximo mes de febrero se producirán -como mínimo- 8 desahucios de otras tantas familias barakaldesas. El primero de ellos está fijado para este lunes 1 de febrero.

En concreto, una familia de Barakaldo se encuentra con una orden efectiva de desahucio para este lunes 1 de febrero del piso de alquiler donde residen. Así, S.K. (42 años y desempleado), y S.J. de 41 años y con un empleo precario en una empresa de limpieza; y ambos a cargo de 3 menores con 15, 13 y 11 años.

Este matrimonio se ha personado ante los servicios municipales y el Departamento de Acción Social; y se han encontrado una nula voluntad de solución a su falta de una alternativa habitacional frente a este inminente desalojo.
Esta actuación deja claro qué son papel mojado el protocolo de actuación, la mesa de mediación y el grupo de trabajo contra los desahucios establecido por el consistorio en el municipio.

Enlace al vídeo de la movilización: HerriKolore, TeleBilbao y Tele 7

Comunicado

A fecha 30 de diciembre había señalados 8 desahucios en Barakaldo para el mes de febrero. El primero de ellos está fijado para este lunes 1.

• Una familia de Barakaldo se encuentra con una orden efectiva de desahucio para este lunes 1 de febrero del piso de alquiler donde residen.
• En concreto, S.K. (42 años y desempleado), y S.J. de 41 años y con un empleo precario en una empresa de limpieza; y ambos a cargo de 3 menores con 15, 13 y 11 años de edad.
• Dentro de las actuaciones destinadas a garantizar su acceso a una alternativa habitacional frente a esta orden de desahucio se solicitará amparo al Ararteko en aplicación de la jurisprudencia dictada desde el “Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo” desde el cual exhorta a las instituciones a “la obligada consideración del interés superior del menor en las políticas públicas”; y el dotar de alternativa habitacional a las familias afectadas por un desahucio.

Hay que tener en cuenta que esta pareja se ha presentado ante los servicios municipales y el Departamento de Acción Social a lo largo de estas semanas de enero. En el trascurso de las gestiones realizadas se han encontrado con ninguna voluntad de solución a su falta de una alternativa habitacional frente a este inminente desalojo.

Esta actuación deja clara la actitud del actual equipo municipal (PNV) y su socio de gobierno (PSE). Los cuales han dejado en papel mojado el protocolo de actuación, la mesa de mediación y el grupo de trabajo contra los desahucios establecido por el consistorio en el municipio. Desde el actual equipo de gobierno, y con Amaia del Campo -alcaldesa- y Mikel Antizar -Concejal delegado de Acción Social- a la cabeza, son nulas las actuaciones realizadas: sea para buscar una respuesta habitacional, acceso a empleos dignos, orientación laboral. Siendo inexistentes las gestiones efectuadas.

INCUMPLIMIENTOS DE LA LEGALIDAD (por parte del consistorio fabril)

Recomendaciones del Defensor del Pueblo
Este miércoles esta familia se dirigirá al Ararteko con el ánimo de apelar a su recomendación “2/2015, de 8 de abril” donde se exhortaba a las instituciones a “la obligada consideración del interés superior del menor en las políticas públicas”. Es decir, “siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño/niña concreto se debe tener en cuenta la debida consideración del interés superior del menor como titulares de derechos, en particular en las decisiones judiciales y administrativas”.

Cabe recordar que en este inminente desahucio se verán afectados 3 menores de edad.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo
Además, ambos partidos, contravienen la doctrina establecida por el “Tribunal Europeo de Derechos Humanos” el cual ha exhortado a diversos consistorios (Madrid, Sabadell, Barcelona…) “a procurar desde las diferentes administraciones una alternativa habitacional a los afectados por las ordenes de desahucio. Más si cabe sí hay menores afectados por esta actuación”.

El “Tribunal Europeo” especifica que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante su evidente situación de precariedad  y exclusión social”.