El pasado jueves 3 de Octubre tuvo lugar el desalojo de la Corrala Buenaventura de Málaga. Un inmueble que en su día perteneció a Bankinter, y que Gestiones Hospedalia. SL sociedad de inversión cordobesa y actual propietaria, consiguió comprar a precio de saldo con sus inquilinos dentro. Los inquilinos eran 13 familias la mayoría jóvenes, sin recursos y con 12 menores a cargo, que desde el pasado Febrero se alojaban allí dando vida y un uso social al inmueble, antes abandonado.

Se trata de 13 familias más que han sido expulsadas de su vivienda habitual. Un desahucio más que se suma a los más de 45 desahucios diarios que se dan en la Comunidad andaluza y que suman ya más de 86.000 desde 2007.

Desde Corriente Roja, denunciamos el intento de engaño y manipulación que han sufrido las familias de la Corrala Buenaventura tanto por el Ayuntamiento y la propietaria, como por la Junta de Andalucía que participó de las reuniones celebradas con portavoces de las corralas en el mes de Septiembre.

Ante la inminencia del desalojo cuya fecha se sabía desde que en Julio el Juzgado de instrucción nº 19 dictó el lanzamiento de la vivienda, las familias, asustadas ante la idea de verse en la calle, intentaron reunirse con las distintas partes para solicitar el aplazamiento del mismo y escuchar sus propuestas. Sus demandas, las mismas que llevan meses pidiendo junto al resto de las corralas: Un alquiler social que les permitiese continuar viviendo en este inmueble con el compromiso de mantenerlo en buen estado, o en otro que se les proporcionase.

Pero lo único que se les ofreció a las familias a cambio de abandonar la vivienda, fue un dinero del fondo de “ayudas de emergencia social”que el Ayuntamiento concede a través de los Servicio Sociales, a familias en riesgo de exclusión. Un dinero con el que poder pagar dos o tres meses de un alquiler, además de prometerles un aval del propio Ayuntamiento para facilitarles el mismo. Junto a esto, un “compromiso verbal” de la propietaria de que haría una aportación económica a las familias para prolongar hasta seis meses sus posibilidades de alquiler, siempre que estas dejasen el inmueble en buenas condiciones. Y que una vez tuviesen acondicionado el inmueble, se les daría “preferencia” si esta decidía sacar los pisos a alquiler. ¡Eso sí, en condiciones de mercado, nada de alquiler social! A su vez, el alcalde prometió que se les facilitaría la obtención de un puesto en un mercadillo solidario de la ciudad.

Ante estas propuestas, la mayoría de las familias y a pesar de que algunas de las personas y colectivos que participamos de la Asamblea inter-corralas pensamos que era un error, se inclinaron por aceptar el acuerdo, siempre que este se les diese por escrito y que la verificación  del inmueble por parte de la propietaria se produjese antes del lanzamiento.

Pero ni la propiedad se pasó por la vivienda, poniendo todo tipo de trabas para hacer la verificación y demostrando así su nula intención de  cumplir lo prometido, ni a las familias se les entregó el acuerdo por escrito. Lo único que recibieron fue el dinero procedente de los fondos de emergencia social. Un dinero con el que, al contrario de lo que afirmó en prensa el concejal de Derechos sociales del Ayuntamiento el día del desalojo, muchas familias ni siquiera lograron un alquiler, ya que con tanta premura, y sin nómina ni aval de ningún tipo es muy difícil conseguir un contrato de arrendamiento.

En estas circunstancias, y a medida que las familias fueron conscientes del engaño y de que “se les estaba vendiendo humo”, se decidió intentar resistir el desalojo haciendo un llamamiento y apelando a la solidaridad de los colectivos y movimientos sociales que en distintos momentos han apoyado su lucha.

¿Y cual ha sido el papel de la Junta de Andalucía?

Pero de un Ayuntamiento gobernado por el PP, partido adalid de los recortes y la privatización, no podíamos esperar mucho. Y tampoco cabía esperar demasiado de la propietaria del inmueble cuyo único propósito es especular con la vivienda aprovechándose de los bajos precios de estas como consecuencia de la crisis. Pero la pregunta es: ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía para evitar este fatal desenlace? ¿Qué hizo en todo este tiempo desde que en Febrero las 13 familias decidieron ocupar el inmueble abandonado?

La respuesta es que como dicen las propias familias en el manifiesto que repartieron la tarde antes del desalojo, aparte de bonitas palabras y promesas de apoyo, la Junta de Andalucía no se ha comprometido con nada. Lo único que hizo durante la última reunión con las familias fue informarles de que la Junta está “trabajando para poner en marcha un plan andaluz de viviendas para el año próximo, que pretende ofrecer ayudas al alquiler, y que por tanto cuando se apruebe, las familias podrían acogerse a este plan”. O sea menos que nada.....

Lo cierto es que una vez más el gobierno andalúz “se lavó las manos como Poncio Pilatos”, y dejó a estas familias abandonadas a su suerte. Aun sabiendo que no existían condiciones para que estas familias que tienen menores a cargo abandonasen el edificio de forma digna. Aun sabiendo que el desalojo del inmueble era inminente, no movieron un dedo para ofrecerles una mejor solución ni para evitar el desahucio.

De nada les sirvió a las familias que dos concejales de IU en el Ayuntamiento se presentasen en el desalojo como muestra de desacuerdo con el mismo. Y de nada les sirven tampoco las palabras de la secretaria  general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer (IU), quien afirma que “están sobrecogidos por la intervención policial”. Las familias desalojadas necesitaban más que palabras y buena voluntad. Necesitaban hechos y medidas concretas que les permitiesen acceder a una  vivienda digna. Algo que esta gobierno nunca tuvo intención de llevar a cabo.

Es por eso que la nueva Ley de la función social de la vivienda ignora totalmente a las corralas y sus demandas de regularización mediante alquiler social, a pesar del cada vez mayor apoyo social que las corralas están recibiendo.

Una ley que al igual que el Decreto anterior, es insuficiente puesto que no va a evitar muchos de los desalojos, y porque es necesario poner en marcha medidas mucho más contundentes que amenazar con sanciones económicas a bancos e inmobiliarias, para lograr que estas pongan en alquiler, (y mucho menos en alquiler social), las casi un millón de viviendas que están en sus manos.

Desde Corriente Roja denunciamos este nuevo desalojo permitido por la Junta de Andalucía que se produjo de forma violenta, según dijeron muchos testigos, y que se saldó con la detención de tres activistas que ya han sido puestos en libertad pero con cargos por resistencia a la autoridad.

Frente a la actitud pasiva del gobierno andaluz, es necesario unificar las luchas contra los desahucios, los cortes de luz y agua y por el alquiler social, al tiempo que le exigimos al gobierno de PSOE-IU que rompa de una vez con los banqueros y especuladores, y que defienda  a las familias necesitadas paralizando los desahucios y los cortes de suministros, y regularizando las corralas bajo un régimen de alquiler social.