desinformemonos.org. Alicia Alonso.- El populismo punitivo que recurre a la prisión para resolver cualquier problema social no quiere pensar que además de no resolverse los conflictos con la cárcel, ésta tiene unos costos económicos y sociales que se deberían considerar.

Las estadísticas institucionales suelen calcular los gastos directos que suponen la administración de las prisiones y no siempre se da importancia a los ingresos perdidos, es decir, lo que dejan de contribuir a las economías las personas presas.

De lo que no se ocupan nunca estas estadísticas, es de las pérdidas económicas que suponen para las familias el encarcelamiento de uno de sus miembros. Al encarcelarse a un componente de la familia, no sólo se pierden sus ingresos, si no que se tiene que mantener a esa persona que está en prisión. Esto significa más gastos que no se contabilizan. En muchas cárceles, la administración penitenciaria no suministra los bienes básicos para subsistir o sólo suministra una parte y son la familias y allegadas quienes tienen que hacerse cargo de proporcionarlos. Ropa, mantas, alimentos, productos de higiene, limpieza y medicinas son parte de los enseres que se suministran desde fuera de las prisiones. A ello hay que añadir el precio del transporte cuando se realizan las visitas y de las llamadas telefónicas.

Sin duda, uno de los gastos mayores a los que se enfrentan es el pago de los trámites legales y de defensa, a pesar que una parte de las personas presas por tener bajos recursos tienen defensa de oficio. Todo ello implica un grave endeudamiento que puede significar la pérdida de la vivienda o los mínimos ahorros, en caso que los tuvieran. Que la cárcel empobrece, es una realidad y si las personas que entran en ella ya eran pobres (como es en la mayoría de los casos), se verán condenadas a una espiral de pobreza de la que difícilmente podrán salir.

Pero claro, todo este gasto, no es repartido de manera equitativa sino que son las mujeres las que se hacen cargo de ello, las que siguen sosteniendo la vida (material y emocionalmente) dentro y fuera de las prisiones. Son sobre todo ellas, pobres y racializadas, las que aguantan las horas de filas a la intemperie para entrar en las cárceles y proporcionar estas atenciones. Todo esto fue puesto en evidencia por Catalina Pérez Correa en una investigación realizada en México y que es extrapolable a la mayoría de los países¹.

También es importante tener en cuenta el coste social diferenciado por género. Si bien el coste financiero de encarcelar a hombres, mujeres y disidencias es casi similar, los costes y consecuencias sociales de encarcelar a las mujeres son mucho más dañinas. Empezando por el cuidado de la prole. Cuando se encarcela a madres, una parte de las crianzas quedarán al cuidado de otras mujeres (abuelas, tías, hermanas) y otra parte será entregada a instituciones con los consiguientes costes y daños sociales que contribuirán a la exclusión social de estos menores. Debido a su especial posición como cuidadoras primarias, los costos de encerrar a las mujeres también tienen consecuencias a largo plazo que serán sentidas por las generaciones futuras. De esta forma, la prole de madres encarceladas tienen más probabilidades de ser encarceladas en el futuro en comparación con los hijos e hijas de padres encarcelados, según sugieren otras investigaciones².

Además, estudios realizados en Gran Bretaña destacaban que una de cada tres mujeres perdían sus casas mientras estaban presas y que un 40% no podía volver a sus hogares después de salir de prisión. La cárcel era pues la causa de estar en situación de calle de un número significativo de mujeres. Además, un 30% de las reclusas perdían su empleo al salir del encierro, con la consecuente pérdida de ingresos y dificultades de sobrevivencia.

Por otra parte, el deterioro de la salud física y mental y el incremento de los intentos de suicidio y depresión que provoca la prisión en las reclusas, tienen un coste financiero de salud añadido para el estado. Los estudios concluyen que si a las mujeres que actualmente están condenados a penas de prisión cortas, se les impusieran sanciones comunitarias en beneficio de la comunidad u otras medidas alternativas, todas las consecuencias y costos sociales perjudiciales mencionados anteriormente se podrían evitar. Además, sería una opción más rentable para las arcas del estado que la privación de libertad por delitos no violentos en las mujeres delincuentes.

Sin duda, la economía feminista ha sido de gran ayuda en este campo para visibilizar el trabajo de las mujeres en el cuidado y sostenimiento de la vida, también en las prisiones. Además ha ayudado a tener en cuenta el trabajo doméstico y de cuidados que se deja de realizar cuando se encarcela a las mujeres y los costos de su tercerización o externalización.

Por tanto, el feminismo también tiene mucho que decir de la lógica prisional y populismo punitivo patriarcales que se sirven del trabajo y cuidados de las mujeres (sobre todo pobres y racializadas) y que las empobrece todavía más.