En defensa de los derechos sociales…
Movilización el pasado 28 de septiembre ante el Ayuntamiento de Barakaldo donde ha participado una vecina de la localidad viuda y con un hijo a cargo.
Mediante las quejas que ha presentado ante el Defensor del Pueblo-Ararteko durante los años 2013 y 2014 ha conseguido que esta institución elabore un informe donde contraviene la actuación del consistorio en torno a los criterios establecidos para la concesión de las ayudas sociales en el municipio. E insta al mismo a dar marcha atrás a las disposiciones por las que se deniegan -o no tramitan- las solicitudes de Ayudas de Emergencia Social teniendo en cuenta el límite patrimonial.
Murrizketarik EZ!!!
A través de la concentración realizada esta mañana también se ha presentado la campaña que se desarrollará a lo largo de los próximos días para animar a las familias de la localidad que se han visto afectadas por este recorte social a dirigirse al área de Alcaldía a reclamar y hacer valer sus derechos.
Denuncia que se extenderá al recorte aprobado el pasado 5 de agosto a través del habitual “Decreto de Alcaldía” de minorización y priorización: reducción en un 50% las cuantías de las prestaciones a las que tienen derecho las familias barakaldesas para hacer frente a sus necesidades más básicas: vivienda, alimentación, educación, vestuario, gastos de comunidad, atención sanitaria…
Barakaldo incumple la legalidad en ayudas sociales según el Ararteko
Esta mañana se hace público la resolución del Ararteko donde se recomienda al Ayuntamiento de Barakaldo revisar y dar marcha atrás a las resoluciones por las que se deniega -o no tramitan- las solicitudes de Ayudas de Emergencia Social teniendo en cuenta el límite patrimonial.
En esta comparecencia está presente la mujer (viuda y con un hijo a cargo) que ha registrado durante los años 2013 y 2014 diferentes quejas ante el Arateko denunciando los criterios establecidos en diversos decretos de Alcaldía; y donde se regulaba el acceso a las ayudas económicas gestionadas desde el consistorio. Y que ha motivado esta resolución del Defensor del Pueblo.
En concreto, la resolución del Ararteko fechada el 13 de agosto exige al Ayuntamiento de Barakaldo “que revise la resolución por la que se deniegan a la reclamante las Ayudas de Emergencia Social teniendo en cuenta que cumple el requisito referido al límite patrimonial”.
El Ararteko certifica que la normativa aprobada -y aplicada- desde el Departamento de Acción Social del consistorio fabril durante los años 2013 y 2014 -además del actual 2015- contraviene toda la legislación del Gobierno Vasco. Del cual depende reglamentariamente el procedimiento que rige y regula la concesión de las Ayudas de Emergencia Social gestionadas desde las entidades locales.
Durante estos tres años hemos denunciado estos hechos y exigido la supresión del límite de patrimonio establecido desde el equipo municipal de gobierno. La resolución del Ararteko nos da la razón en nuestras reivindicaciones. Por este motivo exigimos a la actual corporación municipal el dar marcha a atrás a este recorte social y aplicar los baremos establecidos para este año por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales.
En 2013 y 2014 estaba fijado en 8.000 euros. Este año se encuentra en 10.000 euros el ahorro del que pueden disponer las familias del municipio. Sin embargo el Gobierno Vasco establece el patrimonio máximo para acceder a las “Ayudas de Emergencia Social” desde los 32.000 euros -para un único miembro- hasta los 45.000, euros para una unidad convivencial de tres o más personas.
Mediante la movilización realizada hoy se dará inicio a una campaña donde se animará a las familias de la localidad que se han visto afectadas los pasados años -y el actual- por este recorte social a dirigirse al área de Alcaldía a reclamar y hacer valer sus derechos.
Denuncia que se extenderá al recorte aprobado el pasado 5 de agosto a través del habitual “Decreto de Alcaldía” de minorización y priorización: reducción en un recorte 50% las cuantías de las prestaciones a las que tienen derecho las familias barakaldesas para hacer frente a sus necesidades más básicas: vivienda, alimentación, educación, vestuario, gastos comunidad, atención sanitaria…
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