En Pocas Palabras. 15-M Serranía de Ronda.- Los sistemas agroindustriales alimentarios se basan en la producción de monocultivos, caracterizados por el uso masivo de productos químicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas), largas cadenas de producción globalizada con una fuerte concentración de poderes (unos pocos actores controlan gran parte de la cadena de valor) en detrimento de los pequeños productores.

Además, las nuevas formas de consumir alimentos, a través de las comidas a domicilio (delivery) globalizada, no puede sobrevivir sin explotación laboral. Un estudio realizado por UGT en 2019 calculó que las formas atípicas de contratación permitirían a las plataformas digitales de reparto ahorrarse hasta 92 millones de euros al año en salarios y hasta 76 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social. Con la expansión del sector, estas cifras lógicamente aumentan. Datos de 2022 indican que se producen más de 400 millones de pedidos de comida a domicilio, por diferentes canales (teléfono y online), con una facturación de 2.600 millones de euros.

Si hay que reducir costes, solamente, hay un factor sobre el que se puede realmente actuar, la mano de obra que es muy importante. En Huelva se cultiva el 95 % de la fresa que se produce en el Estado. La patronal fresera estima que se necesitan unos 100.000 puestos de trabajo cada campaña. Las mujeres suponen el 80 % de la plantilla de enero a junio, y son devueltas después a su país de origen. Unas 14.000 vienen de Marruecos.

La gran baza del sistema alimentario globalizado de nuestros días no está en lo que muestra, sino en lo que oculta, la mano de obra precarizada y explotada sobre la que asienta su éxito económico. Personas vulnerables atrapadas en la inseguridad laboral, los bajos salarios, la pérdida de derechos y unas pésimas condiciones de trabajo y de vida.

No solo se trata de salarios bajos, sino de salarios pagados a destajo (en función de la producción), de trabajar más horas de las convenidas, de no pagar horas extraordinarias, de declarar menos días a la Seguridad Social, de no facilitar un alojamiento adecuado o del papel totalmente central que tienen las Empresas de Trabajo Temporal en muchas regiones agroexportadoras.

Además de coordinar las leyes de extranjería con los intereses agroexportadores, se crea un mercado laboral diferenciado, con menos derechos que el resto de la población. La tan cacareada despensa de Europa tiene enterrados sus pies en la explotación humana.

El milagro económico de la agricultura de exportación y los extraordinarios datos macro de miles de millones de euros en ventas y millones de toneladas de alimentos exportados no han dado lugar a la creación de empleo estable y de calidad, sino a una mayor precariedad de las relaciones de empleo y de las condiciones de trabajo. Para garantizar la competitividad de los productos agrícolas en los mercados globales, las empresas del sector, con el apoyo de las instituciones públicas, se han basado en la presión constante a la baja de los costes laborales.

Buena parte de nuestra dieta alimentaria es una dieta global, es decir, alimentos producidos, transformados, transportados y comercializados a través de la inmensa red global de alimentación que nos atraviesa. Hoy en día, en el Estado español, el 70 % de lo que consumimos son alimentos procesados. Esta factorización de la alimentación global permite que consumamos no alimentos, sino productos alimentarios.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, del partido popular, ha tildado la campaña “Las mentiras que comemos” de «devastadora» por ser «un ataque frontal sin ningún sentido» al sector estratégico de la agricultura en el Estado español, por lo que la respuesta de Justicia Alimentaria ha sido clara: «lo que es devastador no es nuestra denuncia, sino que se permita la vulneración de los derechos laborales y humanos en el sector agroalimentario».

En 2020, el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alstom, describió la realidad de los temporeros de la fresa de la provincia de Huelva así, viven «como animales» y «en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados». Y denunció que, mientras la industria recauda millones de euros, hay personas que viven en condiciones «deplorables».