En pocas palabras. ¿En manos de quiénes estamos? 15-M Ronda.- El sueldo más frecuente en España está en torno a los 18.000 euros. Y dos de cada tres personas mayores de 65 años en España, esto es, un 66% no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos.

Para colmo, gracias a las reformas de las pensiones realizadas por Zapatero y Rajoy en 2011 y 2013, las y los pensionistas han perdido 1.200 millones de euros solo en 2017, una media de 200 euros por cada uno de ellos. Después de comparar los sistemas de todos los países europeos en su informe “Las pensiones en España”, el catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública del País Vasco Ignacio Zubiri concluye que el PP “ha introducido unos de los ajustes por envejecimiento más severos de la UE”. Además, el sector financiero arremete para tratar de conseguir mayores beneficios para los fondos de jubilación privados.

En España, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados 109.244 millones de euros, una décima parte del Producto Interior Bruto (PIB). Un dinero que representa, sin embargo, una minúscula muestra de lo que podría ser el negocio de las pensiones para los grandes bancos y aseguradoras si desaparece su principal competidor: las pensiones públicas.

Ya lo han hecho en muchos países de América Latina. Ahora quieren terminar el trabajo iniciado en España. El lobby, grupo de presión, de la Asociación Española de Banca (AEB), defiende su actuación: ante la persistencia de la crisis y el envejecimiento de la población, se debe aumentar la edad de jubilación, recortar las prestaciones y apostar por vías alternativas de ahorro, es decir, por planes de pensiones privados. Así, no es de extrañar que la comisión del PP en 2013 para analizar las pensiones estuviera formada casi exclusivamente por economistas ligados a las aseguradoras.

Sin embargo, según datos del Banco de España, solo el 26% de la población tiene un plan de pensiones y no es precisamente la gente con bajos recursos. Además, según explica el economista Eduardo Garzón, los contribuyentes perdemos unos 2.000 millones de euros anuales en las bonificaciones que tienen los fondos privados de pensiones y que sólo sirven a esa pequeña parte de la población. ¿No es absurdo afirmar que no hay dinero para las pensiones públicas y ofrecer desgravaciones a las personas que acceden a una pensión privada?

Lejos de lo que puede parecer, las pensiones privadas no son precisamente un negocio boyante. El diario Cinco Días situaba la “edad dorada” de los planes de pensiones entre 1997 y el comienzo de la crisis. Con una pérdida de 580 millones de euros, 2017 se ha convertido en el primer año en el que se producen más retiradas que aportaciones en el sistema privado. Las y los españoles sacaron 2.029 millones de euros de planes de pensiones privados, un 12% más que el año anterior. Lo que ha supuesto un déficit negativo de 202 millones de euros en el conjunto de planes de pensión privados y planes de empleo.

Según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), en 2008, tras la caída de Lehman Brothers, los fondos de inversión y pensiones de todo el planeta perdieron un 18,3% de su valor. Los fondos de España cayeron un 9%. ¿Qué pasará, ante una nueva crisis, con unos fondos de inversión que apenas han obtenido beneficios en unos años de dinero barato y tipos de interés en mínimos históricos?

Para el sindicato CGT, la “quiebra premeditada y metódica” de la Seguridad Social y el sistema público de pensiones por parte de todos los partidos gobernantes desde 1980 y “por casi todo el arco parlamentario desde 1995” tiene un objetivo “para nada escondido”: entregar a los mercados privados el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas.

El Secretario General de CC.OO, Unai Sordo, afirma “Si España está dispuesta a destinar algo menos del 15% del PIB a pensiones públicas, el sistema no solo es viable sino que es viable en términos de calidad”.

Estos grupos de presión, los lobbies, también han hecho lo imposible por mantener fuera de la agenda política la propuesta de financiar las pensiones por otras vías, a través de los presupuestos generales del Estado, como ocurre con otros gastos sociales y en otros países europeos. La otra opción defendida por diversos sectores sociales para asegurar el futuro de las pensiones públicas, es aumentar los salarios o las cotizaciones por parte de las empresas, o abordar la caída de los ingresos del sistema público con políticas redistributivas. Así, quitar derechos el Estado no es ahorrar, es llevar al pueblo a la extrema pobreza.

Lobby de la Asociación Española de la Banca, que quiere dejarnos sin pensiones públicas.