EN POCAS PALABRAS. 15-M RONDA.- Los efectos económicos derivados de la COVID-19 han golpeado con especial virulencia a la juventud española de 16 a 29 años, siendo el colectivo más perjudicado por el parón de la economía.

Como reflejan los datos del informe “Juventud en riesgo”, incluso contando a las personas jóvenes acogidas a un ERTE como empleadas, la tasa de ocupación entre jóvenes ha caído hasta el 33% y se ha producido un aumento de la tasa de paro hasta el 30%. En conclusión, aproximadamente un tercio de la población de entre 16 y 29 años está empleada en la actualidad. El 66% restante, se reparte entre población inactiva (el 52,1%) y población en paro (14,4%).

Estos son algunos de los datos que recoge la segunda entrega del estudio «Juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas del COVID-19 sobre la población joven en España», elaborado por el Instituto de la Juventud (Injuve) y el Consejo de la Juventud de España (CJE) con el objetivo de ofrecer una visión real y ajustada de los efectos económicos y sociales de la pandemia entre las y los jóvenes de nuestro país, fundamentalmente en lo relativo a un mercado laboral juvenil previamente sesgado, precario, eventual y mal remunerado.

A pesar que los datos de empleo en agosto ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, permiten pensar que nos encontramos ante los inicios de la recuperación económica tras el parón derivado del periodo de confinamiento, registrándose en agosto un muy ligero incremento del paro (en 29.780 personas), parejo a un aumento de 6.822 afiliados a la Seguridad Social, sin embargo la incipiente recuperación económica corre el riesgo de dejar atrás, de nuevo, a los jóvenes.

Así, frente a los buenos datos generales de paro y afiliación, este informe recoge, para la población joven, un fuerte descenso de la ocupación en agosto (-14%), un aumento de la tasa de paro (hasta el 30%) y un descenso de la tasa de actividad hasta el 49%.

De manera global, puede afirmarse que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto una destrucción de puestos de trabajo que no se ha distribuido de manera homogénea. Con anterioridad a la crisis económica que ha acarreado la pandemia, ya se advertía que la población joven era uno de los colectivos con mayor precariedad laboral por contar con una mayor temporalidad, unos menores sueldos, una mayor parcialidad, una mayor discontinuidad y un mayor riesgo de sobrecualificación. Son los llamados “puestos de trabajo vulnerables a corto plazo”.

Las personas jóvenes, cuyos empleos son mayoritariamente temporales y precarios, son despedidas (o no renovadas) a bajo coste en épocas de crisis. La crisis actual amenaza con impactar con mayor severidad en aquellos sectores no esenciales y de baja productividad tradicionalmente asociados a la empleabilidad joven con lo que, cuando finalicen los ERTE, la dinámica de despidos asociada a los contratos precarios de las personas jóvenes puede poner en peligro la empleabilidad de más de la mitad de la juventud española.

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), las personas afectadas por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se consideran como ocupadas pues «existe una garantía de reincorporación al puesto de trabajo, una vez finalizado el periodo de suspensión». Otra cuestión es si esta reincorporación se realizará en las mismas condiciones o si el centro de trabajo va a poder seguir abierto tras el período de cobertura de los ERTE.

En momentos de crisis, los sectores de baja productividad, como el sector servicios o la construcción, se desprenden con facilidad y casi sin coste de trabajadores que pueden reemplazar con facilidad cuando se produzca la recuperación económica. Se trata de un fenómeno constatado en la crisis de 2008, tal y como señaló en su momento el propio Banco de España.

Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud de España ha señalado que “las personas jóvenes se encuentran en una situación de emergencia social que exige implementar medidas para no dejar atrás a toda una generación” y reclama al Gobierno que trabaje de manera coordinada con las organizaciones juveniles para adoptar políticas públicas urgentes que mejoren la situación de vulnerabilidad de la juventud.